Varios gremios de trabajadores, entre ellos la Corriente Sindical Clasista (CSC), exigen al presidente de la República, Santiago Peña, que vete la ley de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) por ser inconstitucional y atentar contra los derechos de los trabajadores.
En la audiencia pública llevada a cabo en el Congreso sobre el proyecto de ley sobre la Superintendencia de Jubilaciones, el sindicalista Eduardo Ojeda trató de “corrupto” y “bandido” al senador liberal Dionisio Amarilla. Además, lo acusó de haber “negociado” con el presidente Santiago Peña la aprobación de dicha iniciativa legislativa.
La Corriente Sindical Clasista protesta esta mañana por la pérdida de puestos de trabajo y acusa a Mario Abdo Benítez por la corrupción y el saqueo, según dijo Eduardo Ojeda, coordinador de esta movilización. Ubicados frente al Ministerio del Trabajo, piden audiencia con la ministra Carla Bacigalupo y en tanto sean recibidos cierran de modo intermitente las calles Paraguarí y Herrera.
La Corriente Sindical Clasista (CSC) insiste con movilizaciones en la exigencia de que los trabajadores afectados por la suspensión laboral debido a la pandemia de COVID-19 perciban a través del IPS -al menos- un aguinaldo equivalente al salario mínimo vigente. Indicaron que entre esta institución y el Ministerio de Hacienda “se pasan la pelota” para no resolver lo planteado.