16 de julio de 2025
Mientras las justicia da lamentables muestras de impunidad, como haber favorecido recientemente con la libertad ambulatoria al exgobernador cartista de Central, Hugo Javier González, pese a haber sido condenado por un desfalco de G. 5.105 millones en plena pandemia, el diputado colorado disidente Daniel Centurión insistió con su proyecto para elevar penas contra la corrupción, que pondrá a prueba a la “aplanadora del bien común” del presidente Santiago Peña.
El diputado Daniel Centurión (ANR-FR) expresó su desacuerdo con un posible juicio político contra el presidente Santiago Peña, quien ha sido criticado por sus vínculos empresariales con firmas adjudicadas en licitaciones públicas. “El juicio político tiene ser un instrumento constitucional, pero de última ratio”, señaló.
El exdiputado y precandidato a la Intendencia de Asunción, Hugo Ramírez, indicó que los cartistas pese a usar el pañuelo rojo y escuchar la polca Colorado, no tienen la “esencia” del coloradismo porque están alejados de las necesidades del país.
Ante la confirmación del hackeo del gobierno brasileño a autoridades paraguayas de Itaipú, el diputado colorado Daniel Centurión lamentó la ligereza con que el gobierno de Santiago Peña tomó el hecho, acusando incluso de negligente a las autoridades del Poder Ejecutivo.
El diputado Daniel Centurión (ANR, Fuerza Republicana) cree que el cartismo no se esperaba que el expresidente Mario Abdo Benítez solicitara su desafuero para enfrentar la causa en su contra, abierta en base a la denuncia del exmandatario Horacio Cartes. Agregó que a partir de ahora, Cartes se ve forzado a emularlo para aclarar las sospechas que pesan sobre él. Remarcó que el mensaje de Abdo también apunta al exterior.
El diputado colorado disidente Daniel Centurión, con la colaboración del abogado Enrique Wagener, presentó esta mañana un proyecto de ley denominado: “Anti apriete de Nenecho”, que pretende prohibir una práctica que “patentó” el imputado intendente de Asunción, el cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez. Con esta ley, buscan frenar al actual jefe comunal capitalino en su intención de incluir en las “listas negras” por morosidad en la base de datos privadas financieras a quienes adeudan sus impuestos. Sin embargo, el imputado intendente sigue negándose a rendir cuentas sobre el destino de G. 500.000 millones del dinero de los contribuyentes.