Ayer se emitió oficialmente el orden del día de la sesión de Diputados convocada para el martes 1 de abril, y se volvió a omitir el tratamiento de los cuatro pedidos de desafuero pendientes, incluso el que mediáticamente volvió a tomar relevancia, el del colorado disidente Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana).
Más de un año después del primer pedido de desafuero al diputado colorado Esteban Samaniego, investigado en una causa de supuesto desfalco en la municipalidad en que su esposa es intendenta, la Cámara de Diputados sigue sin dar respuesta. La Fiscalía reiteró su pedido de desafuero en dos ocasiones.
Andrés Arrúa Brítez, socio de la empresa BH Services, y quien aparece como copropietario de la residencia del diputado cartista Esteban Samaniego y su esposa Patricia Corvalán (ANR-HC), sigue acaparando las contrataciones directas en la Municipalidad de Quyquyhó. El empresario está vinculado en el esquema criminal que supuestamente desvió G. 1.108 millones de la comuna administrada por la pareja de colorados cartistas, que investiga el fiscal Silvio Corbeta.
Las abogadas María Esther Roa y Carmen Rodríguez, presidente y secretaria de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), presentaron una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC), en donde solicitan el tratamiento y aprobación del desafuero del imputado diputado Esteban Samaniego (ANR- HC), sobre quién pesa cinco pedidos de desafuero y dos urgimientos.
Un nuevo urgimiento del pedido de desafuero ingresó a la Cámara de Baja relacionada al imputado diputado Esteban Samaniego (ANR-HC), en una causa que data del 2019 tras la agresión que sufrió una encargada de ingreso del Estadio Defensores del Chaco de parte del parlamentario. El diputado cartista tiene cinco pedidos de desafuero, pero sigue protegido por sus colegas cartistas y aliados.
La justicia prohibió innovar y contratar en relación a la lujosa vivienda que el diputado Esteban Samaniego y su esposa, la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán poseen en Asunción. Esto en el marco de la causa judicial por una presunta tragada de G. 1.108 millones que es investigado por el fiscal Silvio Corbeta.