Desde que Emiliano Rolón Fernández asumió como fiscal general, nos tiene acostumbrados a una completa inacción en casos de alta relevancia para la democracia y para la sociedad a la cual debe representar según la Constitución Nacional. Entre sus afirmaciones más “descollantes”, ha dicho que “ni Mandrake el mago” puede resolver el caso del fiscal Marcelo Pecci, por lo que sería ilusorio pensar que él o sus fiscales pudieran luchar contra la mafia del crimen organizado o determinar la autoría moral de dicho asesinato. Posterior a ello, grandes casos de presunta corrupción han saltado a la luz mediante el trabajo investigativo de la prensa, como los chats filtrados del celular del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gómes, restando importancia a dichos mensajes que evidenciaban una supuesta conexión entre poderosos políticos de altos cargos y sonados casos de presunto tráfico de influencias, corrupción y narcotráfico.
Carlos César Trapani, uno de los representantes legales del exmandatario Mario Abdo Benítez, cuestionó la legitimidad de los fiscales designados en el caso de filtración de secretos, quienes presentaron la acusación a “última hora”. Sostuvo que la falta de garantías procesales podría llevar el caso a instancias internacionales.
El abogado Manuel Riera analizó las implicancias jurídicas de la recusación contra el fiscal general Emiliano Rolón y los fiscales designados en la causa contra Mario Abdo Benítez. Advirtió que la decisión de la Corte Suprema de Justicia podría sentar un precedente en la estructura del Ministerio Público.
El Dr. Carlos César Trapani, abogado del expresidente Mario Abdo Benítez, y el Dr. Jorge Rolón Luna, abogado de los exministros de Abdo, cuestionaron la gran cantidad de escándalos que salpicaron al caso de supuestas filtraciones de información confidencial que denunció Horacio Cartes, y que fueron seguidas por las tibias respuestas por parte del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien solo actuaba en casos “obligatorios”.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, rechazó las críticas sobre un presunto sometimiento de la Fiscalía al cartismo tras la acusación contra exministros y exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez. Aseguró que el Ministerio Público actúa con independencia y que no tienen comunicación con ninguno de los actores políticos. Cabe recordar la polémica que surgió en torno a los supuestos chats entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, justamente en el marco de la denuncia contra Mario Abdo Benítez y exfuncionarios de Seprelad.
La diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) calificó la acusación “fabricada” contra el expresidente Mario Abdo Benítez, el diputado colorado disidente Mauricio Espínola y otros exfuncionarios de su gobierno como una causa montada por la Fiscalía General del Estado -a cargo de Emiliano Rolón- “sometida al crimen organizado” y la mafia. Además, dijo que el Ministerio Público es utilizado como garrote político contra los adversarios del cartismo.