Funcionarios del Centro de Salud de Emboscada denunciaron que, por hacer públicos los problemas que enfrentan en el local sanitario, a varios trabajadores se les descontó parte del salario sin explicación. Señalaron que esto ya ocurrió el mes pasado cuando presentaron sus quejas y temen que la situación se repita a finales de marzo. Calificaron el hecho como una persecución exagerada.
Senadores de la bancada democrática enviaron una nota al presidente de la Permanente del Congreso para solicitarle que convoque a autoridades militares a fin de que brinden explicaciones sobre las presuntas irregularidades en el proceso de selección de mujeres postulantes al Instituto Técnico Superior de Sanidad Militar. Denunciantes hablan de cupos por sexo en detrimento de idoneidad y exámenes filtrados.
Los propietarios de una construcción que se lleva a cabo en el barrio Mburucuyá de Asunción acusan al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, de hostigar hasta paralizar la obra que está pegada a su propiedad. Mediante una orden judicial los trabajos fueron cesados en el sitio, según denuncian, de manera arbitraria.
Raúl Coronel denunció una pésima atención en el Hospital General de Luque tras acudir de urgencias con cólico y sangrado. Luego de esperar por horas y recibir trato inadecuado, el periodista presentó una queja formal. Tras ser contactado por el Viceministerio de Salud, volvió al hospital y finalmente fue atendido adecuadamente, aunque lamentó la mala experiencia y pidió mejoras en el trato hacia los pacientes.
El diputado cartista Leonardo Saiz dio su versión sobre la denuncia por presunto tráfico de influencias que fue presentada en su contra por parte de una firma agropecuaria, cuyo abogado detalla que el legislador “recorre el país” mientras supuestamente utiliza su poder para maniobras judiciales. “Yo no tengo nada que ver”, aseguró. Por su parte, un abogado mencionado en la denuncia también dio su versión.
El diputado Orlando Arévalo y su esposa, la concejal Carolina González, fueron denunciados por una constructora que alega que la pareja utilizó su influencia en la Fiscalía para evitar pagar una millonaria deuda por la construcción de su lujosa vivienda. Entre las exigencias de los políticos estaba un “inodoro inteligente” valorado en G. 13 millones y modificaciones en la entrada para la casa “glamurosa”. La empresa asegura que fueron amenazados y presionados para desistir del cobro, mientras que Arévalo exigía una indemnización en su favor.