4 de febrero de 2026
El asesor jurídico de la Essap, César González, respondió al pedido de quiebra presentado por un abogado del ámbito privado, contra la empresa estatal, por un caso de deuda que data del 2004. Aseguró que la entidad no está en situación de quiebra. Explicó los pasos a seguir a partir de la confirmación de la existencia del documento en un Juzgado de Asunción.

Dos gremios advirtieron, una vez más, el impacto de los retrasos en los pagos del Gobierno. La industria farmacéutica y de la construcción alertan sobre el alto nivel que alcanzó la morosidad estatal, hecho que dificulta la ejecución de obras y la provisión de insumos médicos. Las deudas al Ministerio de Salud, IPS y contratistas de obras públicas superan ya los US$ 1.300 millones.


La Capaco advirtió que la deuda del Estado dejó a varias empresas “en el límite” y sin capacidad de sostener sus operaciones. En un conversatorio, el economista César Barreto instó al Gobierno a reconocer la magnitud del problema y adoptar una solución urgente, ante el riesgo de que más constructoras caigan en una quiebra virtual. Por su parte, el gremio cuestionó que Gobierno de Peña repite lo que tanto criticó, al licitar obras sin contar con los fondos necesarios, situación que aumenta la presión financiera sobre las empresas.

La deuda mundial continuó su escalada en 2025, impulsada por un nuevo aumento del endeudamiento tanto en economías desarrolladas como emergentes, de acuerdo con el más reciente estudio del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés) publicado por Bloomberg. Para finales del tercer trimestre del año, el monto total de los compromisos financieros -sumando gobiernos, empresas, hogares y sector financiero- llegó a US$ 345,7 billones, lo que representa cerca del 310% del Producto Interno Bruto (PIB) global.

Jorge Benega, perito del Ministerio de Público, dictaminó que las firmas son falsas en una supuesta deuda de G. 2.021 millones, que desde junio de 2023, reclama judicialmente Ueno Bank, propiedad de los exsocios de Santiago Peña, a representantes de la Concentración Frente Guasu. El dinero fue para solventar la campaña de las elecciones del 2018. Abogados de los denunciados presentaron una acción por los presuntos hechos punibles contra la prueba documental (producción de documentos no auténticos).