10 de diciembre de 2025
El presidente Santiago Peña, su asesor político y vicepresidente tercero de la ANR, José Alberto Alderete, y el titular de ese partido, Horacio Cartes, se habrían reunido en horas de la noche en Mburuvicha Róga con seis ministros de la Corte Suprema de Justicia. El llamativo hecho vuelve a poner en tela de juicio la residencia presidencial como escenario de sospechosos conciliábulos. ¿Sabían los ministros que también asistiría Cartes y que no se revelaría a los ciudadanos el temario de la reunión? En caso afirmativo, los más altos magistrados no habrían hecho respetar su investidura ni demostrado favorecer la transparencia en la gestión pública, concurriendo poco menos que como simples afiliados a la ANR para recibir instrucciones del presidente partidario. De lo contrario, habrían sido sorprendidos en su buena fe, por el propio jefe del Poder Ejecutivo. En uno u otro caso, su papel ha sido bochornoso: no han estado a la altura de la dignidad del cargo que ostentan.
En una de las homilías del novenario de la Virgen de Caacupé, monseñor Miguel Fritz se refirió a la lacerante realidad de miseria, injusticia y discriminación que sufren muchos, probablemente la mayoría, de nuestros compatriotas indígenas. Como obispo del Vicariato Apostólico del Pilcomayo, monseñor Fritz conoce esa realidad de primera mano. No obstante, con todo respeto, hay algo en lo que se equivoca. No es cierto que el Estado paraguayo no disponga de suficiente presupuesto para asistir a quienes más lo necesitan. Lo que ocurre es que existe una gigantesca repartija del dinero de los contribuyentes. El censo nacional de 2022 identificó a un total de 140.206 indígenas en el país. No todos están en situación de pobreza extrema, pero, si así fuera, se necesitarían 86 millones de dólares anuales para sacarlos de esa condición. ¿Parece mucho? Solamente tres programas de subsidios públicos para “combate a la pobreza” (Adultos Mayores, Tekoporã y Hambre Cero) se llevaron 870 millones de dólares en 2025 y se están previendo fuertes aumentos en el Presupuesto 2026. ¿Dónde están los resultados?
La salud pública en nuestro país es uno de los sectores que sufren de las mayores carencias, con un elevado porcentaje de la población que casi no tiene acceso a una práctica medicinal adecuada y a medicamentos para atender sus necesidades. Es por eso muy llamativo que periódicamente se publiquen noticias de multimillonarios desperdicios de medicamentos que no fueron usados en tiempo oportuno, o de costosas maquinas que no fueron utilizadas para los fines para los que fueron adquiridas. Ahora, una fiscalización realizada por la Contraloría General de la República (CGR) constató una pérdida de 2.207.084.100 guaraníes, causada por el vencimiento de insumos y de fármacos oncológicos y respiratorios en los depósitos del Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Los medicamentos y parte de los insumos fueron donados por el MSPBS, es decir, por el mismo órgano responsable del desabastecimiento de los hospitales y de los centros de salud públicos.
Desde hace tiempo era “secreto a voces” que la bancada de Honor Colorado junto con los liberocartistas, tránsfugas y aliados obedecían un mismo libreto, lo cual hace unos días quedó confirmado con las expresiones públicas del senador Carlos Núñez (ANR, ?), quien recientemente decidió “saltar del barco” y formar un “bloque colorado”. En entrevista con ABC, el citado senador mencionó indignado: “ya no vamos a estar levantando la mano y cumpliendo órdenes del Ejecutivo” y aseguró que para el mes de marzo podrían llegar a ser nueve los senadores que abandonarían el cartismo. Pareciera que el artículo 201 de la Constitución Nacional es poco menos que letra muerta en un papel olvidado, ya que expresa con claridad la prohibición de los mandatos imperativos para los senadores y diputados.
Invocando “el bien común para una vida digna”, monseñor Gabriel Escobar, obispo del Vicariato del Chaco Paraguayo, pronunció ayer una notable homilía al iniciarse el novenario de la Virgen de Caacupé. Abordó los grandes temas nacionales de hoy, poniendo el dedo en la llaga en una serie de graves cuestiones que deben ser subsanadas en pro del interés general. Reconoció avances en la macroeconomía, pero lamentó que el dinero no les alcance a “los más pobres, sencillos y desamparados”, así como el hecho de que el sentido común no sea empleado por quienes “se comprometieron a servir al pueblo y no a servirse de él”. Las entidades públicas “hacen agua por todas partes” y hay “descontento en la población”, dijo también, y agregó que “nuestro pueblo sencillo, de a pie, merece también estar mejor y no solo unos cuantos cuates memé”, entre otras cosas.
Ya eran sumamente preocupantes los datos que proporcionaban los distintos informes de organizaciones nacionales y extranjeras sobre el estado de la educación en nuestro país, entre ellos el elevado porcentaje de alumnos que no comprenden lo que leen. Ahora, el ministro de Educación, Luis Ramírez, agrega un nuevo condimento: un muy elevado porcentaje de maestros también sufre de ese mal. Es evidente que los docentes no descuellan por su idoneidad y que, por ende, la enseñanza que imparten dista mucho de capacitar a los estudiantes para que puedan labrarse un buen futuro. En octubre, el 80% de los profesores que concursaron en el departamento de San Pedro fracasó en la prueba escrita, quizá porque no comprendieron las preguntas. Es lo presumible, atendiendo que, a nivel nacional, “siete de cada diez maestros no superan la prueba de comprensión”, según dijo con toda franqueza el ministro Ramírez.