Editorial

La crisis financiera de la Municipalidad es tal que ya no puede abonar con puntualidad e íntegramente los salarios de la clientela política allí instalada, ni siquiera pidiendo préstamos para saldar deudas o desviando fondos previstos para obras de infraestructura, obtenidos mediante la emisión de bonos que ya conllevan el pago de intereses moratorios. Si a ello se agrega una deuda de 32.000 millones de guaraníes con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal –heredada de administraciones anteriores y de la suya propia– y la inminente intervención de la Comuna, resulta que el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) está agudizando una debacle, con la complicidad de una mayoría de concejales. Urge el saneamiento de la Municipalidad quebrada. Mientras ello esté pendiente, será ilusorio esperar que los asuncenos habiten en una ciudad más acogedora.

Es sabido que la salud pública adolece de gravísimas deficiencias causadas por la corrupción, el derroche y la ineptitud. La falta de medicamentos e insumos, así como la de camas de terapia intensiva y la de personal de blanco, entre otros déficits, hacen que el Estado sea incapaz de proteger el básico derecho a la vida. Las constantes denuncias de los pacientes y sus familiares son desoídas por las insensibles autoridades del Gobierno y del IPS, como ha vuelto a evidenciarse en los últimos días, en relación a un proyecto de ley relativo a la compra de medicamentos para el Incan, mediante una reprogramación presupuestaria. Es lamentable que pacientes y familiares deban recurrir a “polladas” para subsanar las carencias que deben ser evitadas mediante la correcta administración de los recursos públicos.

Mientras cada vez más amplios sectores de la ciudadanía le exigen a la Contraloría General de la República que fiscalice la ejecución de “fondos socioambientales” de Itaipú y Yacyretá, el contralor, Camilo Benítez, afirma que ha hecho todo lo que está a su alcance para ello, pero se declara con las manos atadas por supuestos impedimentos legales y falta de pronunciación de la Corte Suprema de Justicia sobre recursos presentados y sobre la aplicabilidad de una ley. Hay elementos para sostener que la verdad es otra. Tal parece que el contralor solo hace lo que le permiten, o peor, lo que le ordenan quienes mueven los hilos del poder. Los tratados de Itaipú y de Yacyretá en ningún sitio impiden a las Altas Partes Contratantes ejercer su jurisdicción para controlar o para actuar ante la comisión de posibles hechos punibles, lo cual sería una inaceptable renuncia de la soberanía. Y aun si lo dispusieran, que no es así, un tratado nunca puede estar por encima de la Constitución Nacional.

Es probable que la mayoría oficialista elija hoy al diputado Diego Candia (ANR, cartista) para representar a la Cámara Baja en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) hasta julio de 2026, en reemplazo de su impresentable excolega Orlando Arévalo, sucesor en dicho órgano del no menos vergonzoso exdiputado y hoy senador Hernán Rivas (ANR, cartista). Considerando también este deplorable historial, hay motivos para alarmarse ante lo declarado por el nuevo postulante en una entrevista: “Yo no voy a recibir órdenes para actuar dentro de lo que no corresponda; si corresponde –y esa es la línea en la cual todos los miembros que de repente podemos pertenecer a un signo político o a un equipo político, lo que sea, y se vota así– yo voy a tratar eso de justificarlo” (sic). En otros términos, el diputado tendrá aparentemente en cuenta la opinión del cartismo a la hora de emitir su voto.

Se cumplió “sin novedades” el nuevo plazo del 31 de mayo que se había establecido con Brasil para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. Es insólito que las negociaciones estén suspendidas a instancias de Paraguay, que, en teoría, debería ser el más interesado en cambiar los términos de una relación históricamente desventajosa en el aprovechamiento del potencial energético del río Paraná, un recurso natural supuestamente compartido en mitades iguales. Pero es muy extraño que sea Brasil el que insista en reanudar las tratativas para cerrar un acuerdo, cuando la situación actual le es altamente conveniente. ¿Qué le prometió el Gobierno de Santiago Peña, qué estarían a punto de acordar? Si está negociando otra cosa a espaldas de la ciudadanía, el “acta entreguista” de Mario Abdo Benítez quedará como un juego de niños.