5 de octubre de 2025
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) le dio su respaldo al MEC en la licitación de impresión de libros, en la que la cartera terminará pagando US$ 1 millón más tras adjudicar a las ofertas más caras. Rechazó la impugnación contra el llamado, levantó la suspensión que pesaba sobre este y no se expidió acerca de criterios insólitos de evaluación.
Ante los cuestionamientos hacia la licitación para impresión de materiales educativos, que se encuentra con impugnación y con suspensión temporal, el MEC ahora responsabiliza a los oferentes. En lugar de responder los puntos criticados con argumentos técnicos, trata de instalar que la culpa es de los oferentes, porque ellos no protestaron contra el PBC.
El titular del MEC, Luis Ramírez, dijo ayer a ABC Cardinal que no consideraron el parámetro de “precio bajo” en la licitación de impresión de libros como el factor principal, debido a que hay “multiplicidad de criterios”. Citó la “responsabilidad social”, así como “experiencia en programas como voluntariado, donaciones, apoyo a instituciones de beneficencia, cooperación, trabajo en contexto con el medio ambiente” (sic). Así, el ministro trató de defender el cuestionado llamado, en el adjudicó a las ofertas más caras y el Estado –los contribuyentes- terminarán pagando US$ 1 millón más.
La DNCP inhabilitó por tres meses al Consorcio Arapoty, Superkva Transformadores SA y a Dionisio Amarilla Guirland por incumplimiento y mala fe ante la falta de pago a la ANDE de G. 4.852 millones. Lo llamativo es que esta sanción llegó luego de que otra empresa cercana al senador liberocartista cobrara G. 8.367 millones, la totalidad de otro acuerdo con la distribuidora estatal de energía eléctrica.
El director de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, recordó que la ley excluye el control de la institución en las compras realizadas con préstamos o donaciones de organismos internacionales y gobiernos extranjeros. El tema vuelve a debate tras el escándalo en el Senado por el audio de “Yamy Nal” y “Chaqueñito” por presunta distribución irregular de fondos de Taiwán.
El ministro de Educación, Luis Ramírez, explicó los motivos por los cuales se decidió implementar este año un nuevo sistema de evaluación de las ofertas presentadas por empresas postulantes para la licitación del servicio de impresión de textos educativos para el próximo año. El proceso licitatorio está suspendido ante protestas que afirman que los criterios del nuevo sistema favorecen solo a las empresas de mayor envergadura.