deuda

Con su desparpajo habitual, el intendente asunceno, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), quiere seguir endeudando a la Municipalidad que desgobierna, tras haber informado a la Bolsa de Valores de Asunción SA que el pago de los bonos que habría malversado tendrá un retraso de veinte a treinta días corridos a partir del 27 de mayo, con el consecuente pago adicional de los intereses moratorios. En efecto, pese a esta situación a todas luces calamitosa, el imputado por lesión de confianza y asociación criminal en el caso de los “detergentes de oro” pretende pedir ahora un préstamo de 35 millones de dólares. Si fuera aprobado por los concejales, el nuevo endeudamiento se sumará al débito que en febrero llegaba a 242 millones de dólares, con lo que la aguda crisis financiera se ahondará aún más. Lo ingresado serviría para financiar gastos corrientes, es decir, un “déficit temporal de caja” que, en realidad, ya tiene un carácter permanente.

La crisis de los jubilados municipales se agrava con el correr del tiempo por la falta de pago, que ya dejó a más de uno sin posibilidad de proveer el sustento diario a su familia. El titular del gremio asegura que la solución depende del municipio capitalino.

Durante años ha persistido la idea de que las reglas fiscales obstaculizan la inversión pública al imponer límites que obligan a los gobiernos a recortar el gasto en algunos sectores, como en infraestructura. Sin embargo, nuevos estudios y evidencia empírica desvirtúan esa percepción. Lejos de frenar el desarrollo, cumplir con estas reglas puede fortalecer la capacidad de los países para sostener y ampliar su inversión pública a largo plazo, refiere un documento reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La deuda por intereses con contratistas del Estado, que ascendía a unos US$ 100 millones, se reduciría a cerca de US$ 50 millones tras la imposición de un tope del 9% a las tasas por parte del Gobierno, según confirmó la Capaco. La definición de los pagos está en manos de la Procuraduría, mientras que desde el gremio de la construcción confían en que los desembolsos se concreten en mayo, en un contexto de incipiente recuperación del sector tras varios años de crisis.

El gobierno argentino fijó unilateralmente una tarifa equivalente a apenas 10,25 dólares el megavatio/hora para las hidroeléctricas de Salto Grande, compartida con Uruguay, y de Yacyretá, compartida con Paraguay. Aunque aquí lo quisieron hacer pasar como una decisión interna que atañe exclusivamente al vecino país, lo que se desprende de la medida es que Argentina solo está dispuesta a “pagar” (entre comillas, porque tampoco paga, o lo hace a cuentagotas) hasta ese monto por retirar energía de la central “binacional”. El problema es que ello no alcanza ni para cubrir la mitad del costo de producción de la entidad, mucho menos si se incluyen las cargas financieras, lo cual viola el Tratado. Si nadie pone la diferencia, y no hay ningún indicio de que así sea, se viene una nueva ola de deuda espuria y se compromete aún más gravemente, si cabe, la sostenibilidad del problemático emprendimiento.