18 de junio de 2025
El pedido de intervención de la Municipalidad Tomás Romero Pereira, administrada por el intendente Hernán Rivas (ANR-HC) cumplió el pasado 5 de junio un año en el despacho del ministro del Interior Enrique Riera, y hace más tiempo en manos del contralor general Camilo Benítez, pero aparentemente la constante denuncia de la Junta Municipal parece no importarles y evitan enviar a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
Tras casi seis años de su promulgación y más de un año del gobierno de Santiago Peña, finalmente el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), instalará mañana la Comisión Nacional para el estudio y acompañamiento de las negociaciones de la revisión del Anexo C de Itaipú tras el fuerte reclamo de la senadora Yolanda Paredes (CN).
La Cámara de Senadores estudiará en la sesión ordinaria de la fecha, prevista para las 9:00, el proyecto de ley que endurece los requisitos para ser miembro ante el Consejo de la Magistratura y exige una experiencia mínima de 10 años como abogado a los legisladores miembros del órgano.
El senador Hernán Rivas (ANR, HC) se encuentra procesado por poseer un presunto título universitario falso de abogado. Pese a ese cuestionado diploma, el cartismo le eligió como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y llegó a ser titular de ese órgano extra poder inclusive. O sea, llegó a ser juez de jueces hasta que se vio obligado a renunciar a medida que se acumulaban denuncias y críticas hacia su solvencia profesional.
Furiosos por no tener los votos para retirarle los fueros a Mario Abdo Benítez en abril de 2024, los cartistas y sus satélites violaron la Constitución y repusieron los fueros a Erico Galeano y Hernán Rivas, generando una grave crisis. Ahora que el mismo Abdo Benítez pidió ser desaforado, extrañamente el cartismo parece dubitativo.
Por impunidad o como “garrote”, el cartismo ha impuesto y respaldado a cuestionados legisladores, catedráticos y gremialistas para que les sean serviles tanto en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) como en el Consejo de la Magistratura (CM), donde estos “matones” tenían el poder de elegir, blanquear y castigar a jueces y fiscales en una red de tráfico de influencias. Pese a la caída de Óscar González Daher, el mismo esquema sigue vigente.