7 de noviembre de 2025

El juez penal de Garantías Humberto Otazú rechazó las chicanas dilatorias planeadas por la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), esposa del imputado diputado cartista Esteban Samaniego y otros dos acusados en la causa.


La aplanadora cartista se negó a eliminar los cobros compulsivos en todo el país a través de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) y remitió al archivo el proyecto de ley presentado por 18 diputados opositores.

El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos declaró inadmisible el recurso de apelación general interpuesto por uno de los acusados en la causa “Esteban Samaniego sobre enriquecimiento ilícito”. Se trata de Guido Ramón Vargas, ex secretario municipal, cuando el actual diputado fungía como intendente de Quyquyhó.

Los diputados cartistas para evitar sea tratado los pedidos de intervenciones de la gestiones; de Tomás Olmedo, intendente de Ñemby y de César Machuca, jefe comunal de Ybyrarobaná, ambos colorados, recurrieron a todo tipo de artimañas y como no consiguieron enviarlos al archivo abandonaron la sala para dejar sin quórum la sesión.

El Tribunal de Apelación Penal, Especializado en Delitos Económicos rechazó la chicana planteada por el ex secretario municipal Ramón Vargas, quien está acusado en el marco de la causa Esteban Samaniego sobre enriquecimiento ilícito. Se investiga una presunta tragada de G. 1.109 millones cuando el ahora parlamentario cartista fungía de intendente de Quyquyhó.

El fiscal Silvio Corbeta pidió al juez Humberto Otazú, la revocatoria de las medidas cautelares impuestas a Enrique Javier Lovera y Guido Ramón Vargas, y requirió que ambos guarden prisión preventiva en el marco de la causa por presunto desvío de fondos en la Municipalidad de Quyquyhó, durante la gestión del actual diputado Esteban Samaniego (ANR-HC), también imputado en el proceso.