8 de enero de 2026

Empresas proveedoras del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social denuncian atrasos prolongados en el pago de obras y servicios ya ejecutados, con deudas que se acumulan desde hace años y que derivaron en el paro de obras en hospitales públicos. El reclamo advierte sobre el impacto en miles de familias.

El Instituto de Previsión Social (IPS), presidido por Jorge Magno Brítez, viene enfrentando un 2025 marcado por fuertes cuestionamientos a sus procesos de compra. De un total de 149 llamados publicados por IPS entre enero y lo que va de noviembre, 72 fueron cuestionados durante las consultas y protestas. Estos casos reflejan el 76,76% del monto total presupuestado, alcanzando 2.971 millones de guaraníes (más de US$ 419 millones).

Hermann Weisensee, asesor jurídico del ministro de Educación, Luis Ramírez, fue apuntado en varias ocasiones por supuestamente intervenir en licitaciones del MEC, como el caso de un llamado para impresiones de libros. El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA) aseguró que el consejero sería el “cajero” de la cartera educativa. En un vídeo difundido por el Ministerio, el acusado negó su intervención en las compras.

El Instituto de Previsión Social (IPS) avanza en una licitación para servicio de lavandería con provisión de sábanas por G. 160.000 millones (23 millones de dólares), tras el rechazo de una protesta que cuestionaba obstáculos en el pliego. Mañana abren sobres de ofertas.

Otros dos procesos del IPS para compra de alimentos, por un monto global de G. 36.360 millones (alrededor de US$ 5,1 millones), fueron suspendidos por Contrataciones Públicas. En ambos casos también figuran requisitos sugestivos en el pliego de bases y condiciones (PBC), como la obligatoriedad de ser elaborador de dulces y turrones, pese a que estos productos no aparecen en los proyectos de menús para los pacientes y funcionarios de la previsional. Se sospecha el direccionamiento hacia empresas proveedoras del programa Hambre Cero.

Contrataciones Públicas ordenó la suspensión del llamado para el alquiler de máquinas de votación impulsada por el TSJE y estimada en US$ 34,1 millones. Protestas presentadas acusan de un presunto diseño del pliego de bases y condiciones destinado a favorecer al Consorcio Comitia-MSA, ligado al entorno de Santiago Peña.