17 de noviembre de 2025
La defensa ante cualquier insulto, agresión o ataque no solo a la soberanía nacional sino a la dignidad del pueblo, cuando el poder desmedido del mandamás de turno amenaza contra ella, no depende de la fuerza física, sino del valor, la unidad y el coraje del pueblo, y ese coraje, por más que esos mandamases intenten minimizarlo, fue demostrado el domingo pasado en Ciudad del Este, con una aplastante y contundente victoria ante el cartismo, pese a que en esa “guerra electoral” se había descargado toda la “artillería”, en su mayoría, movida a turbinas. La falta de transparencia por parte del Gobierno es solo la punta del iceberg de lo que empezó a tejerse el 15 de agosto de 2023. Por más esfuerzo que haga el cartismo a través de leyes que van de contramano a la transparencia, hay cosas que no se pueden ocultar, y al Gobierno de Santiago Peña, con sus berrinches, se le están acabando las excusas para dar respuestas a la ciudadanía.
El Gobierno de Santiago Peña había acusado a su antecesor de esconder bajo la alfombra deudas con proveedores y contratistas del Estado con el fin de maquillar el déficit fiscal y hacerlo aparecer menor del que realmente era. Con ese argumento, solicitó al Congreso una fuerte ampliación del Presupuesto 2023, con un endeudamiento extra de 600 millones de dólares ese mismo año, supuestamente para ponerse al día, y una recalendarización del cronograma de convergencia del déficit, para “patear” a 2026 el retorno al tope legal del 1,5% del PIB. Dos años después, no estamos en la misma, sino peor. Ahora no se deben 600, sino 1.000 millones de dólares a proveedores y contratistas, con varios agravantes.
La aparente agenda de secretismo del Gobierno actual que desde el primer día asomaba sus narices con la mutilación de la Ley de conflicto de intereses, ayer mostró los colmillos con la sanción en la Cámara de Senadores de la “Ley de Protección de Datos Personales” que ahora pasa a manos del presidente Santiago Peña para que ponga las cosas en su lugar o termine de bajar el telón a la transparencia en la obtención de información de interés público. Esta ley, si bien en su versión original fue un proyecto trabajado por organizaciones de la sociedad civil buscando evitar arbitrariedades en el manejo de información sensible por parte de empresas privadas o entes estatales, luego se convirtió en el caballo de Troya de los enemigos de la transparencia y la rendición de cuentas para limitar a la ciudadanía en la obtención de datos de interés público.
El desgarrador testimonio de la docente Liz Prieto ilustra el calvario de las dos mil víctimas de la “mafia de los pagarés”: un préstamo de un millón de guaraníes, pedido en 2016 para comprar un microondas, se convirtió en una deuda de tres mil millones, que hoy se le reclama por la vía judicial y por la que ya pagó setenta y ocho millones. Por de pronto, entre los 67 acusados por el Ministerio Público en esta horrenda historia, pues habrían prevaricado y producido documentos de contenido falso, entre otros hechos punibles, figuran jueces de paz, ujieres, actuarios, oficiales de justicia y abogados. Si se ha llegado a los extremos mencionados es porque hay mucha podredumbre en el Poder Judicial: la pregunta es hasta cuándo no pocos de sus miembros seguirán victimizando a la gente desde sus despachos.
El reciente rechazo de la recusación planteada por el Senado contra dos miembros de la Sala Constitucional ampliada, en el marco de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la exsenadora Kattya González, contra la resolución del Congreso que en febrero de 2024 decidió expulsarla arbitrariamente de su banca, demuestra no solo el desinterés del máximo tribunal para resolver una cuestión trascendental para la democracia, sino que la mora judicial se enseñorea cada vez más de la casa de “Astrea”, convirtiendo el ideal de justicia en una verdadera utopía. No se puede dejar de lado la gran importancia que tiene este caso para la ciudadanía. Estamos en una coyuntura que confunde “representación popular” con “totalitarismo” y de esa forma socava conceptos fundamentales en una República.
El viejo drama del transporte público de pasajeros en la Gran Asunción persiste, sin que su conclusión esté a la vista. El último capítulo de esta penosa historia se inició el 24 de julio de este año, cuando el Poder Ejecutivo presentó al Senado el proyecto de ley que fija “la rectoría sobre el transporte terrestre” y modifica y amplía la ley “que regula el Sistema Nacional de Transporte y crea la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) y la Secretaría Metropolitana de Transporte (SMT), relativas al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros”. El proyecto generó numerosas posiciones encontradas, mientras su estudio avanza a paso de tortuga, como si las autoridades del Gobierno y los legisladores no quisieran meterse en camisa de once varas. Ya pasó demasiado tiempo. Es necesario apurar los pasos para que cuanto antes se busque poner fin al suplicio de los usuarios.