dinero público

El ambicioso programa Hambre Cero, del que tanto se enorgullece el Gobierno cartista de Santiago Peña, está resultando todo un fiasco, según lo ha confirmado la misma Contraloría General de la República (CGR) en un contundente informe que entregó al Congreso, tras visitar 300 centros educativos de todo el país entre noviembre de 2024 y marzo de este año: entre otras carencias, el almuerzo escolar no alcanza para todos los alumnos y está incompleto, quienes lo reciben deben usar los pupitres como mesadas y faltan cucharones para servirlo, así como heladeras para conservar los ingredientes, piletas para lavar los utensilios, basureros para los residuos, cocineros y personal de limpieza.

Definitivamente el 2025 arrancó como un año cargado de nuevas sorpresas, si bien en el 2024 nuestros glotones legisladores se llevaron el “premio mayor” acumulando bochornos y desvergonzadas actuaciones. Este año que se inicia ha sido Santiago Peña el protagonista de papelones diplomáticos, aparente mal uso del dinero público y una grave confirmación realizada por el dirigente colorado David Heyn, quien en una entrevista aseguró que aproximadamente 50 seccionaleros de Asunción y Central habían recibido la suma de G. 5.000.000 dentro de un termo como regalo de Navidad. “Fue un regalo de la Presidencia de la República, del Presidente y de la dirigencia colorada. El Presidente entregó dentro del hoppie” manifestó Heyn, al tiempo de expresar que antes de este suceso se realizaron otras “entregas”, totalizando G. 21.000.000 entre setiembre y diciembre del 2024.

El tema que saltó al tapete esta semana, el del diputado itapuense Christian Brunaga (ANR HC) y sus “asesoras vip”, ya no sorprende a nadie. No es el único, ni será el último de los ñembo “representantes del pueblo” que se valen de su posición en el tablero político para, sin una pizca de vergüenza, aprovecharse de los recursos del Estado, es decir, de todos nosotros. En nuestro país, como en muchos otros, se ha instalado un modelo perverso que desnaturaliza el concepto de democracia y los fines de la política, y los convierte en herramientas para beneficio propio, bajo un ropaje de legalidad. Una “legalidad” desprovista de toda ética.

Los notorios vicios del aparato estatal tienen mucho que ver con la persistencia en nuestra cultura político-administrativa de prácticas que responden al aforismo colonial “La ley se acata, pero no se cumple”. Esto también se observa en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyos funcionarios se rigen por la Ley N° 6935/22, del Servicio Diplomático y Consular y del Administrativo y Técnico de la Cancillería. Cabe recordarlo dada la repentina aparición pública, como una suerte de asesor mau, del ciudadano argentino Andrés Rivas, ligado al poder político desde 2017 y a las relaciones exteriores del Paraguay desde 2024, cuando asistió como invitado especial a la reapertura de la embajada en Israel, junto con Santiago Peña y el canciller Rubén Ramírez. Y últimamente en el marco del bochornoso viaje oficial a Washington, aparece como asesor de este último en una reunión con el diputado estadounidense Mario Díaz-Balart y en otra con el Consejo de las Américas, la Fundación Heritage y el Instituto Republicano Internacional.

Develado en marzo de 2024 por este diario, lo que aparenta ser el mayor desvío de fondos públicos de nuestra historia, consistente en la desaparición –hasta ahora– de lo recaudado mediante bonos emitidos para construir obras municipales de infraestructura en la capital del país, sigue sin ser esclarecido en cuanto al destino final unos 500.000 millones de guaraníes, sobre todo a causa del silencio del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) y a la complicidad de la gran mayoría de los concejales. Sin duda alguna, la serie de escándalos que se suceden, ya sea en la Municipalidad como en otros ámbitos del sector público, va relegando en el olvido a los más antiguos, lo que beneficia a los sinvergüenzas.