Para mantener abierto el mercado de la Unión Europea (UE), ante la exigencia del bloque de la “ley antideforestación”, desde el Gobierno se propuso, a inicios del año, la plataforma “Reta”. El MIC informó que la misma avanza, para que inversores verifiquen que la producción nacional cumple con todas las normas ambientales y de trazabilidad requeridas.
La pospuesta aplicación del Reglamento (UE) 1115/2023, relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal (EUDR), podría tener impactos significativos en las economías latinoamericanas y Paraguay no se encuentra exento de los posibles impactos, de acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
NUEVA GERMANIA. El agente fiscal Juan Daniel Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales en San Pedro, lideró un operativo en un inmueble sospechoso de deforestación. Junto con equipos técnicos, realizó el allanamiento y, tras recopilar evidencias, formuló cargos contra un colono menonita. En la misma zona, otro ganadero enfrenta también proceso legal por infringir la ley ambiental. Ambos investigados han afirmado que terceros utilizaban sus tierras para cultivar marihuana y argumentan que realizaron cambios de uso de suelo contando con las licencias ambientales correspondientes.
Ante la confirmación de que la Unión Europea postergará por un año la aplicación del Reglamento 1115, o “Antideforestación”, el presidente de la Federación de Cooperativas de Producción, Ing. Agr. Alfred Fast, habló del camino a seguir.
BRUSELAS. La postergación del reglamento 1115 de la Unión Europea, también conocido como ley “antideforestación”, aún debe pasar el filtro de la Eurocámara. La Comisión Europea había solicitado retrasar la entrada en vigencia de la normativa, hoy los países de la unión otorgaron su respaldo a la propuesta.
BRUSELAS. Los países de la Unión Europea respaldaron hoy la propuesta de la Comisión Europea para retrasar doce meses la aplicación de la ley de la UE para frenar la deforestación ligada al consumo comunitario, de forma que sólo falta la decisión de la Eurocámara para que se haga efectiva.