Editorial

Como las incoherencias no pueden faltar en el Palacio Legislativo, esta semana también trajo lo suyo. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista), anunció, con bombos y platillos, la firma de una “carta compromiso” entre esa Cámara, representada por Latorre, y la ONG Sound of Freedom, representada por el actor mexicano Eduardo Verástegui, con el objetivo de promover acciones de prevención contra la trata de personas con fines de explotación sexual y el tráfico de órganos de niños y adolescentes. De esta manera, el Estado paraguayo, a través de uno de los Poderes del Estado, celebró un acuerdo con una ONG extranjera, que tendrá así la potestad de influir en políticas públicas locales. Estamos así en presencia de una metamorfosis de “antioenegés a oenegeseros” según convenga.

La inflación en 2024 fue del 3,8%, ligeramente superior al 3,7% de 2023, dentro de la meta del Banco Central del Paraguay, lo cual ha sido destacado como un logro del Gobierno. Sin embargo, una vez más, la suba de precios ha sido mucho mayor en los bienes y servicios de primera necesidad, especialmente alimentos. Con ello se reconfirma que el peso principal del ajuste, del costo de la ineficiente burocracia estatal, del excesivo gasto público improductivo, con su altísimo componente de corrupción y de privilegios indebidos, sigue recayendo principalmente sobre los segmentos más pobres de la población. ¿Por qué hay inflación? Si en una economía hay más dinero que los bienes y servicios que representa, ese dinero pierde valor frente a esos bienes y servicios, eso es la inflación. De más está decir que el causante principal es el sector público o, más específicamente, el gasto estatal improductivo o sobrefacturado.

Se suele decir que en el Paraguay existen delitos, pero no delincuentes. Y así ha de ser porque con mucha frecuencia se denuncian o se publican escandalosos faltantes de dinero público, pero rara vez aparecen los responsables, y, si aparecen, no es raro que alguna sentencia judicial absuelva a los responsables, o le aplique alguna pena mínima, luego de largos procesos bombardeados con chicanas, al punto de que cuando concluyen, el caso ya se ha enfriado u olvidado. De recuperar lo robado, ni hablar. A lo sumo, alguna donación insignificante a alguna entidad de beneficencia, o algún trabajo comunitario ínfimo para el responsable. Sobre todo si el caso involucra a un político con apoyo en el Gobierno de turno. Es hora de demostrar que en el Paraguay no solo hay delitos sino también hay delincuentes, y que estos reciben el condigno castigo.

A casi tres años del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, de manos del crimen organizado, la identidad del autor moral parece cada vez más difícil de obtener. La justicia colombiana ha procesado y condenado a los autores materiales y sus cómplices, entre ellos, Francisco Correa Galeano, señalado de ser el cerebro del crimen y también un testigo clave, ya que al cooperar con la Fiscalía colombiana logró obtener una reducción de pena e identificar a otros miembros del grupo criminal. El mismo fue muerto el 3 de enero en una cárcel de alto índice de hacinmiento e inseguridad, luego de ser trasladado allí desde una dependencia de alta seguridad de la Fiscalía. Mientras tanto, la Fiscalía paraguaya sigue manteniendo una intolerable inacción y un llamativo desinterés en el avance de la investigación local a los efectos de responder la pregunta que una y otra vez realiza la familia del fiscal Pecci, sus colegas fiscales y toda la sociedad paraguaya: ¿Quién dio la orden?

Es sabido que en nuestro país existe la propensión de que fiscales y jueces tiendan a someterse dócilmente al poder político, por lo que son raras las ocasiones en que los ladrones de fondos públicos conocen en carne propia el rigor de la ley penal. Tan es así que cuando el Ministerio Público y la judicatura no hacen más que cumplir con su deber, ya merecen el aplauso de la ciudadanía habituada a la impunidad lisa y llana de quienes administran el dinero de los contribuyentes solo para enriquecerse. Por eso, es elogiable que el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, que integran Karina Cáceres, Yolanda Morel y Ana Rodríguez, haya condenado –por unanimidad– a diez años de cárcel al exgobernador del departamento Central Hugo Javier González por los hechos punibles de lesión de confianza grave y uso de facturas falsas o “clonadas” para realizar obras ya existentes.