22 de agosto de 2025
El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, presentaría hoy al Poder Ejecutivo su dictamen, junto con el de la Contraloría General de la República (CGR), para que sean remitidos de inmediato a la Cámara de Diputados, que podría destituir, si así lo decidiera una mayoría absoluta, al impresentable intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista). Los ya revelados hallazgos de la intervención dan cuenta de que, como bien se sabía, la capital del país fue administrada de la peor manera, por culpa de una presunta corrupción, del clientelismo, del derroche y de la ineptitud, tanto del intendente como de la gran mayoría de los concejales que lo ha venido apañando. Los asuncenos anhelan un intendente que levante Asunción de la postración. El Palacete Municipal no es un sitio apropiado para ladrones que se las dan de políticos: hay otro que sí lo es, ubicado en el barrio capitalino de Tacumbú.
La inusual medida del Gobierno cartista de clausurar una cadena de minimercados tras recorrer cinco de ellos y encontrar supuestos productos vencidos y reetiquetados arriesga valores consagrados por la Constitución Nacional del Paraguay. Un país donde las reglas cambian a capricho del gobernante de turno, un escenario donde la ley deja de ser un escudo y se convierte en un garrote, como desde el martes lo están transmitiendo a todo el país, no puede inspirar confianza. Lamentablemente para todos los sectores involucrados, está en juego mucho más que las libertades económicas y la previsibilidad jurídica: están en juego las libertades de prensa y de expresión garantizadas por la Constitución Nacional. La prensa libre existe para vigilar al poder, no para rendirle pleitesía. Y por esa misión –innegociable, irrenunciable y amparada por la Constitución– ABC renueva y redobla su apuesta contra el silencio y a favor de la palabra. No cederemos ni ante presiones políticas ni ante aprietes económicos disfrazados de ley. NO NOS VAMOS A CALLAR.
“Estamos aquí haciendo lo que el presidente Santiago Peña nos pide”. La frase se disparó ayer de boca de Sara Irún Sosa, ministra de la Sedeco, acompañada por Jorge Ilou, de Dinavisa, para anunciar un hecho sin precedentes: el cierre temporal de toda la cadena de minimercados Biggie, donde el grupo Zuccolillo –propietario del grupo ABC– es inversionista. La justificación oficial: en una docena de locales se hallaron supuestamente productos vencidos y reetiquetados. La consecuencia real: unos 263 minimercados cerrados en unas 31 ciudades en todo el país, más de 5.300 empleados con su sustento amenazado, y una importante red de proveedores y distribuidores en peligro. Pero que llegue hoy, como ayer y como siempre, un mensaje alto, claro, fuerte y firme: EN ABC COLOR, NO NOS VAMOS A CALLAR
La inauguración de los Juegos Panamericanos Junior fue, sin dudas, uno de los eventos deportivos más esperados en Paraguay. Con más de 4.000 atletas y el Defensores del Chaco repleto, un ambiente espléndido con un público mayoritariamente joven, algarabía general, un espectáculo de alto nivel y un despliegue tecnológico impresionante gracias al trabajo de miles de compatriotas. En su discurso inaugural, el titular de la Secretaría Nacional de Deportes, César “Tigre” Ramírez, mencionó al presidente Santiago Peña y otras autoridades nacionales, pero en vez de aplausos, desde las gradas llovieron estruendosos abucheos y silbidos. Esta demostración del repudio, del hartazgo y el descontento ciudadano fue la vuelta a la realidad, que necesitaba el Presidente para entender que no puede desprenderse, como cabeza de una nación, de las calamitosas actuaciones de sus correligionarios al mando del Congreso Nacional, Binacionales y principales instituciones de la República.
El cartismo se ha caracterizado no solo por promover proyectos de leyes que parecen van a contramano de los derechos que benefician a la ciudadanía, sino que también por apañar a las piezas más cuestionadas de la política. Esta actitud, que encuentra complicidad en una Justicia indiferente, sumisa y dependiente del poder político, deja en completa indefensión al pueblo paraguayo, que así, en vez de tener a sus representantes en el poder, da la impresión de que tiene a sus verdugos. Ese sector no se inmuta ante los escándalos de presunta corrupción que toman estado público, como en el caso de la senadora Noelia Cabrera (PLRA, cartista), o del intervenido intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista). A este paso, puede pensarse que el cartismo no defiende a personas, sino una filosofía de corrupción.
El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, puso el dedo en la llaga al afirmar que encontró una institución “moralmente destruida”. El interventor vino a confirmar algo que gran parte de la ciudadanía ya sabía o sospechaba. En efecto, la podredumbre moral –causa y efecto de la ruina financiera– ha llegado a extremos insoportables. Ciertamente, no se inició con el patético Óscar “Nenecho” Rodríguez y la complicidad de la gran mayoría de los ediles, pero aparentemente bajo esta administración se ha acentuado en extraordinaria medida, sin limitarse a las altas esferas municipales. Según las denuncias que van saliendo a la luz, la corruptela desaforada se extiende a todos los niveles administrativos, de arriba abajo, convirtiendo a la institución comunal en algo parecido a una cueva de Alí Babá.