delincuencia

El último asalto tipo comando con explosivos a la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) en Natalio (Itapúa), cometido el sábado por unos treinta delincuentes que huyeron con un botín de nada menos que cien mil dólares y 300 millones de guaraníes, acaba de demostrar que la delincuencia campea y cada vez más goza de buena salud. En las prisiones, desde donde se encargan fechorías diversas, se introducen armas blancas y de fuego, aparte de teléfonos móviles y estupefacientes, sin que nadie se entere a tiempo: son una zona liberada para planificar y ordenar la comisión de graves hechos punibles mediante el uso de teléfonos móviles, nunca bloqueados pese a los planes oficiales de larga data. No sería raro que allí se enseñen nuevas modalidades delictivas, como las operaciones “tipo comando” para saquear cajeros automáticos, con el uso de vehículos y hasta de fusiles, cuya difusión tendría que ver también con el auge del tráfico de armas hacia el crimen organizado brasileño: algo quedaría en poder de la delincuencia paraguaya, cada vez más violenta y “profesional”.

Es notable cómo en nuestro país somos adictos a repetir nuestros errores, en el ámbito que fuere. Somos incapaces de romper esa inercia en la que estamos atrapados, y que no nos permite despegar. No solamente no podemos despegar y apuntar hacia mejores condiciones y oportunidades, sino que esa inercia nos lleva cada vez más para el fondo.

Ante la ola de violentos y millonarios asaltos que se vienen reportando en el Alto Paraná, el titular del Ministerio del Interior, Enrique Riera Escudero, y la cúpula policial se reunieron con representantes de diversos gremios para buscar una salida al acuciante problema. La visita de los altos mandatarios fue luego de que el gobernador de Alto Paraná, César Torres (ANR-HC), haya declarado emergencia departamental por la inseguridad y luego de que el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, haya liderado una multitudinaria manifestación exigiendo respuesta a la Policía Nacional, al Ministerio Público y el Poder Judicial.

Ciudad del Este ha sido escenario de grandes asaltos y robos, como el de 2017, cuando asaltaron la firma Prosegur y se llevaron casi doce millones de dólares. A principios de este mes, otro grupo de malhechores se robó entre dieciocho y veinte millones de dólares, pertenecientes a trabajadores cambistas, y más recientemente, fueron robados unos 450 millones de guaraníes, en reales, pertenecientes a cambistas encarnacenos. Todo esto, independientemente de la inseguridad permanente que soportan pobladores y turistas. No resulta nada raro, entonces, que esta semana empresarios de la zona hayan solicitado auxilio al Gobierno ante la criminalidad desbordante. Es preciso liberar a esta ciudad de las garras del crimen, para lo cual será imprescindible que la Policía Nacional y los organismos de control sean purgados para que cumplan realmente con sus obligaciones.

En marzo de 2023, el entonces candidato presidencial Santiago Peña se atrevió a afirmar que, si se excluyeran las actuaciones mafiosas en los departamentos de San Pedro, Amambay y Canindeyú, el Paraguay tendría un índice de criminalidad “muy bajo”, como el de los países nórdicos. Prosiguiendo con las buenas noticias, el hoy jefe de Estado afirmó el mes pasado que entre diciembre de 2023 y enero de este año, el índice de inseguridad se redujo en un 75% con relación al mismo periodo anterior: una “caída dramática”, según dijo. Pero los hechos demuestran que no estamos en un país nórdico y que la población vive jaqueada por la delincuencia.