6 de septiembre de 2025
Casi por unanimidad, el Senado ayer rechazó y devolvió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que planteaba crear un “marco regulatorio” general para exonerar del pago de peajes a los habitantes locales. El proyectista es el diputado Hugo Meza (ANR, B cartista).
El caso de los 30 funcionarios de la ANDE que habrían rectificado sus facturas para ajustar sus facturas de consumo de electricidad para beneficiarse con las exoneraciones de la Ley 6524/20, el gerente comercial de la estatal, Rodys Rolón, dijo que está en manos de la Asesoría Legal y que las faltas administrativas prescriben en 12 meses, que se cumple en diciembre próximo.
Los funcionarios de la ANDE que habrían maniobrado para rectificar sus facturas de consumo de electricidad con el fin de beneficiarse con las exoneraciones establecidas en la Ley 6524/20, explicaron sus motivos para hacerlo. Alegan faltas de lecturas y “una serie de irregularidades”. Lo concreto es que el informe de la Oficina de Auditoría Operativa de la empresa estatal, realizada a finales del 2020, demuestra que en la refacturación, los empleados bajaron sus consumos por debajo de 500 kwh/mes, el tope o techo para que sean liberados del pago de sus cuentas.
Más de 30 funcionarios de la ANDE habrían incurrido en maniobras para rectificar sus facturas de energía eléctrica con el fin de ajustar sus consumos y beneficiarse con las exoneraciones establecidas en la Ley 6524/20, de acuerdo con un informe de la Oficina de Auditoría Operativa de la empresa estatal realizada a finales del 2020.
Sobre la publicación de nuestro diario difundida hoy en la que se deja al descubierto que senadores y diputados estuvieron entre exonerados VIP de la ANDE, beneficiados durante la pandemia, la ANDE confirmó que no hubo discriminación de clientes. Emitió un comunicado donde alega que se aplicó “estrictamente lo establecido en la Ley 6524/2020 de Emergencia y sus decretos reglamentarios”.
Las exoneraciones de la ANDE del 2020, que absorbió US$ 96,9 millones de préstamos públicos, se aplicó sin criterio social. Muestra de ello es que benefició al menos a 32 autoridades, entre senadores, diputados, gobernadores, parlasurianos y concejales departamentales, pese a que sus ingresos no fueron afectados por la pandemia.