criminalidad

Semanas atrás la ONU divulgó un informe sobre sus 193 estados miembros el cual identificaba a los países peor puntuados en la lucha contra crimen organizado. Encabezan dicho “ranking” mundial Myanmar (Birmania), Colombia, México, Paraguay y el Congo. Dicho informe fue elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.

Un índice global detectó que en Paraguay hubo un aumento de la criminalidad, ubicando a nuestro país en el cuarto lugar a nivel mundial y en el segundo a nivel sudamericano. Desde la Corte Suprema de Justicia se ratificaron en que están totalmente comprometidos a combatir el crimen organizado, pero insistieron en que no solo es una competencia del Poder Judicial.

En las últimas semanas, han circulado distintas imágenes en internet que muestran a personas robando artículos de tiendas a plena luz del día. Las grabaciones van acompañadas de mensajes que señalan que en California ahora se pueden vandalizar los establecimientos sin consecuencias, “tras la ley que despenaliza la práctica de robos en tiendas por un valor inferior a 400 dólares”.

El 45,9%, casi la mitad, de la actividad económica paraguaya de 2022 se realizó en el sector informal, según el estudio “Economía subterránea: algo tenemos que hacer”, de la organización civil ProDesarrollo, que monitorea el fenómeno desde el 2015. En términos monetarios, el estudio estima que el año pasado se movieron 22.019 millones de dólares en el mercado negro, una cifra exorbitante para el Paraguay, 50% superior a la totalidad del presupuesto público central y descentralizado, seis veces mayor que el total de las recaudaciones tributarias y aduaneras, el doble del valor de todas las exportaciones nacionales. En vez de disminuir, la informalidad creció en relación con el año anterior y prácticamente volvió a alcanzar el pico máximo del peor momento de la pandemia. Por muchos motivos, esta es una muy mala noticia para el país.

El secuestro del sudafricano Daniel Christiaan Bruewer Coetzee ocurrido en Independencia, Guairá, tuvo el peor final, con el hallazgo del cuerpo sin vida del mismo. Este tipo de crimen –independientemente de los que suelen ocurrir con fines político-ideológicos– no se ha venido produciendo desde hace décadas en nuestro país, por lo que puede pensarse que el espectro delictivo se está expandiendo de manera alarmante. En un Estado de derecho, el orden público no es incompatible con la libertad; la seguridad interna no es sinónimo de dictadura. Urge depurar la PN, para que sus miembros estén sujetos a los mandatos de la ley, de modo que no se les ocurra colaborar con el hampa. Y que los fiscales y jueces apliquen las normas legales en beneficio de los ciudadanos y no de los delincuentes.