daño patrimonial

CIUDAD DEL ESTE. Los concejales de la bancada disidente presentaron una denuncia contra el intendente de Minga Guazú, Diego Amílcar Ríos Llano (YoCreo), por un supuesto daño patrimonial de G. 300 millones en la refacción de una escuela con recursos del Fonacide. La acción también afecta a una proveedora, que había devuelto parte del dinero cobrado por incumplir el contrato.

En el marco de las investigaciones de un posible daño patrimonial de G. 2.173 millones en la INC, la fiscala Natalia Fuster realizó tareas de peritaje en la planta de Vallemí para verificar una “inversión” realizada durante la administración de Ernesto Benítez, expresidente de la estatal.

La capital del segundo departamento, San Pedro del Ycuamandyyú, atraviesa uno de los peores momentos en su historia en materia de administración municipal y la ciudad proyecta una desgastada imagen. El electo intendente, Carlos Quiñónez (colorado cartista), promete “hacer historia”.

La doctrina contemporánea motiva un reconocimiento analítico hacia el ámbito de la tutela de orden fiscal, ante los diversos fraudes tributarios, las grandes quiebras, y un derivado sistémico del alcance patrimonial público. En tal sentido, las disposiciones legales han proclamado una “armonización” del bien jurídico protegido (esencialmente) patrimonialista.

PRESIDENTE FRANCO. La Contraloría General de la República denunció ante el Ministerio Público un intento de millonario daño patrimonial en la Municipalidad franqueña, en una licitación de almuerzo escolar. La denuncia afecta al intendente Roque Godoy (PLRA), a la exintendente interina y actual concejal departamental Julia Ferreira (liberocartista), concejales, evaluadores y a la seccionalera María Fátima Sartorio Vanni, dueña de Fasv Import Export.