Editorial

Según su balance preliminar de 2024, la Copaco, cuyas acciones pertenecen exclusivamente al Estado, arrastra una pérdida acumulada de casi 533.000 millones de guaraníes. El 4 de enero de ese año, el presidente Santiago Peña había reconocido que “es muy complicado invertir en una empresa que está prácticamente en quiebra”, pero que no planeaba venderla ni cerrarla, sino recuperarla, porque las telecomunicaciones tendrían un rol importante en su agenda digital. Dijo también –siempre buscando culpables antes que proponer soluciones– que entre 2018 y 2023, Copaco sufrió “una debacle administrativa económica y financiera”, como si antes hubiera funcionado a las mil maravillas. En verdad, el problema de fondo no radica en lo que haga o deje de hacer un Gobierno determinado, sino en que el Estado es un mal empresario, motivo por el que es necesario apresurarse a liquidar o privatizar ese desastroso emprendimiento.

Petropar no descuella por la excelencia de su gestión, en la que se incluyen corruptelas como la compra ilícita de agua tónica durante la pandemia. Tampoco el desempeño de su actual presidente, Eddie Jara, –que ya lo fue entre 2016 y 2018, habiendo sido denunciado penalmente por supuestos daños patrimoniales por un valor total de 33.000 millones de guaraníes– permite afirmar que esa empresa pública se halla en buenas manos. Valga como ejemplo el contrato para el suministro de gasoíl que celebró el 30 de septiembre de 2024, con la firma Doha Holding Group LLC, creada a fines de 2023 por un jeque de Catar y por Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Wilson-Smith. Era para proveer dentro del plazo de dos meses cien mil metros cúbicos de gasoíl, pero el contrato ya fue prorrogado seis veces.

El emblemático Colegio Nacional de la Capital Gral. Bernardino Caballero (CNC), que forjó a connotados políticos, gobernantes e intelectuales, tuvo que suspender las clases presenciales debido a las fisuras causadas en paredes y columnas por la vibración de los martillos neumáticos usados para refaccionarlo desde febrero, a un costo de más de 2,5 millones de dólares. El arreglo concluirá recién dentro de un año, y el MEC alquiló un excentro educativo para las clases. Otras numerosas instituciones educativas, de la capital y del interior, están también en pésimas condiciones. Es sabido que no todos los problemas surgieron con el actual Gobierno, pero el punto es que este, que todo lo presenta de manera grandilocuente, no ha dado muestras de esforzarse lo bastante para que los centros de enseñanza sean sitios adecuados para que los alumnos y docentes se sientan cómodos y seguros.

Hoy se conmemora un año más de la gesta revolucionaria del 14 y 15 de mayo de 1811 en la cual, un grupo de jóvenes liderado por Pedro Juan Caballero, Fulgencio Yegros, Vicente Ignacio Iturbe, Mauricio José Troche y Fernando de la Mora conseguía la independencia patria de la dominación española y, con ello, iniciaba un largo camino por afianzar la libertad, la independencia y la soberanía de lo que sería la República del Paraguay. Sin embargo, luego de 214 años, ¿son las instituciones verdaderamente libres e independientes en nuestro país? Una de las primeras características de toda república es la soberanía del pueblo, ya que quien detenta el poder es el pueblo y lo ejerce a través de sus autoridades que representan sus intereses. Se observa cada día cómo nuestras autoridades solo se sirven a sí mismas, buscando privilegios inmerecidos y dejando de lado al pueblo.

Obrando en causa propia, los ministros de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, Víctor Ríos Ojeda y Alberto Martínez Simón suspendieron para ellos y sus seis colegas los efectos del art. 1° de la Ley N° 6954/22, que prohíbe asignar combustibles tanto a las autoridades como a los funcionarios de los tres Poderes y de los organismos y entidades del Estado. La medida cautelar fue solicitada en una acción de inconstitucionalidad iniciada por los propios beneficiados desde ya por la medida cautelar, es decir, los ministros de la máxima institución judicial. Es probable que tras esta decisión de la Corte, la incostitucionalidad dispuesta por ella para sí misma sea pretendida por las demás instituciones estatales, de modo que Juan Pueblo debe ir preparándose para que una vez más los insaciables jerarcas estatales le metan las manos en los bolsillos.