11 de septiembre de 2025
El nuevo intendente de Asunción, Luis Bello (ANR, cartista), quien como edil aprobó las ejecuciones presupuestarias ilícitas de su nefasto antecesor Óscar “Nenecho” Rodríguez, anunció como su primera medida “la firma de la derogación de la cuenta única”, utilizada para desviar hacia gastos corrientes fondos recaudados para los de inversión. Fue lo que ocurrió con el dinero derivado de los bonos emitidos para obras de infraestructura, en violación del art. 197 de la Ley Orgánica Municipal, que prohíbe operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes. Según el actual intendente, “a partir de ahora, cada guaraní que ingrese al municipio tendrá un seguimiento claro y verificable desde su origen hasta su destino final”. Debe entenderse, pues, que tal seguimiento era antes oscuro e incomprobable, pese a lo cual también él aprobaba a ciegas las ejecuciones presupuestarias de Nenecho.
El informe presentado la semana pasada por el interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, evidenció documentalmente lo que ya se sabía a voces, que Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), hoy exintendente municipal, había presuntamente destruido la Municipalidad de Asunción. La intervención, que duró dos meses, recogió como resultado serias falencias administrativas y financieras, además de irregularidades penalmente relevantes, que se enmarcarían en varios hechos punibles, ya comunicados al Ministerio Público por Pereira. Pero, contrastando con la celeridad con que se procedió en el caso del exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto (Yo Creo), el presidente Santiago Peña no envió aún al Congreso el lapidario informe, y tampoco lo puso a disposición de la ciudadanía en general, y de los asuncenos en especial. Es decir, hasta hoy nadie pudo acceder a los escalofriantes hallazgos de la intervención de una de las peores administraciones de la historia del Paraguay.
La Ley N° 2072/03 creó la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para que evalúe y en su caso acredite la calidad académica de las entidades de educación superior que se someten a su examen y produzca informes técnicos sobre los requisitos académicos de las carreras y de las entidades de educación superior. Está bien que así sea, solo que la participación en los procesos de evaluación externa y acreditación es voluntaria, salvo para algunas carreras. Dado el carácter en general voluntario de los citados procesos, no sorprende que solo estén acreditadas 452 carreras de las más de cinco mil habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), es decir, por el organismo que dictamina sobre la creación de las universidades y los institutos superiores. Es mucho lo que está en juego en la educación terciaria, empezando por la vida.
Trabajadores de Cañas Paraguayas SA (Capasa) y de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco) están movilizados con medidas de fuerza porque, según sostienen, hace meses que no les pagan sus salarios y, en el caso de Capasa, desde el año pasado les suspendieron sus coberturas en el Instituto de Previsión Social por falta de transferencias de los aportes obrero-patronales, pese a que se les hace el descuento. El Gobierno dio su visto bueno para sucesivos y costosos planes de “estabilización” para estas empresas estatales en quiebra que terminaron todos en fracaso, pese a lo cual respalda a los directivos, cuyos sueldos no se sabe a cuánto ascienden, como tampoco se sabe si para ellos también rige el retraso en el pago. Capasa y Copaco no son casos aislados, ni mucho menos. La Industria Nacional del Cemento y Petropar también arrojan pérdidas en sus administraciones.
Tras presentar su renuncia al cargo de intendente municipal, que enlodó hasta más no poder, Óscar “Nenecho” Rodríguez se dirigió a la opinión pública para hacer de víctima y distribuir culpas, incluyendo a los contribuyentes remisos y hasta a los ediles que “aprietan” exigiendo cargos. El ya imputado por compras sobrefacturadas de productos de limpieza durante la pandemia, sostuvo que no cometió ningún hecho punible, pese a los contundentes informes de la Contraloría y del interventor, y de que este último ya formuló cinco denuncias penales, si bien innominadas, ante el Ministerio Público. A estas alturas, ya es innecesario entrar en los detalles de una pésima gestión que ha ahondado la crisis financiera municipal. El de ayer fue un día muy grato para quienes creen en la decencia y alientan la esperanza de un futuro mejor para los asuncenos. Ojalá que esta dolorosa experiencia enseñe que en 2026 habrá que prestar mayor atención en las urnas. Ya basta y sobra con el desgobierno padecido.
El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, presentaría hoy al Poder Ejecutivo su dictamen, junto con el de la Contraloría General de la República (CGR), para que sean remitidos de inmediato a la Cámara de Diputados, que podría destituir, si así lo decidiera una mayoría absoluta, al impresentable intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista). Los ya revelados hallazgos de la intervención dan cuenta de que, como bien se sabía, la capital del país fue administrada de la peor manera, por culpa de una presunta corrupción, del clientelismo, del derroche y de la ineptitud, tanto del intendente como de la gran mayoría de los concejales que lo ha venido apañando. Los asuncenos anhelan un intendente que levante Asunción de la postración. El Palacete Municipal no es un sitio apropiado para ladrones que se las dan de políticos: hay otro que sí lo es, ubicado en el barrio capitalino de Tacumbú.