27 de octubre de 2025
Este Gobierno se autoproclama “reformista” y se jacta de leyes estructurales que solo sirven para el marketing, ya que pasan meses y años y, en la práctica, ni se aplican ni se cumplen. El 16 de enero de 2025 se promulgó una versión “suavizada” de la nueva ley de la función pública, y solo ahora, nueve meses después, salió una primera reglamentación de fondo, y únicamente para los entes dependientes del Poder Ejecutivo, mientras todo el tiempo saltan descarados casos de nepotismo y acomodos en la burocracia estatal. Otro ejemplo es el de la supervisión previsional. La ley se aprobó en diciembre de 2023, pero, transcurridos casi dos años, recién se acaba de reglamentar el Consejo Nacional de Seguridad Social, que todavía es un paso previo para la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Las leyes por sí mismas no significan mucho, lo que cuenta es su aplicación en los hechos y los resultados.
Un desempeño agropecuario mejor que el esperado, un aumento del consumo interno, debido en buena medida a la estabilización en Argentina, lo que provoca precios domésticos más competitivos en relación con el país limítrofe, un ajuste global del dólar que alivia tensiones macroeconómicas y aligera el peso del endeudamiento público, todo lo cual estimula la confianza de los inversores y el ambiente de negocios, son algunos factores que hacen que la economía paraguaya esté experimentando un ciclo de alto crecimiento, con tasas mensuales cercanas al 6% y una proyección de alrededor del 5% para el año, superior a la estimada. Es el momento de aprovechar y concretar las postergadas reformas estructurales. El presidente Santiago Peña se ha demorado mucho para avanzar en las mismas, pero nunca es tarde para hacer lo correcto. Se le presenta una gran oportunidad. Depende de él.
La transparencia y la honestidad son de vital importancia en la administración pública, aunque así no lo crean los legisladores cartistas que, con la complicidad del Mitic, acabaron desvirtuando, sobre todo en la Cámara Baja, un bien intencionado proyecto de ley sobre la “protección de datos personales”, concebido en 2020 por organizaciones civiles. Se diría que, de hecho, el oficialismo se ha arrepentido de que Horacio Cartes haya tenido el acierto de promulgar en 2014 la ley que obliga a dar “informaciones en el uso de recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público” y la que dispone el “libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. Como advierte la diputada Rocío Vallejo (PPQ), el engendro aprobado por la mayoría de sus colegas podría convertir en agua de borrajas las leyes relativas a los conflictos de intereses en la función pública y a las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes la ejercen.
El senador Basilio Núñez (ANR, cartista), presidente del Congreso, no cree que los periodistas paraguayos estén desprotegidos, porque habría instituciones encargadas de velar por su seguridad. Y bien, lo cierto es que, desde 1991 hasta hoy, el ejercicio de su labor ha costado la vida a veintiuno de ellos, en tanto que se registraron más de seiscientas agresiones y amenazas en su contra; el pedrojuanino Humberto Coronel fue ultimado en 2022, tras haber recibido una amenaza de muerte que fue denunciada, según recordó Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay. En efecto, la historia de las últimas décadas muestra que en este país el periodismo es una profesión de alto riesgo, como lo han vuelto a demostrar los tres recientes atentados cometidos en Lambaré, contra las viviendas de tres hombres de prensa. Lo que se buscaría es dificultar que la población exprese sus denuncias o reclamos a través de la prensa.
La ejecución del ambicioso programa Hambre Cero, iniciado en 2024 y del que tanto se precia el Gobierno, al punto de ser considerado su “programa estrella”, sigue exhibiendo serias irregularidades, ya constatadas por la Contraloría General de la República en abril de este año, tras haber inspeccionado 300 centros educativos. Esta vez, a los pocos días de que escuelas y colegios capitalinos hayan recibido bananas no aptas para el consumo, sindicatos de docentes y de directores denunciaron una fuerte reducción de las raciones alimenticias proveídas en todo el país, bajo la modalidad “Cocinando en la escuela”. Valga como ejemplo que a instituciones que recibían 200 platos, solo estarían llegando 160, sin que se inmuten las gobernaciones ni el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a cargo de Tadeo Rojas. De esta manera, el programa Hambre Cero está resultando una costosa chambonada.
El exdiputado checo Petr Wolf, condenado en su país en 2012 a seis años de cárcel por fraude con subvenciones, fue extraditado el último viernes. Habría llegado al Paraguay en 2016, es decir, hace casi diez años, con un pasaporte de Letonia y una identidad falsa. Ese mismo año fue judicializada la respectiva solicitud de extradición, pero los investigadores supieron que se hallaría entre nosotros recién en 2019, siendo capturado en Asunción, solo en 2024 por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Recientemente fueron detenidos en nuestro país “El monstruo” peruano y “El abuelo” mexicano, dos de los grandes “huéspedes” que hemos tenido últimamente. El Paraguay no debe seguir siendo un oasis para los malhechores en fuga.