Editorial

Gracias a mociones de preferencia presentadas por algunos diputados opositores, la Cámara de Diputados tiene previsto tratar el próximo martes un proyecto de ley que incorpora al Presupuesto general los fondos para “gastos sociales” asignados por las entidades binacionales, que hoy llegan a 670 millones de dólares en total, así como once pedidos de informes -también “cajoneados” por el cartismo- y diez proyectos de declaración. Una iniciativa referente a los gastos sociales financiados por Itaipú Binacional fue “cajoneada” en 2024 por el Senado, para que los aliados del Gobierno puedan emplear discrecionalmente elevadas sumas -como también lo hacían Gobiernos anteriores- sin rendir cuentas al Congreso ni a la Contraloría General de la República (CGR). Los directores generales y los consejeros paraguayos -los primeros nombrados por el presidente de la República con acuerdo del Senado- no tienen la facultad de entregar recursos a organizaciones amigas para que hagan con ellos lo que quieran, convocar licitaciones fraudulentas o direccionarlas en el marco de una campaña electoral, entre otras frecuentes corruptelas.

El funcionamiento del transporte público de pasajeros en la Gran Asunción es un drama de nunca acabar, debido a la inoperancia del Viceministerio de Transporte, de la Secretaría de Defensa del Consumidor y del Usuario y de la Defensoría del Pueblo. Quienes, por razones económicas, se ven forzados a abordar un maltrecho ómnibus repleto, tras una larga espera bajo el sol o la lluvia, sufren las consecuencias de la violación impune del marco regulatorio por parte de “empresarios” ligados a los politicastros, que hasta suelen apelar a las “reguladas” delictivas -penadas con hasta cinco años de prisión- para imponer sus descaradas pretensiones. El diario infortunio colectivo no conmueve a los responsables de los sectores público y privado, como si no pudieran ponerse en la piel de los usuarios; la cuestión de fondo radica menos en la falta de normativas o en los defectos de las teóricamente vigentes que en la insensibilidad de quienes deben cumplirlas y hacerlas cumplir.

Nueve asociaciones de pacientes con dolencias “catastróficas”, como el cáncer, denunciaron en un comunicado la falta crónica de remedios y exigieron, tanto al Instituto de Previsión Social (IPS) como al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que adopten políticas de previsión y abastecimiento, pues el enfermo no podría esperar semanas o meses a que los burócratas culminen los trámites para la compra de fármacos ni los enfermos deben verse forzados a pedir un amparo judicial “para sobrevivir en un sistema indiferente o cruel”. Se trata de una muestra más del profundo malestar ciudadano -expresado también en las redes sociales- ante la aguda crisis del sistema sanitario, reflejado también en la insuficiencia crónica de médicos especialistas, de camas de terapia intensiva, de ambulancias, de equipos biomédicos para el diagnóstico precoz y hasta de jeringas y guantes, entre otros déficits que convierten en una burla cruel la norma constitucional que obliga al Estado a promover y proteger la salud como “derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad”, razón por la que nadie ha de ser privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas.

El gobierno argentino fijó unilateralmente una tarifa equivalente a apenas 10,25 dólares el megavatio/hora para las hidroeléctricas de Salto Grande, compartida con Uruguay, y de Yacyretá, compartida con Paraguay. Aunque aquí lo quisieron hacer pasar como una decisión interna que atañe exclusivamente al vecino país, lo que se desprende de la medida es que Argentina solo está dispuesta a “pagar” (entre comillas, porque tampoco paga, o lo hace a cuentagotas) hasta ese monto por retirar energía de la central “binacional”. El problema es que ello no alcanza ni para cubrir la mitad del costo de producción de la entidad, mucho menos si se incluyen las cargas financieras, lo cual viola el Tratado. Si nadie pone la diferencia, y no hay ningún indicio de que así sea, se viene una nueva ola de deuda espuria y se compromete aún más gravemente, si cabe, la sostenibilidad del problemático emprendimiento.

El Alto Paraguay sigue marginado en gran medida de las políticas de vialidad, como si sus 22.000 habitantes no tuvieran derecho a desplazarse de un municipio a otro utilizando caminos transitables en todo tiempo. Es que el plan de empedrar o asfaltar mil kilómetros de vías públicas en todo el país -a ser financiado por Itaipú Binacional con cien millones de dólares- solo abarca en dicho departamento las zonas urbanas, que son muy pequeñas; su territorio de 82.349 kilómetros cuadrados carece de rutas asfaltadas, salvo el tramo del Corredor Bioceánico que cruza su extremo sur, lo que obviamente genera serias dificultades para la actividad económica y hasta para el traslado de pacientes en ambulancias, pues quedan atascadas luego de un simple aguacero. En noviembre de 2023, Santiago Peña dijo que Fuerte Olimpo aún distaba 140 kilómetros del asfalto, por lo que se iba a generar la inversión necesaria para seguir desarrollando la zona: el emprendimiento comentado, restringido a los cascos urbanos, no servirá para el efecto.