Desde la cartera de Obras no informan sobre la fiscalización de las obras de alcantarillados sanitarios en cuatro distritos del país adjudicada al Consorcio ELC CYD. El representante del grupo empresarial beneficiado para fiscalizar es suegro del funcionario del MOPC que administra el contrato de la obra a ser verificada. La adjudicación por la fiscalización es por G. 19.099 millones y la construcción por G. 358.937 millones.
La DNCP, dirigida por Agustín Encina, sigue sin investigar el cuestionado contrato de Petropar con la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, a pesar de los incumplimientos en los plazos de entrega del gasoil por parte de dicha firma. Además, la petrolera pública ya está acelerando otra compra similar, que al parecer Contrataciones Públicas tampoco ha observado.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) investiga otra denuncia presentada contra la empresa unipersonal Astelev, de Simón Recalde, por la supuesta presentación de certificados supuestamente falsos en otra millonaria licitación, esta vez del Ministerio del Interior. La citada compañía ya enfrenta una pesquisa similar por un contrato adjudicado por el Congreso Nacional, cuyo presidente es Basilio “Bachi” Núñez.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a cargo del cartista Carlos Giménez, está en plena licitación para servicio de catering durante el 2025. La convocatoria es por un monto estimado de G. 400 millones, según la publicación en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) avanza en la investigación del contrato firmado por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, para la provisión e instalación de ascensores en la sede del Poder Legislativo. Según la denuncia recepcionada por la institución rectora de compras públicas, la empresa Astelev, de Simón Recalde, habría falsificado documentos para quedarse con el contrato por casi G. 2.570 millones.
Una conocida proveedora de almuerzo escolar pugna por otro millonario contrato con el Estado. Se trata de Distribuidora del Paraguay, de Rosa Mabel Capli, que busca quedarse con un acuerdo por más G. 16.500 millones para la provisión de alimentos y cestas básicas al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. La empresa había sido multada en el marco del programa Hambre Cero.