11 de febrero de 2026

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en un nuevo operativo que realizó el miércoles 4 de febrero último, con funcionarios del Departamento de Gestión de Pérdidas Este y respaldo de Asesoría Legal, intervino un suministro irregular, utilizado para criptominería en Hernandarias.

Según los informes técnicos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el consumo de energía eléctrica en el territorio nacional registró un incremento del 12,5% en comparación con el ejercicio anterior. Esta cifra no es un dato menor, ya que se consolida oficialmente como el segundo aumento más significativo de la última década, siendo superado únicamente por el excepcional repunte del 18,5% observado durante el año 2024.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) emitió un duro comunicado técnico en respuesta a las recientes quejas de la Compañía de Luz y Fuerza S.A. (Clyfsa). La estatal deslindó responsabilidad sobre las interrupciones del servicio eléctrico en Villarrica y señaló directamente a la firma privada por permitir un consumo de energía que excede los límites autorizados, vinculado principalmente a la criptominería.

El juicio oral y público al gerente de la megaempresa criptominera Bitfarms (D&N SA), acusado en una causa por presunta polución sonora en Villarrica, fue suspendido y reprogramado para abril de 2026 debido a la superposición con otro proceso ambiental que involucraba al mismo tribunal y a la misma unidad del Ministerio Público.

Un operativo interinstitucional de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Ministerio Público y la Policía Nacional finalizo con la incautación de 56 equipos procesadores de criptomonedas, que operaban mediante una conexión directa e ilegal a la red de Media Tensión de la ANDE. La intervención se realizó el viernes 12 de diciembre en la Colonia Vista Alegre, en el departamento de Amambay.

El Juzgado Penal de Garantías N.º 2 de San Estanislao condenó a dos personas por la sustracción de electricidad utilizada en una criptominería clandestina y ordenó el comiso judicial de 762 procesadoras, un fallo que sienta un precedente en el país.