Andrés Arrúa Brítez, socio de la empresa BH Services y, Blanca Álvarez, madre del diputado Esteban Samaniego, aparecen como copropietarios de un inmueble ubicado al lado de la mansión donde reside el legislador cartista. Ambos están acusados por el fiscal Silvio Corbeta. El terreno, según Catastro, habría sido comprado en el año 2013, durante la gestión de Samaniego en Quyquyhó, mientras la empresa de Arrúa recibía millonarios pagos.
Los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Silvio Corbeta y Jorge Arce fueron, “re-recusados” por la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), esposa del diputado cartista Esteban Samaniego, quien también está imputado en la causa abierta por la supuesta “tragada” de G. 1.100 millones, entre 2011 y 2017, de los fondos de la municipalidad de dicha ciudad. La recusación es para dilatar el inicio del juicio oral. El Ministerio Público tiene tiempo hasta esta medianoche para presentar requerimiento conclusivo en la causa.
Un intendente liberal y una intendenta cartista no presentaron sus rendiciones de cuentas del uso que le dieron al dinero recibido en concepto del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de los royalites en el segundo cuatrimestre del año, según reportó la Contraloría General de la República (CGR).
La suspensión o no del diputado Raúl Benítez (PEN) está hoy en manos de Honor Colorado (HC) y aliados en la Cámara Baja. El pedido realizado de manera verbal por el polémico diputado Rodrigo Gamarra (ANR-HC) fue incluido en el punto 11 del orden del día de la sesión ordinaria convocada para las 09:00.
La diputada Rocío Vallejo denunció que desde la oposición son víctimas de “violencia” cuando cuestionan al Gobierno. Apuntó a su colega cartista Esteban Samaniego, quien tiene acusaciones de agresión.
El diputado Daniel Centurión (ANR, FR) dijo que insistirá ante el pleno de la Cámara de Diputados en tratar este martes, en sesión extraordinaria, su proyecto de ley que declara la imprescriptibilidad para los casos de corrupción y que eleva las sanciones en 36 tipos penales vinculados a esa clase de hechos.