18 de julio de 2025
El Museo de las Memorias de Asunción, que denuncia el sistema represivo del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989), recuerda a las miles de víctimas que sufrieron por el terrorismo de Estado en Paraguay y educa cada año a alrededor de 2.000 personas sobre el valor del respeto a los derechos humanos.
Ni bien el país termina de digerir el escándalo suscitado por la presunta compra irregular de pupitres a través de un llamado a licitación con tufo a corrupción por parte de Itaipú Binacional, favoreciendo a una empresa china vinculada al vicepresidente de la República Pedro Alliana, con fuertes indicios de precios sobrefacturados y adjudicaciones direccionadas, según la denuncia realizada ante el Ministerio Público, ahora el pueblo paraguayo enfrenta un nuevo bochorno, que probablemente constituya un camino sin retorno hacia la implantación de una dictadura bajo el viejo y trillado argumento de la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado. Recientemente se ha dado a conocer un “concurso de precios” bajo la cortina de “proceso licitatorio” por parte de Itaipú, de la compra de equipos de “escuchas telefónicas” para la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), sin embargo, los requisitos plasmados en el pliego de bases y condiciones direcciona a una empresa vinculada al presidente Santiago Peña.
Como en épocas de la dictadura de Alfredo Stroessner, la Policía denunció por “perturbación a la paz pública” y “resistencia” a legisladores y referentes de la oposición que el lunes intentaron realizar un acto conmemorativo a Rodrigo Quintana frente al Palacio de Justicia. Los uniformados impidieron el acto a la fuerza. La Fiscalía -laxa con negociados- fue rauda en abrir investigación penal.
La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) repudió que legisladores y políticos opositores estén investigados penalmente por supuesta “perturbación a la paz pública”, en base a una denuncia de la Policía que provocó forcejeos el pasado lunes al impedir un acto simbólico frente al Palacio de Justicia en memoria de Rodrigo Quintana. Dijo que “ni Alfredo Stroessner se animó a tanto” y que solo falta restaurar las “Caperucitas Rojas”, como se llamaba en la dictadura a los vehículos que usaba la Policía a la hora de capturar presos políticos.
La Fiscalía General del Estado, a cargo de Emiliano Rolón, abrió una investigación penal contra legisladores y políticos opositores que intentaron realizar un acto simbólico frente al Palacio de Justicia en memoria del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, asesinado por la Policía del Gobierno de Horacio Cartes en la madrugada del 1 de abril de 2017. La policía impidió el acto y generó forcejeos, y ahora denunció a los opositores por “perturbación a la paz pública”, despertando así nefastos recuerdos de la dictadura de Alfredo Stroessner y su infame “Ley 209″.
Con la apertura de una investigación penal por parte de la Fiscalía contra legisladores y políticos opositores, en base a una denuncia de la Policía, por el simple hecho de querer realizar un acto en memoria de Rodrigo Quintana frente al Palacio de Justicia, “están reviviendo la Ley 209 de la dictadura”, afirmó el diputado Raúl Benítez (Independiente). Repudió también que aplique la práctica de “para los amigos todo y para los enemigos, garrote”.