Editorial

“Y vos vas a terminar este periodo (...) como la mejor ministra de Obras Públicas de la historia del Paraguay; un legado para las mujeres, un legado para los jóvenes”: palabras recientes del presidente Santiago Peña, mientras se multiplicaban las protestas ciudadanas por el desastroso estado de la red vial, que ya ocasionó varias víctimas fatales. El mismo día del desatinado elogio a Claudia Centurión, pobladores del departamento de San Pedro anunciaron una movilización -concretada ayer- para exigir el mejoramiento de la ruta PY08, poco después de que una conductora y su hijo médico hayan muerto debido a un choque frontal causado por el intento de eludir un hondo bache. En los últimos dos años, esa carretera habría causado la muerte de veintiuna personas, según la reciente denuncia penal presentada por tres senadores, en la que señalan que la cartera a cargo de la ministra “ni siquiera se dignó señalizar los centenares de baches que brotan a diario en la PY08”.

Un preocupante episodio se vivió el martes en la ciudad de Luque, tras el asalto a una joyería por dos motochorros. Lo ocurrido puede ser observado desde dos puntos de vista, siendo uno de ellos la cada vez más audaz y frecuente repetición de estos hechos, como si sus autores no temieran una intervención policial, y por el otro lado, hay una reacción cada vez más violenta por parte de las víctimas o de testigos, al parecer también ante la creencia de que no van a recibir ayuda oportuna de las autoridades. En ambos casos, la situación es inquietante. El Estado debe esforzarse por ejercer el monopolio de la fuerza legítima, sin que su inacción deba inducir a nadie a hacer justicia por mano propia. Tras el asalto a la joyería luqueña, uno de los autores que se fugaban en moto fue derribado por un vecino de una pedrada y luego agredido por él y por otra persona, mientras yacía en el pavimento. En otro episodio reciente, un “delivery” persiguió y mató a un asaltante. La exasperación causada por la criminalidad no debe conducir a que los buenos vulneren la ley, en defensa propia o ajena.

Tras verse forzado a renunciar al cargo de intendente de Asunción, debido al demoledor informe final de agosto de 2025, en el que el interventor de la Municipalidad, Carlos Pereira, censuró “terribles prácticas ilegales”, el impresentable Óscar “Nenecho” Rodríguez anunció que aspira ahora a seguir haciendo de las suyas como concejal. Está acusado, junto con 21 exsubordinados, por los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal, pues un equipo fiscal constató “groseras sobrefacturaciones” en compras realizadas durante la pandemia. Algunos de los acusados admitieron su responsabilidad y accedieron a devolver las sumas que se les reclaman. Se trata de solo una de las ocho causas penales abiertas en torno a la desastrosa gestión del exintendente. Según dijo Nenecho, tiene el apoyo de seccionales coloradas capitalinas y de “varios sectores” en su pretensión de “reivindicarse”. También varios ediles que se confabularon con él en perjuicio de los vecinos de Asunción pretenden seguir representándolos, probablemente de la peor manera.

En una entrevista brindada la semana pasada por el presidente de la República, Santiago Peña, no tuvo otra idea que burlarse de las reglas básicas de la economía financiera, y decir que la mejor forma para que a los paraguayos les sobre “plata en el bolsillo” es cambiar a sus hijos de un colegio privado a uno público. “Si hay más niños que anteriormente sus padres pagaban una cuota para mandarle a un colegio privado y hoy sus padres deciden ir a un colegio público, quiere decir que esa gente va a tener más plata en sus bolsillos”, sostuvo, con la convicción de que había dado la mejor lección de administración de su vida. Estas declaraciones, que solo muestran el “mundo paralelo” en el que quiere hacer creer el presidente que viven los paraguayos, desató toda serie de memes y burlas, pero más allá de lo jocoso que pueda resultar, no deja de ser preocupante la desconexión de la realidad que mantiene constantemente aquel que juró que todos, y no solo un grupo selecto, iban a “estar mejor” en su gobierno.

La Asesoría de Comunicación Social de Itaipú Binacional, margen derecha, publicó el pasado 2 de enero un reporte de prensa sobre la ejecución en Paraguay de los polémicos “gastos socioambientales” de la entidad en 2025. Hay muy poca información oficial sobre estos gastos, que se manejan de manera discrecional, no pasan por el Presupuesto General de la Nación, no cumplen las normas nacionales de contrataciones públicas y no están fiscalizados por las instituciones de la República. El reporte asegura que se han hecho “inversiones estratégicas” para el país, pero hay un problema: los números que proporciona no cierran por ningún lado. La entidad y el Gobierno deben brindar detalles pormenorizados que permitan a los ciudadanos hacer comparaciones y determinar cómo realmente se está usando el dinero proveniente de un recurso que es de todos los paraguayos y que está incluido cada mes en sus respectivas facturas de luz.