Editorial

Hubo una reunión entre senadores, diputados y administradores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo y quedó claro que, salvo excepciones muy puntuales, no existe voluntad en ninguna de las corrientes políticas de desprenderse de privilegios. Por todos los medios intentaron justificar lo injustificable, falsamente afirmaron que la caja “goza de buena salud” y coincidieron en la burda excusa de tomarse tiempo para hacer una reforma supuestamente integral cuando, a lo sumo, solo se muestran dispuestos a consentir pequeños retoques sin cambiar lo principal. Es fundamental e imperioso eliminar los privilegios de la Caja Parlamentaria y equiparar sus beneficios a los de todo el resto de la población porque los congresistas no pueden pretender legislar sobre las jubilaciones de los demás funcionarios públicos sin empezar por casa. Si no lo hacen, el crucial proyecto de reforma de la Caja Fiscal va rumbo al fracaso.

Una foto reciente, que muestra a un hombre y a una mujer durmiendo en el piso del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), hasta que les llegue el turno de ser atendidos, ilustra el trato humillante que sufren los asegurados, porque “no hay turno, no hay disponibilidad, no hay médicos”, según les dicen. Entre otras carencias, también faltan medicamentos, camas de terapia intensiva y equipos que funcionen, sin que se inmuten el presidente de la entidad Jorge Brítez ni los miembros del Consejo de Administración. Estos señores -muy bien remunerados- no dan la cara, como si no tuvieran que dar explicaciones por las “muertes evitables” ni por los desembolsos adicionales que las víctimas del maltrato deben realizar para suplir las terribles carencias del IPS. Se diría que les resulta indiferente el drama cotidiano de los asegurados, quizá porque ninguno de ellos ni sus familiares se ven forzados a recurrir a los servicios de la entidad que tan mal administran.

Como cada año, cuando febrero toca la puerta, trae consigo una valija de historia y recuerdos, y la noche que rompió cadenas y encendió esperanzas vuelve a ser protagonista. Hace treinta y siete años, en la madrugada del 2 y el 3 de febrero de 1989, el país se encontraba en camino de de una transformación profunda y a punto de abrazar la añorada democracia. Lo que ocurrió en esas horas tensas no fue solo un golpe militar, sino una ruptura decisiva en el alma de la nación, el fin de la dictadura más longeva de América Latina, aunque hoy en día muchos quieres disfrazar al dictador de “presidente constitucional”. Esta barbaridad es reivindicada hoy hasta por algunos personajes del propio Gobierno.

Impecable el comunicado de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas sobre la reforma de la Caja Fiscal, máxime cuando se trata de un sector que integra a la verdadera amplia mayoría trabajadora del país y, por ende, el que soporta proporcionalmente el mayor peso del financiamiento estatal. La Fedemipymes reclama nada más y nada menos que lo justo: que la reforma garantice la sostenibilidad del sistema, de modo a no cargar el déficit sobre las espaldas de la población, y que se equiparen los parámetros jubilatorios del sector público a los del sector privado, para que no haya en el Paraguay ciudadanos de primera y de segunda. La entidad tiene toda la razón: hay una sola reforma admisible, la que ponga en pie de igualdad a toda la fuerza laboral, pública y privada, y se asegure de que ningún sector se beneficie con privilegios a costilla de los demás.

El último 28 de enero, y al cabo de tres días de internación, el asegurado Braulio Vázquez, sonidista de un canal de televisión, falleció en el Hospital Central del IPS porque los equipos necesarios para un cateterismo cardiaco de urgencia estaban fuera de servicio debido a desperfectos. Como el nosocomio no contaba con insumos para el tratamiento, los familiares del paciente habían tenido que comprarlos por valor de unos once millones de guaraníes. Entretanto, los familiares de otro asegurado, Hermenegildo Ríos, que también requiere un cateterismo cardiaco, están muy angustiados. Le dijeron que “la máquina no funciona desde hace tres días”, pero la espera ya dura más de veinte, según su esposa. De este modo, resulta que una internación en el ente previsional puede suponer un riesgo mortal. Una muerte que no fue evitada debido a la falta de mantenimiento de equipos médicos, podría implicar una negligencia culposa.