4 de julio de 2025
En su reciente edulcorante rendición de cuentas al Congreso Nacional, el presidente Santiago Peña se mostró orgulloso de la Constitución vigente por habernos “permitido tres décadas ininterrumpidas de convivencia pacífica y armoniosa, a pesar de nuestras diferencias”. Tanta importancia le dio a la Constitución que dijo que la semana pasada envió al Congreso un proyecto de ley que declara cada 20 de junio feriado nacional, en conmemoración del día de la jura de nuestra actual Carta Magna en 1992. En verdad, el patriotismo al que alude el Presidente lo demostraron los ciudadanos que en 2017 salieron a las calles contra la pretensión de su líder, Horacio Cartes, de volver al Palacio de López apelando a una reforma inconstitucional de la ley suprema. No lo demostraron, en cambio, los senadores oficialistas y sus aliados, que expulsaron a su colega Kattya González, ignorando el primordial derecho a la defensa. Existen otros casos en que se ignora nuestra ley fundamental.
La justificada intervención de la Municipalidad de Asunción “por grave irregularidad en la ejecución del Presupuesto o en la administración de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República”, debe servir tanto para deslindar responsabilidades en el presunto desvió de los fondos previstos para obras de infraestructura, como para realizar un saneamiento administrativo que reduzca el costo de mantener a más de 9.000 funcionarios, contratados y jornaleros, de los cuales unos 1.800 ingresaron bajo el desgobierno de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista). El desvío de una gran parte de los recursos hacia gastos corrientes habría servido también para abonar salarios. El interventor aseguró que se interiorizará de quiénes cobran, de qué tareas realizan y de dónde lo hacen. Enhorabuena!!!
Es plausible que la Contraloría General de la República (CGR), ejerciendo su facultad de fiscalizar el patrimonio de las empresas estatales, haya pedido al presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, informes y documentos adicionales relativos a un contrato para que la firma Doha Holding Group LLC suministre cien mil toneladas de gasoíl, dentro del plazo de dos meses y a un costo de 61 millones de dólares. El documento fue suscrito el 30 de septiembre de 2024, mediante el trámite de la “compra urgente de carácter especial”, evitándose así el llamado a una licitación. El combustible aún no ha sido entregado. La supuesta premura invocada para evitar la licitación hace ya ocho meses, al final se convierte en una cruel burla al pueblo paraguayo y tiene un tufo de turbio trato entre compinches.
La Cámara de Diputados volverá a tratar hoy un proyecto de ley del diputado Derlis Rodríguez (ANR, cartista), que favorece la impunidad sobre todo en los causas penales ligadas a la corrupción y al crimen organizado. Ya lo había aprobado en octubre de 2024, pero en marzo último los senadores hicieron bien en rechazarlo por unanimidad. Si la mitad más uno de los 80 diputados se ratificara y la Cámara Alta no volviera a rechazar la infeliz iniciativa por mayoría absoluta de dos tercios de sus 45 miembros, ella quedaría sancionada en mala hora. Se diría que al diputado proyectista le tienen sin cuidado la inseguridad interna y la inserción del crimen organizado hasta en las entidades públicas, como el Congreso, según lo denunciaron las más altas autoridades.
El presidente de la ANR, Horacio Cartes, aludió implícitamente a las ventajas que el clientelismo reporta a los politicastros, en especial a los oficialistas: si se necesitan ataúdes o remedios, entre otras cosas, se recurriría a ellos para obtenerlos. En sus palabras: “cuando tenemos el difunto, cuando tenemos el cajón, cuando tenemos necesidades de los remedios...”, puede deducirse que allí estará un dirigente colorado para satisfacer dichas necesidades. Anteriormente, había instado a los dirigentes en San Juan Bautista (Misiones) a que “sigan haciendo tráfico de influencias para servir” a sus correligionarios, buscando, por ejemplo, camas hospitalarias, que escasean. Nuestro diario ha venido señalando que la mejor opción para políticos clientelistas es mantener al pueblo en la ignorancia, porque ese ambiente se constituye en el mejor coto de caza para conseguir afiliaciones y un electorado cautivo para las elecciones.
A casi dos años de la asunción del Gobierno de Santiago Peña, que llegaba con plausibles promesas de atender los males de ese sector fundamental para el desenvolvimiento ciudadano, el sistema del transporte público continúa con las mismas deficiencias que torturan al usuario, y con los mismos vicios como la extorsión y el chantaje. En mayo del año pasado, el presidente dijo que deseaba irse en 2028 habiendo dejado un transporte público mucho mejor que el que encontró, por haber cambiado el sistema. En sus palabras, si para ello “el Estado tiene que pagar más plata (sic), voy a poner más plata”, como si pudiera prescindir del Congreso. Por ahora, el sistema sigue igual o peor que antes y el dinero aún no aparece, sin que hasta hoy se sepa en qué sería invertido en el marco del nuevo modelo mentado.