18 de marzo de 2026

Expertos coinciden que la mejora en la calificación de riesgo por parte de Fitch está muy cercana, lo que daría paso al tercer grado de inversión, pero advierten que las tensiones con las proveedoras (constructoras y farmacéuticas) por atrasos en los pagos generan ruido.


En el escenario macroeconómico latinoamericano, la relación de los países con el Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica en 2026. De acuerdo con Bloomberg en Línea, Argentina lidera el ranking de países más endeudados con el organismo en América Latina y el Caribe (ALC), seguida por Ecuador y Costa Rica, en un contexto donde los desafíos fiscales y externos siguen marcando el ritmo de la región.

El presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi, dijo que el mecanismo de factoraje, con garantía soberana, que prevé aplicar el Gobierno para pagar su deuda con las constructoras, podrá dar liquidez a las empresas para salvar sus compromisos, pero advirtió que deben ejecutarse las obras conforme a la disponibilidad presupuestaria. Esto para evitar un mayor endeudamiento del sector, por lo que instó a que se licite lo que puede pagarse.

Los gremios Capaco y Cavialpa se reunieron ayer con autoridades del Ejecutivo para analizar la deuda de unos US$ 360 millones con las empresas del sector. Confirmaron que el Gobierno prevé aplicar el factoraje, mediante el cual las empresas podrán acceder a US$ 150 millones cediendo una parte de las deudas pendientes a los bancos, pero esta vez con garantía soberana. El Gobierno anterior de Mario Abdo Benítez ya había recurrido a una estrategia similar para evitar la paralización de las obras.

Pese a los reportes de que el sector de la construcción inició el 2026 con el mayor nivel de optimismo empresarial, Capaco advierte que el atraso en los pagos por las obras en ejecución, que ronda los US$ 360 millones, mantiene a las empresas al borde del quiebre. El Gobierno, en tanto, busca este año ajustarse al límite de déficit establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, en un contexto de restricción presupuestaria y baja ejecución.
El asesor jurídico de la Essap, César González, respondió al pedido de quiebra presentado por un abogado del ámbito privado, contra la empresa estatal, por un caso de deuda que data del 2004. Aseguró que la entidad no está en situación de quiebra. Explicó los pasos a seguir a partir de la confirmación de la existencia del documento en un Juzgado de Asunción.