2 de enero de 2026
En un país tan plagado de escándalos en la función pública, resulta difícil elegir los más relevantes del año anterior. Empero, no es arriesgado afirmar que dos de ellos ocurrieron en la residencia presidencial; allí, una ama de llaves fue despedida tras revelar el hallazgo de un par de sobres con cientos de miles de dólares, que habrían olvidado unos visitantes aún anónimos; por su parte, el “dueño de casa”, quien niega la existencia de los sobres, se reunió una noche –aparentemente también junto con el presidente de la ANR, Horacio Cartes– con seis de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia, para tratar asuntos aún ignorados por la carencia de un informe oficial, aunque las circunstancias permitan afirmar que los interlocutores atentaron contra la transparencia y la institucionalidad. En los tres Poderes del Estado se han producido aspectos cuestionados, aunque también hubo noticias positivas, pero queda mucha tarea por hacer para que todos los paraguayos “estén mejor”.
Si se confirman las sospechas expresadas por el diputado colorado Mauricio Espínola acerca de créditos otorgados por Ueno Bank a empresas de su mismo grupo corporativo, estaríamos ante un escenario sumamente peligroso que ya se vivió en Paraguay en la década de 1990, con terribles consecuencias. Como regla, los bancos no deben prestarse a sí mismos con el dinero de sus ahorristas. Si lo hacen, solamente lo tienen permitido hasta un porcentaje pequeño de sus carteras, lo cual debería ser aun más estricto en una entidad cuya mayor fuente de depósitos es el sector público y el Instituto de Previsión Social. Según la información que maneja el diputado Espínola, esos límites se traspasaron con maniobras elusivas y con la complaciente vista gorda del Banco Central del Paraguay. Si hay algo con lo que no se puede jugar es con el dinero de los ahorristas, públicos y privados, en el sistema financiero.
En nuestro país, después de la violencia familiar, los hechos punibles contra la propiedad son los más frecuentes. Según datos del Ministerio Público, difundidos por la prensa, entre enero y septiembre de este año se denunciaron 58.230 casos de hurto y de robo, la gran mayoría de ellos cometidos en la capital y en el departamento Central. Si además se estima que solo se reportaría formalmente el 30% de dichos delitos, resulta que es considerable el riesgo diario de resultar víctima, con o sin el uso de la fuerza. Los asaltos callejeros, muchas veces bajo el influjo de la drogadicción, inciden en la constante “sensación” de inseguridad, que, ante la indefensión, puede inducir a las víctimas o a terceros a reaccionar haciendo “justicia por mano propia”. Tras un reciente atraco a una mujer en Asunción, intervino un repartidor a domicilio, que persiguió a los motoasaltantes y ultimó a uno de ellos. Los órganos competentes deben actuar, para evitar estos extremos.
Si bien la democracia representativa en una República significa que el pueblo elige a quienes deben representar sus intereses dentro del respeto a la Constitución y las leyes, en Paraguay pareciera que este concepto, universalmente reconocido y aceptado, tiene una interpretación diferente. Los legisladores nacionales se han caracterizado en los últimos tiempos por presentar proyectos que en nada benefician al verdadero “soberano” sino únicamente a ellos mismos. Un claro ejemplo reciente es el proyecto de reglamentación del artículo 189 de la Constitución Nacional, presentado por el presidente del Congreso, el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), que busca reglamentar la senaduría vitalicia y permitir que los expresidentes que hayan finalizado sus mandatos tengan la posibilidad de renunciar a ese título honorífico y candidatarse al Parlamento. De concretarse esta afrenta a la Constitución Nacional, significaría el “acabose” de un Estado de derecho.
Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) confirma que el acueducto del Chaco, de 203 kilómetros de largo, es un fiasco monumental. Entre 2012 y 2022, ha insumido más de cien millones de dólares en quince contrataciones, sin provecho alguno para los pobladores, que hasta hoy se ven forzados a recurrir a tajamares. Según la “fiscalización especial inmediata” del órgano contralor, iniciada en enero de 2023 (!), se cometieron gravísimas irregularidades, como la falta de estudios de factibilidad del proyecto y de auditorías internas de su ejecución, las ampliaciones ilegales de la vigencia de los contratos, la inclusión de obras y rubros no previstos en ellos y el hecho de que no hayan sido rescindidos, pese a las sugerencias de una consultoría fiscalizadora que costó 7.000 millones de guaraníes. Es intolerable que desde hace más de una década se venga defraudando al erario y a la población chaqueña, sin que hasta hoy los responsables hayan rendido cuentas a la Justicia.
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, sorprendió con declaraciones públicas inusitadamente fuertes contra su compañera de gabinete Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, a quien acusó de “pésima gestión” y responsabilizó por las altas deudas vencidas a contratistas de construcción. Pero por mucho que se pasen la pelota y se culpen unos a otros, tal parece que la pésima gestión es compartida y el máximo responsable de ello, de acuerdo con la Constitución Nacional, es quien ejerce unipersonalmente el Poder Ejecutivo y la administración del Estado: Santiago Peña Palacios. Es cierto que el desempeño de Claudia Centurión viene siendo cuestionado desde hace tiempo, pero las explicaciones de Fernández Valdovinos para esquivar el bulto distan de ser mínimamente convincentes.