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El Poder Ejecutivo finalmente remitió al Legislativo el tan postergado proyecto de ley “que establece medidas para la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público”, comúnmente conocido como Caja Fiscal. Los gremios docentes ya se declararon “en pie de guerra” y seguramente les seguirán los de otros sectores afectados, pero esto era esperable. Aparte de ello, la muy necesaria reforma se enfrenta con otros dos serios obstáculos. El primero es que el Gobierno dejó pasar demasiado tiempo y puede que ahora ya sea demasiado tarde. El segundo es que los miembros de este Congreso no tienen autoridad moral para imponerles a los demás funcionarios públicos sacrificios que ellos mismos no están dispuestos a asumir, de lo cual también es culpable Santiago Peña. Prácticamente todos los especialistas de distintas corrientes –con muy contadas excepciones, sobre todo entre quienes promueven una expansión desmedida del gasto estatal y de la emisión monetaria–, así como agentes económicos, personas informadas, organismos internacionales y calificadoras de riesgo, coinciden en que la reforma de la Caja Fiscal, cuyo déficit casi se duplica cada año en progresión geométrica, es crucial, tanto para darle cierta viabilidad al sistema de jubilaciones y pensiones de los funcionarios como para la misma sostenibilidad de las finanzas públicas.