13 de marzo de 2026

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), encabezado por Jorge Brítez, resolvió en diciembre de 2024 dejar de exigir la “rentabilidad económica” a patronales “evasoras”, según un documento al que tuvo acceso ABC. Con esta decisión, se despojó al fondo de jubilaciones de recursos económicos clave, premiando de forma directa a los empleadores que no declararon a sus trabajadores por años.
Ante el calamitoso estado de Asunción, al jefe de Gabinete municipal, Nelson Mora, no se le ocurrió nada mejor que echar la culpa a sus pobladores ante una omisión específica: “Lastimosamente, no tenemos ayuda de la ciudadanía...”. De sus insolentes palabras se desprende que el único drama que sufren los vecinos consiste en que los residuos sólidos no son recogidos porque ellos son incapaces de tener una idea clara de las cosas, como sí la tendrían las autoridades municipales, aunque cobren la tasa respectiva sin que el servicio sea prestado. Por su parte, las víctimas del desgobierno les instan a entender que si la capital es inhóspita, se debería más bien a la malversación, al prebendarismo, al derroche y a la ineptitud flagrantes, que distinguen a la administración municipal vergonzosa.

La “desaparecida” Hupi Constructora SA soporta otra denuncia ante el Ministerio Público. Esta es por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, evasión de aportes de la seguridad social y estafa, según el escrito presentado a finales de noviembre pasado. Mediante un comunicado, viralizado anoche por redes, la firma habló de “ajustes” en su estructura empresarial.
La evasión de los aportes obligatorios al Instituto de Previsión Social es del 63%, solamente en lo referente a la inscripción de trabajadores en comparación con los registrados en el Ministerio de Trabajo, según reveló Carlos Pereira, representante de esa cartera en el Consejo de Administración. Esto sin considerar la enorme elusión por la vía de la generalizada práctica de la subdeclaración, además de la superpoblación de funcionarios, los elevados costos administrativos, la mala gestión y la corrupción. Hay que empezar por maximizar las recaudaciones que ya hoy están previstas en la ley y eliminar las principales y más injustas distorsiones. De lo contrario, el IPS va a quebrar irremediablemente.

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) intervinieron los aeropuertos internacionales Silvio Pettirossi de Luque y Guaraní de Ciudad del Este, además de las oficinas de la Dinac y Aduanas y las instalaciones de una importadora, al detectar un posible esquema de fraude al fisco con el cambio de mercaderías y guías de importación aérea.

El viceministro de Tributación, Óscar Orué, confirmó que abrirán fiscalización contra un juez y una fiscala, pues presentan enormes diferencias entre sus declaraciones juradas de bienes y renta y lo que declararon ante Tributación. El viceministro comentó que podrían pagar una multa de hasta 300% el monto evadido, además de, por supuesto, reembolsar el impuesto que se dejó de pagar.