Editorial

Junto con el fiasco del metrobús, el acueducto chaqueño es uno de los mayores escándalos nacionales de los últimos lustros en lo que a obras públicas respecta. En efecto, entre 2012 y 2022, consumió 991.500 millones de guaraníes (130 millones de dólares) para hacer llegar a Loma Plata el agua extraída del río Paraguay a la altura de Puerto Casado, sin que hasta hoy se haya logrado dicho objetivo, salvo durante las dos semanas siguientes a su inauguración. De nada sirven las reparaciones a cargo de una firma contratada por Essap, pues las roturas reaparecen una y otra vez en las tuberías de 203 kilómetros de extensión, hoy invadidas por malezas y raíces. Estos inútiles trabajos adicionales ya han costado 2.200 millones de guaraníes, que no se habrían malgastado si el acueducto hubiera sido montado según las especificaciones del contrato. Hasta ahora nadie ha sido responsabilizado del caso, con lo que una vez más se constata que en la función pública de nuestro país hay delitos, pero no delincuentes.

En el Paraguay, las licitaciones públicas amañadas han sido –y al parecer lo siguen siendo– una fuente inagotable de enriquecimientos ilícitos. De lo que se suele tratar es de que el órgano convocante elabore los pliegos de bases y condiciones de tal modo que sus especificaciones técnicas solo puedan ser cumplidas por cierto oferente, patrocinado por algún político adicto al uso indebido de influencias. El pago eventual por el servicio así prestado saldrá del bolsillo de los contribuyentes, mediante el sobrecosto de rigor. En general, a esta práctica viciosa no escapan las entidades binacionales, según surgiría de la licitación pública hecha por Itaipú Binacional para la provisión –por casi 32 millones de dólares (248.713 millones de guaraníes)– de unos 328.000 muebles escolares diseñados por un equipo técnico del Ministerio de Educación y Ciencias, a pedido del presidente Santiago Peña, según dijo el ministro Luis Ramírez. Resultó agraciado un ciudadano chino, que tiene al menos dos nacionalidades y dos lugares diferentes de nacimiento.

Se abrió el telón, la obra estaba a punto de empezar, todos sentados expectantes para ver cómo Mandrake, el mago del Ministerio Público, sorteaba uno de los desafíos más importantes que pesaba sobre la institución a cargo de Emiliano Rolón Fernández, de presentar el requerimiento conclusivo en la investigación abierta contra el expresidente Mario Abdo Benítez, exministros y funcionarios de su Gobierno por supuestas filtraciones de información confidencial sobre Horacio Cartes. Pero esta vez, como en tantas otras, “Mandrake” no apareció en escena. En su lugar, aparecieron unos verdaderos magos del oficio, los “Mandrakitos”, utilizando una expresión del diputado colorado Roberto González. El mismo aludía a la renuncia del fiscal Guillermo Sanabria, presentada poco antes de fenecer el plazo para presentar el escrito conclusivo en el caso. Y allí aparecieron firmando la acusación los fiscales Silvia González Vester y Christian Benítez Cáceres, quienes, es de suponer, difícilmente hayan tenido tiempo para interiorizarse de los numerosos tomos del expediente, salvo que fueran unos magos, o “Mandrakitos”.

Siguiendo con la “saga de vergüenzas legislativas” cada vez más frecuente en Paraguay, basada en privilegios inmerecidos a los conocidos “nepobabies”, ni bien iniciaba el actual periodo parlamentario, se estrenaba un nuevo “episodio” de clientelismo. Esta vez con la actuación estelar del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), quien, a la par de sus colegas, está peleando fuertemente por llevarse el “Óscar” de la desvergüenza. La información que tomó estado público no deja de asombrar a la ciudadanía, y nuestros políticos paraguayos no cesan en su intento de hundir cada vez más la confianza del pueblo paraguayo. Sin rubor ni pudor, se pudo constatar que en sus apenas ocho meses de mandato, el mandamás del Congreso procedió a nombrar en altos cargos directivos, con jugosos salarios que sobrepasan los 20.000.000 de guaraníes a mujeres bachilleres que apenas cuentan con la etapa escolar concluida, pero que ya ocupan cargos de alto mando dentro del Legislativo.

Es inapelable: el Ministerio Público atraviesa su momento más sombrío, las horas más lúgubres de su reciente historia bajo el mandato de Emiliano Rolón Fernández. Cuando se sospechaba que nada podía empeorar la gestión de Sandra Quiñónez, a quien no le importó quedar pegada al cartismo y a sus causas, llegó Rolón Fernández para demostrarnos que siempre se puede estar peor. Hoy vence el plazo para acusar en la causa impulsada por el expresidente Horacio Cartes contra el expresidente Mario Abdo Benítez, sus ministros y funcionarios de la Seprelad, una causa que ya conoció de escandalosas revelaciones con la publicación de conversaciones vÍa WhatsApp entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado cartista Pedro Ovelar. Esta investigación fiscal, que ya ha pedido hasta extender el plazo para poder acusar, amenaza con dinamitar y enterrar el principio de autonomía en las investigaciones fiscales para obtener justicia.