DIMABEL

El director del Mercado 4, Juan Villalba, informó que se reunieron hoy con importadores de pirotecnia y vendedores del Mercado 4 en la Dimabel. Prometen que todos estarán capacitados y cumplirán con los requisitos. Se busca que no haya “sorpresas” como focos de incendios.

El vicesargento primero Diego Záracho Núñez afrontará juicio oral, según dispuso la jueza penal de garantías Rosarito Montanía, tras admitir la acusación y el pedido del fiscal Lorenzo Lezcano, en una audiencia preliminar. El militar fue detenido en marzo, en la ciudad de Ñemby cuando supuestamente intentaba vender 1.052 proyectiles calibre 5.56, con sellos de la Dimabel, donde estaba comisionado.

La tenencia y portación de armas se tornó nuevamente un tema de debate, luego de que la Policía allanara la propiedad de Carlos Colmán Arce, quien asesinó a su hija de 3 años, hirió a su hijo de 9 y a su esposa. Allí hallaron un arsenal que contaba con documentación en regla. Ahora, autoridades alegan tecnicismos para “despegarse” del caso.

La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que plantea el aumento de penas para casos de sicariato. Con las correcciones y eliminaciones de varios artículos, se logra evitar que la ley termine favoreciendo al autor del crimen.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dijo varias veces que la mafia ha permeado las instituciones. Su alarmante afirmación, que hasta hoy no ha generado la condigna depuración del aparato estatal, acaba de ser corroborada de nuevo por el reciente hallazgo de veintisiete proyectiles en una casa allanada en Pedro Juan Caballero: tenían la inscripción “Dimabel”, que identifica a la Dirección de Material Bélico, parte integrante del Comando de las Fuerzas Militares, dependiente del Ministerio de Defensa. Dos días antes, en el allanamiento del domicilio que perteneció al capo Sergio de Arruda Quintiliano Neto (Minotauro), se habían encontrado no solo municiones, sino también dos fusiles que llevaban el sello de esa Dirección. No fueron descubrimientos extraordinarios, pues con ellos son cinco los realizados en menos de un año y solo en la capital del Amambay, en los que el Estado aparece como “proveedor” de armas largas o de balas halladas en una vivienda o en la escena de un crimen, como aquel del que fueron víctimas mortales la hija del gobernador Ronald Acevedo (“Las balas del Estado mataron a mi hija”) y otros tres jóvenes. Sería extenso el listado de hechos similares ocurridos en los últimos años en todo el país.