Editorial

En el 8° aniversario del asesinato del que fue víctima el joven Rodrigo Quintana en la sede del PLRA, asaltada por fuerzas policiales, quince ciudadanos quisieron realizar una representación teatral alusiva en la explanada del Palacio de Justicia y donar un libro al Museo de la Memoria, allí instalado. Sus propósitos fueron impedidos por un grueso cordón policial que les cerró el acceso; hubo forcejos, resultando lesionada una de las personas asistentes. Aunque ninguno de sus subordinados sufrió lesiones, el jefe de la Comisaría 1ª de la Policía Nacional, Gustavo Errecarte, denunció penalmente a siete “sospechosos”, así que el Ministerio Público abrió de inmediato una pesquisa por perturbación de la paz pública, a cargo del agente fiscal Alcides Corvalán. Vaya por delante que las verdaderas víctimas en este deplorable incidente ejercieron su derecho a “manifestarse pacíficamente, sin armas, sin necesidad de permiso”, reconocido por el art. 32 de la Constitución Nacional, que también dice que “la ley podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público, en horarios determinados, preservando derechos de terceros y el orden público establecido en la ley”. Se invocó, en cambio, una acordada de la Corte Suprema de Justicia, según la cual todo acto público dentro del predio del Palacio de Justicia requiere una autorización del Consejo de Superintendencia que defina el área de reunión. Y bien, los ciudadanos agraviados por la intervención policial no pretendían más que escenificar un trágico episodio de nuestra historia reciente y cruzar la explanada para hacer una entrega en una de las dependencias de la “casa de Astrea”.

Ni bien el país termina de digerir el escándalo suscitado por la presunta compra irregular de pupitres a través de un llamado a licitación con tufo a corrupción por parte de Itaipú Binacional, favoreciendo a una empresa china vinculada al vicepresidente de la República Pedro Alliana, con fuertes indicios de precios sobrefacturados y adjudicaciones direccionadas, según la denuncia realizada ante el Ministerio Público, ahora el pueblo paraguayo enfrenta un nuevo bochorno, que probablemente constituya un camino sin retorno hacia la implantación de una dictadura bajo el viejo y trillado argumento de la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado. Recientemente se ha dado a conocer un “concurso de precios” bajo la cortina de “proceso licitatorio” por parte de Itaipú, de la compra de equipos de “escuchas telefónicas” para la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), sin embargo, los requisitos plasmados en el pliego de bases y condiciones direcciona a una empresa vinculada al presidente Santiago Peña.

Uno de los emblemáticos discursos de la campaña electoral del actual gobierno, además del remanido e incumplido “Vamos a estar mejor”, ha sido sin dudas “Con los niños no”. Repitiendo hasta el cansancio pretendieron hacer creer que la niñez paraguaya era un asunto de interés para los candidatos, en especial para el presidente Santiago Peña y algunos legisladores cartistas que se embanderaron en derechos “provida y pro-familia”. Habrán sido muy convincentes, tanto que gran parte de la población electoral votó convencida de que el discurso era real y de que los niños y niñas estarían mejor. Sin embargo, hechos recientes, les han quitado la careta. La utilización de niños y niñas para disfrazar de agradecimiento lo que sería un feroz negociado con mobiliarios escolares nos confirman que los derechos de la niñez, en especial los relativos a salud y educación, están en su peor momento.

El exdiputado y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Orlando Arévalo y su esposa, la edil lambareña Carolina González (ANR, cartista), son investigados por el Ministerio Público por presunto lavado de dinero y otros delitos, en tanto que la Contraloría General de la República (CGR) realiza un examen de correspondencia de sus respectivas declaraciones juradas de bienes y rentas. Por lo que hoy se sabe, ninguno de los dos últimos órganos debería tener dificultades para constatar las groseras ilicitudes que la pareja habría cometido con el fin de ocultar o justificar su cuantioso patrimonio, de modo que no deberían demorarse en llegar, respectivamente, a imputaciones y dictámenes rotundos. En verdad, duele tener que aceptar que el exdiputado y la aún munícipe fueron electos por el pueblo, del que se burlaron miserablemente.

En la semana que acaba de terminar se llevó adelante una de las más grandes marchas ciudadanas contra el Gobierno que apenas lleva poco más de un año y medio en el poder y, sin embargo, ya congregó a varios grupos sociales disconformes que claman una respuesta a las necesidades básicas. Entre los sectores convocados y pese a la lluvia que cayó fuertemente en la zona de la capital, se encontraron adultos mayores, personas con discapacidad, jubilados, campesinos, pueblos indígenas, representantes de partidos de la oposición, del sector de salud y ciudadanos que se sumaron al descontento popular cada vez más generalizado. La marcha nacional, según sus protagonistas, se alzó de forma pacífica en contra de la corrupción y la impunidad que “ornamentan” el gobierno de Santiago Peña y que impiden que los paraguayos y paraguayas “estén mejor” ya que, hasta ahora, solo ciertos privilegiados lograron ese propósito a costa del ciudadano común. Además de eso, acusaron a las autoridades de usar las represas hidroeléctricas binacionales para sus “negociados”.