6 de mayo de 2026
Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP)
Niñas del EPP: pedido de desestimación es una “pelota tatá” para jueces
El pedido de desestimación de la denuncia contra militares de la FTC por la muerte de dos niñas del grupo del EPP, hecho por el fiscal Giovanni Grisetti, ya recorrió por tres juzgados sin que se resuelva, en menos de un año. El enfrentamiento entre las fuerzas del orden y el grupo criminal ocurrió el 2 de septiembre de 2020, en Yby Yaú, departamento de Concepción.
Decreto de Peña es una medida reactiva, improvisada y desesperada, afirma senador
El senador opositor Rafael Filizzola (PDP) acusó al cartismo y al gobierno de Santiago Peña de fracasar en la lucha contra el grupo criminal (EPP) y otras bandas criminales, al reconocer que la Policía Nacional está sobrepasada. Agregó que con esta decisión se atropellan los límites constitucionales porque se ordena vía decreto el despliegue de militares en todo el país en asuntos de seguridad.
Decreto habilitará a FF.AA. el uso de armamento contra grupos criminales
El Gobierno anunció que un decreto habilitará a las FF.AA. mayor capacidad operativa en zonas bajo amenaza de grupos criminales y aumentará efectivos en el CODI. Según el documento, los militares usarán la fuerza cuándo los criminales posean armamento de guerra, tengan entrenamiento pseudomilitar o quieran quebrantar el Estado.
Por pedido de la familia, el CODI se retira de zona del secuestro de Almir
El Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) se retiró hoy de la zona donde se desarrolla el secuestro del productor sojero Almir De Brum Da Silva, en el límite entre Canindeyú y Caaguazú. El repliegue de los policías y militares se hizo por expreso pedido de la familia del cautivo, que sigue esperando las instrucciones de los terroristas del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Codehupy tilda de irresponsables acusaciones de Riera y le exige pruebas
El ministro del Interior, Enrique Riera, aseguró que organizaciones sociales como la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), entre otras, presionan a jueces y fiscales en razón de la criminalización de la lucha social. Desde la organización exigen pruebas que sostengan sus acusaciones, que tildaron de “irresponsables”.