Facultar a la Policía Nacional a disponer la detención de personas sin orden de autoridad fiscal y/o judicial sería un peligroso retroceso, y un estado de sitio camuflado como imperó durante el stronismo (1954-1989) con sus fatales consecuencias, afirmó el abogado de DD.HH. Rodolfo Aseretto. La propuesta se contrapone a lo establecido en la Constitución Nacional y en tratados internacionales ratificados por nuestro país.