18 de junio de 2025
La Cámara de Apelaciones ratificó la resolución del juzgado de Garantías que hizo lugar al pedido del Ministerio Público y desestimó la denuncia por presuntas irregularidades en el operativo fiscal policial donde murió el entonces diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes. El fatal procedimiento ocurrió en la madrugada del 19 de agosto de 2024 en la vivienda del exlegislador, ubicada en Pedro Juan Caballero.
El caso de la denuncia por la caída de un ventilador sobre un niño en plena clase del colegio San Cristóbal quedó desestimado por un Juzgado. Un fiscal había hecho el requerimiento luego de no hallar un hecho punible.
A pedido del Ministerio Público, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia desestimó la denuncia que pesa en contra de José Luis Torales, expresidente del Partido Encuentro Nacional y asesor de la destituida senadora Kattya González. Misma decisión se dio para María Soledad Blanco Agüero. Esta denuncia fue utilizada por el cartismo y sus aliados como argumento para destituir a la senadora González de la Cámara Alta.
El juez Humberto Otazú se opuso al pedido de la Fiscalía de desestimar la denuncia en contra del ex vicepresidente de la República Hugo Adalberto Velázquez Moreno y el funcionario Juan Carlos Duarte, declarados como “significativamente corruptos” por EE.UU., por el supuesto hecho punible de soborno. Ahora el Ministerio Público debe rectificar o ratificar su pedido.
El juez penal de garantías Matías Garcete desestimó una denuncia presentada contra el expresidente del Club Olimpia Marco Trovatto por supuesta lesión de confianza. El magistrado concluyó que el supuesto hecho punible denunciado no existió y, en consecuencia, hizo lugar a la solicitud de desestimación planteada por el Ministerio Público.
Por pedido de la Fiscalía, el juzgado penal de garantías ratificó la desestimación de una denuncia penal por “atentado contra el orden constitucional”, promovida contra el ministro de la Justicia Electoral, Jaime José Bestard Duschek, por un supuesto delito que habría cometido en las elecciones generales del 30 de abril pasado. La Fiscalía argumentó que la denuncia no tiene los elementos para constituir algún delito electoral.