Es sabido que los agentes policiales paraguayos actúan del lado del bien y del mal, tanto que el neologismo “polibandi” ya se ha incorporado al vocabulario nacional. En los últimos días, algunos nuevos hechos pusieron de manifiesto que los delincuentes de uniforme son una lamentable realidad. En Canindeyú, tras haber cerrado la comisaría para salir a vender 286 kilos de droga, cuatro suboficiales fueron detenidos por miembros de la Armada. En Asunción, tres suboficiales armados pertenecientes nada menos que a la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, vestidos de civil, habrían intentado arrancar veinte millones de guaraníes al conductor de un vehículo que detuvieron. En Yby Pytã, también en Canindeyú, un suboficial, buscado por un intento de homicidio al asaltar en banda una estación de servicios, fue muerto a tiros por dos encapuchados en aparente ajuste de cuentas. La ciudadanía espera que el Gobierno aborde con toda decisión la limpieza de la casa infectada, para que no siga pareciéndose a un vulgar aguantadero.
Es notable cómo en nuestro país somos adictos a repetir nuestros errores, en el ámbito que fuere. Somos incapaces de romper esa inercia en la que estamos atrapados, y que no nos permite despegar. No solamente no podemos despegar y apuntar hacia mejores condiciones y oportunidades, sino que esa inercia nos lleva cada vez más para el fondo.
Ante la ola de violentos y millonarios asaltos que se vienen reportando en el Alto Paraná, el titular del Ministerio del Interior, Enrique Riera Escudero, y la cúpula policial se reunieron con representantes de diversos gremios para buscar una salida al acuciante problema. La visita de los altos mandatarios fue luego de que el gobernador de Alto Paraná, César Torres (ANR-HC), haya declarado emergencia departamental por la inseguridad y luego de que el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, haya liderado una multitudinaria manifestación exigiendo respuesta a la Policía Nacional, al Ministerio Público y el Poder Judicial.
Ciudad del Este ha sido escenario de grandes asaltos y robos, como el de 2017, cuando asaltaron la firma Prosegur y se llevaron casi doce millones de dólares. A principios de este mes, otro grupo de malhechores se robó entre dieciocho y veinte millones de dólares, pertenecientes a trabajadores cambistas, y más recientemente, fueron robados unos 450 millones de guaraníes, en reales, pertenecientes a cambistas encarnacenos. Todo esto, independientemente de la inseguridad permanente que soportan pobladores y turistas. No resulta nada raro, entonces, que esta semana empresarios de la zona hayan solicitado auxilio al Gobierno ante la criminalidad desbordante. Es preciso liberar a esta ciudad de las garras del crimen, para lo cual será imprescindible que la Policía Nacional y los organismos de control sean purgados para que cumplan realmente con sus obligaciones.
En marzo de 2023, el entonces candidato presidencial Santiago Peña se atrevió a afirmar que, si se excluyeran las actuaciones mafiosas en los departamentos de San Pedro, Amambay y Canindeyú, el Paraguay tendría un índice de criminalidad “muy bajo”, como el de los países nórdicos. Prosiguiendo con las buenas noticias, el hoy jefe de Estado afirmó el mes pasado que entre diciembre de 2023 y enero de este año, el índice de inseguridad se redujo en un 75% con relación al mismo periodo anterior: una “caída dramática”, según dijo. Pero los hechos demuestran que no estamos en un país nórdico y que la población vive jaqueada por la delincuencia.
No pude encontrar palabras más contundentes que esta frase en guaraní para referirme a la terrorífica situación de inseguridad que venimos padeciendo en el Alto Paraná. El 2023 fue un año caracterizado por la inseguridad para los pobladores de esta zona del país y en lo que va de este año la situación es igual o peor. Los robos y asaltos no dan tregua desde hace mucho tiempo.