4 de octubre de 2025
Uno de los peores escándalos de la desastrosa gestión del exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez fue el de los “detergentes de oro”, entre otros productos sobrefacturados. Aparte de causar un daño patrimonial de más de 1.806 millones de guaraníes, entre 2020 y 2021, la codicia de los involucrados habría llegado al extremo de que se valieron de una crisis sanitaria para lucrar a costa de los enfermos y de los contribuyentes. Cinco de los veinticinco procesados lograron la suspensión condicional de la causa penal abierta en 2021, tras ofertar devolver el dinero defraudado, proveído por el Fondo Nacional de Emergencia. Como se sabe, el exjefe comunal acusado en la misma causa penal deberá comparecer en una audiencia preliminar el próximo lunes, junto con su exjefe de Gabinete Wilfrido Cáceres, también con un proceso criminal a cuestas. Dado su tradicional descaro, es probable que siga negando los hechos ya reconocidos por sus exsubordinados o que trate de eludir su responsabilidad.
El 180º Periodo de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se realizó esta semana y está concluyendo en suelo paraguayo, trajo mucho debate sobre el cumplimiento de los compromisos del Estado en la materia. Se puede comenzar mencionando los ataques constantes a la libertad de prensa y expresión por parte del propio Presidente Santiago Peña en sus discursos amedrentadores al trabajo de los medios críticos a la labor estatal. Se puede agregar las persecuciones a organizaciones de la sociedad civil por parte del Congreso con la adopción de la “Ley Garrote”, o el menoscabo a derechos sustanciales por la justicia paraguaya como el respeto a las garantías del debido proceso o la protección judicial con el sometimiento del Poder Judicial al poder político. Por su parte, la Corte Interamericana enfatiza sobre la unión indisoluble de los conceptos de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos.
El Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), que el 8 de septiembre lanzó una Campaña Nacional contra la Corrupción en Salud, se dirigió al cardenal arzobispo de Asunción Adalberto Martínez, a través de un comunicado, para denunciar “hechos de corrupción estructural que comprometen el derecho a la vida” y ocurren en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, dirigido por María Teresa Barán. También le pidió su mediación ante el Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República (CGR) a fin de que los responsables del Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress), que está integrado al Ministerio y financia el tratamiento de enfermedades que generan altos costos, sean removidos e investigados y el caso sea remitido a la Justicia. La salud pública no debe seguir expuesta a la corrupción, unida a la ineficiencia.
Esta semana el concepto de “derechos humanos” retumba con fuerza en la sede del Poder Judicial, debido a la visita de los jueces de la Corte Interamericana que celebran su 180º Periodo de Sesiones en territorio paraguayo. Nuestras autoridades se han esforzado en presentar la mejor imagen en materia de derechos humanos, presentando al Gobierno como un garante ejemplar de la libertad de expresión, como si los visitantes desconocieran la realidad de las constantes violaciones, más aún en los últimos tiempos. Hoy por hoy las decisiones en el Congreso se toman según el interés coyuntural de un grupo dominante con mayoría suficiente para hacer y deshacer a su antojo, colocando a sus “leales” en puestos claves como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura, sin importar que carezcan de idoneidad o, incluso, de título universitario. Estas son instituciones que debieran garantizar la independencia y estabilidad de los jueces y fiscales, pero que en manos equivocadas, solo sirven para someter a la Justicia.
Como se sabe, uno de los temas tratados por la defenestrada senadora Norma Aquino (Yamy Nal) y el aún senador Javier Vera (Chaqueñito), ambos cartistas y tránsfugas de Cruzada Nacional, en sus álgidos diálogos a través de WhatsApp, fue el de la donación de ocho millones de dólares hecha por el Gobierno de Taiwán para restaurar el Palacio Legislativo. El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), creyó oportuno anunciar que dicho órgano “no va a tocar ni un guaraní: va a pagar la embajada de Taiwán”. Además, pidió a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que “sea garante y que se publiquen y se hagan las licitaciones como corresponde”. Paradójicamente, la DNCP aclara que no interviene en el proceso de las licitaciones que se produzcan con esta donación, por no encontrarse legalmente entre las regulaciones de su competencia. Por otra parte, llama la atención que el donativo en cuestión no haya sido tratado en el Congreso.
Esta semana, Paraguay será sede de audiencias públicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del 180º periodo de sesiones de este tribunal, que ya ha dictado 15 sentencias contra el Estado paraguayo por su responsabilidad internacional de violación de derechos humanos, de las cuales, hasta ahora dos de ellas son por violación a la libertad de expresión. Estas sentencias, en los casos “Ricardo Canese” y “Santiago Leguizamón” dejaron para el país estándares de protección a la libertad de expresión y la obligación reforzada de prevenir hechos de violencia contra periodistas y trabajadores de la prensa. Sin embargo, lejos de seguir estas obligaciones vinculantes para el Estado, nuestras autoridades se han destacado en los últimos meses por dictar leyes “mordaza” o leyes “garrote”, poniendo trabas al derecho de participación activa de las organizaciones sin fines de lucro, persiguiendo a activistas de derechos humanos o amenazando a medios críticos de comunicación y periodistas en el ejercicio de su labor comunicadora.