30 de noviembre de 2024
La fiscala Liliana Alcaraz, en mayo del año pasado, archivó la denuncia de un presunto perjuicio de casi un millón de dólares a la Defensoría del Pueblo, mediante el pago irregular de millonarias indemnizaciones a supuestas víctimas de la dictadura que utilizaron documentos no auténticos. La determinación de la agente del Ministerio Público permitió la prescripción de por lo menos 22 de los 26 casos que fueron denunciados. La causa se busca reimpulsar mediante la reasignación de nuevos fiscales.