Editorial

El último martes, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, compareció ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional para dar explicaciones sobre una licitación para la compra de sábanas y un servicio de lavandería cuyo monto asciende a la friolera de 160.000 millones de guaraníes, lo cual resulta sospechosamente llamativo. Pero además de la crudeza con la que retumba la multimillonaria licitación en medio de las precariedades de la previsional, la frase que perforó los tímpanos de sus interlocutores y con la que el doctor Brítez resume la gravedad de su gestión y la profundidad de la crisis fue: “Ni aunque venga un genio de Harvard podrá solucionar la situación”. ¿Qué se puede inferir de esta respuesta? ¿Que el IPS ya está condenado a su suerte, mientras allí se siguen llevando a cabo negocios sospechosos? ¿Que allí va a seguir muriendo gente, que va a seguir faltando indefinidamente medicamentos y equipos, que van a seguir faltando turnos para atención?

El presidente de la República, Santiago Peña, ha llegado a la mitad de su mandato, al parecer sin tomar nota de los reclamos y de la urgente necesidad de efectuar cambios en la gestión gubernativa. Aunque le cueste creerlo, el país no “está mejor” que antes, en áreas tan relevantes como la seguridad interna, el sistema sanitario, la educación pública y la infraestructura vial, pero los responsables de esas áreas continúan, pese a voces que objetan sus gestiones. Sin dudas, el simple cambio de hombres no en todas las ocasiones arroja los resultados deseados, pero es evidente que a veces se impone la necesidad de refrescar el plantel cuando los cuestionamientos abundan. El jefe de Estado aún está a tiempo de hacer las correcciones aconsejadas por dos años y medio de experiencias gubernativas, muchas veces decepcionantes.

Casi 1.500.000 estudiantes iniciaron ayer el año lectivo en más de nueve mil centros de enseñanza públicos y, en menor medida, privados subvencionados. Entre estos no se incluyen por el momento presencialmente dos importantes y tradicionales instituciones, que son el Colegio Técnico Nacional (CTN) y el Colegio Nacional de la Capital (CNC), pues las refacciones concluirán recién en abril en el primer caso, y las clases en ambas instituciones se imparten virtualmente. Por regla general, las edificaciones y el equipamiento educativos dejan muchísimo que desear, tanto en la capital como en el interior del país. El inicio del año lectivo estuvo muy lejos de ser “espectacular”, como anunció muy orondo el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, a quien un maestro de San Miguel (Misiones) invitó hace poco a ver en qué condiciones se enseña tierra adentro: “Te puedo asegurar que en una semana vas a salir corriendo”, expresó el docente.

Si una empresa o una persona hace sus cuentas y en el cálculo no considera los “monos” que tiene distribuidos por todas partes, es obvio que así es muy fácil llegar en los papeles a un saldo positivo o a una pérdida pequeña y controlable. Pues es exactamente eso lo que hace el Gobierno con las finanzas públicas y la contabilidad estatal. El Ministerio de Economía y Finanzas informó que el déficit anualizado a enero de 2026 es del 2% del PIB y ratificó que este año retornará al tope del 1,5% del PIB establecido en la perforada Ley 5098/2013, de “responsabilidad fiscal”. Pero ello no toma en consideración deudas vencidas con proveedores y contratistas, que al menos duplican el saldo rojo anual. No se puede construir un país serio con autoengaños. Se tiene que informar con la verdad a la población, tiene que haber un sinceramiento y se tienen que asumir responsabilidades.

Ante el corte de energía eléctrica, que en la tarde del miércoles afectó al 90% del país, en el hospital de Capiatá, a veintitrés kilómetros de la capital, hubo que realizar una operación cesárea de urgencia a la luz de teléfonos móviles, pues la batería del generador a gasolina no resistió la sobrecarga causada por el intenso calor. El Hospital General de San Lorenzo, donde los pacientes deben madrugar para que se les asigne un turno de atención, carece de medicamentos y de suficientes médicos en el área de urgencias. En Villarrica, los pacientes de urgencias del Hospital Regional deben acudir a centros privados y pagar hasta 200.000 guaraníes por las ecografías, debido a que los fines de semana faltan profesionales que realicen los estudios. Situaciones de esta naturaleza se suceden en otras partes del país.