Editorial

El emperador romano Justiniano I (483-527 d.C), conocido como “El Grande”, había acuñado el término latino “digesto”, que significa “distribuido en forma sistemática”, para referirse a una parte esencial del Corpus Iuris Civilis (Cuerpo del Derecho Civil), que sería la base en la que se fundarían las legislaciones de todos los Estados modernos. Integrado por 50 libros escritos por eminentes juristas marcaría un hito trascendental en el derecho romano, del cual deriva nuestro derecho moderno; incluso sirvió como inspiración para el Código de Napoleón en 1804 que sería la base de nuestro actual Código Civil. Sin embargo, cuando el gobernante no tiene como objetivo buscar el bien común, los inquilinos del poder construyen una sistematización normativa a medida, de manera tal a blindarse jurídicamente en sus objetivos premeditados. Cuando el “Digesto” de normas se construye a medida de una casta selecta de privilegiados, es el pueblo quien paga las consecuencias.

Los senadores aprobarían mañana un proyecto de ley sobre la función pública y la carrera del servicio civil, cuya versión modificada fue presentada por el Poder Ejecutivo el último 16 de septiembre. El mismo excluye de sus normas a los Poderes Judicial y Legislativo, entre otros varios órganos, lo que significa que quienes allí presten servicios como funcionarios o contratados no se ceñirían por la nueva norma y se regirían por regulaciones especiales aún no concebidas. La iniciativa en cuestión deroga explícitamente la Ley N° 1626/00, de la Función Pública, de modo que el Congreso y las demás entidades, cuyas respectivas competencias regulatorias en materia de función pública son reconocidas en el proyecto, deberán reglamentar –a gusto y paladar, se podría decir– la ley que llegue a promulgarse. Tal como se ven las cosas, la tan traída y llevada reforma del Estado es una tomadura de pelo. A este paso, lo que se viene es una “legalización” disimulada, una luz verde para el clientelismo.

El plazo de revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú se cumplió el 13 de agosto de 2023, dos días antes de la inauguración del Gobierno de Santiago Peña, que se pensaba le daría máxima prioridad a un asunto tan crucial para los intereses del país. Lejos de ello, pasaron un año y tres meses para que se realizara la primera conversación específica sobre el tema con Brasil, en ocasión de la reciente presencia en Asunción de su canciller, Mauro Vieira, y de su ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, el pasado 7 de noviembre. Supuestamente, todo lo que no se hizo en este tiempo se hará de aquí a fin de año, cosa muy difícil de creer, salvo que, una vez más, se terminen aceptando pequeñas concesiones a cambio de mantener todo esencialmente como está en detrimento del Paraguay.

Según una auditoría de la Municipalidad de Lambaré, entre abril de 2022 y abril de este año, el diputado Orlando Arévalo y su esposa, la edil Graciela Carolina González, ambos colorados cartistas, consumieron casi 4.000 litros de combustible, que costaron 32.178.269 guaraníes a los contribuyentes lambareños; la parte del león se la llevó una camioneta del legislador. Su esposa afirma que fue ella misma quien solicitó la auditoría y que una de sus dos tarjetas magnéticas para hacer los pagos fue clonada por el intendente Guido González (ANR, cartista). Más allá de que la acusación sea o no cierta, importa subrayar de entrada que los concejales, así como los parlamentarios, no tienen por qué recibir cupos de combustible: deben pagarlos con la jugosa dieta que perciben regularmente. Este caso es una muestra más de la avidez de la “clase política”, que de hecho convierte en sobresueldos recursos públicos supuestamente previstos para servir a la comunidad.

La desfachatez del común de nuestros legisladores no conoce límites, según enseñan su reiterada práctica del clientelismo, de la compraventa de votos, del uso indebido de influencias, del nepotismo o de la autoasignación de fondos públicos en beneficio propio y excursiones a diversos lugares del exterior. Quince diputados viajaron a Estados Unidos, sin invitación oficial, con el pretexto de observar los comicios realizados el martes, lo cual no sería objetable si de por medio existiera el deseo legítimo de ir a conocer hechos o prácticas que luego sean aplicados en nuestro país para beneficio de sus habitantes. Pero está visto que ese no fue el objetivo, según las actividades conocidas de los viajeros en el país del norte. El titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista), justificó el viaje con “lo que se puede ganar en términos de experiencia institucional”. Pues sería bueno que pida a cada uno de los excursionistas que presente un informe en tal sentido.