Editorial

En el corazón de Luque, donde el sueño de una vivienda propia debería ser el faro de esperanza para miles de familias que sudan por llegar a fin de mes, se levanta hoy, de la mano del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), un edificio que huele a privilegio y a traición: Las Residentas I. Doce departamentos que, en teoría, nacieron para aliviar las desigualdades injustas, pero en la práctica, se convirtieron en el botín de los amigos del poder. El senador Javier “Chaqueñito” Vera (tránsfuga de Cruzada Nacional al oficialismo), con un sueldo que supera los 37 millones de guaraníes, se adjudicó uno de estos inmuebles destinados a familias de ingresos modestos. Junto a él, el secretario privado del ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, Jorge Daniel Coscia, y familiares directos de la senadora Zenaida Delgado, su hermano Venancio y su sobrino Alejandro Guzmán, también recibieron sus respectivas llaves.

La Contraloría General de la República (CGR), concebida como baluarte de la transparencia y el control patrimonial de los funcionarios públicos, se ha convertido en un colador que permite burlas sistemáticas. En lugar de prevenir la corrupción, el sistema de declaraciones juradas se reduce a una formalidad: omisiones millonarias, “olvidos” convenientes y rectificaciones tardías que evaden cualquier consecuencia real. Políticos y altas funcionarias esconden casas, tierras, deudas y naves en paraísos lejanos; y cuando el reflector de la prensa los alcanza, invocan el inocente “error involuntario” y la ley, complaciente, les abre las puertas para borrar y reescribir. El senador Silvio Ovelar (ANR, cartista) dijo alguna vez que las declaraciones juradas en materia de financiamiento político son una “bolaterapia permanente” y que con ello se le engaña a la ciudadanía. Sus palabras desnudan la verdad que muchos prefieren callar: el sistema no solo tolera el engaño, sino que lo convierte en rutina.

Citando como fuente el BID, el ministro del Interior, Enrique Riera, cuantificó en seis millones de dólares diarios el costo generado por la corrupción. No hay datos actualizados con respecto a los gastos superfluos, pero es presumible que también sean bastante altos. Un buen ejemplo del derroche son los viajes oficiales al exterior, con gastos pagos, como los realizados entre noviembre de 2025 y marzo de este año a Estados Unidos y España por el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, en compañía de algunos funcionarios, para difundir entre los compatriotas el programa Che Róga Porã. El “trabajo” costará a los contribuyentes casi 500 millones de guaraníes, suma que bien podría haberse ahorrado mediante la actuación de las ociosas embajadas paraguayas, a las que se podrían haber enviado las informaciones e instruir a los funcionarios diplomáticos para que las proporcionen a los compatriotas interesados. Las promociones también se podrían haber hecho vía internet.

Una veintena de diputados opositores pidió el 3 de marzo que la Cámara Baja interpele al presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, y al gerente de Salud de la desastrosa entidad, Derlis León. El cuerpo legislativo resolvió estudiar el pedido en la sesión del próximo martes, ocasión en que resolverá si los susodichos serán convocados o no en el futuro para responder a las 61 preguntas ya formuladas, a las que se podrían agregar otras durante la sesión eventual. Se nota que al cartismo no le urge ocuparse de la plausible iniciativa, aunque solo afecte a dos de los presuntos responsables del calamitoso estado del IPS. En efecto, ella no incluye a sus consejeros, que también tienen mucho que ver con que falten medicamentos, camas, equipos o personal especializado. Los sectores que representan parecen ignorarlo, pero esos señores, cada uno de los cuales, según se supo, agregó al personal más de diez funcionarios con altos sueldos, son corresponsables de la debacle del ente.

El Senado aprobó un pálido proyecto de “reforma” de la Caja Fiscal, con lo cual su déficit galopante continuará pesando cada vez más sobre las espaldas de la población. Resta la aprobación de Diputados, pero se da por hecho que se mantendrán los cambios al mínimo, si es que no los relajan todavía más. Gran parte de la culpa recae sobre Santiago Peña, por no animarse a encarar esta difícil reforma cuando debió hacerlo, al inicio de su mandato. A la vez, queda de nuevo demostrado que, con pocas excepciones, los legisladores solo se representan a sí mismos y a pequeños grupos de interés, no al pueblo. El tema de la Caja Fiscal es más simple de lo que quieren hacerlo aparecer. Le ponen muchos nombres, muchas excusas, cínicamente hablan de “sensibilidad social”, pero la realidad es que el 90% de los trabajadores del país, la enorme mayoría de los cuales no tiene acceso a ningún sistema previsional, les financian las jubilaciones de privilegio al 10% restante, que están en el servicio público y perciben ingresos del Estado.