Fiscalía General del Estado (FGE)

La Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) expresó su solidaridad con los sindicatos del Ministerio Público tras denunciarse actos de intimidación contra dirigentes sindicales. Exigieron el cese inmediato de lo que consideran atropellos a las libertades sindicales y democráticas.

Desde que Emiliano Rolón Fernández asumió como fiscal general, nos tiene acostumbrados a una completa inacción en casos de alta relevancia para la democracia y para la sociedad a la cual debe representar según la Constitución Nacional. Entre sus afirmaciones más “descollantes”, ha dicho que “ni Mandrake el mago” puede resolver el caso del fiscal Marcelo Pecci, por lo que sería ilusorio pensar que él o sus fiscales pudieran luchar contra la mafia del crimen organizado o determinar la autoría moral de dicho asesinato. Posterior a ello, grandes casos de presunta corrupción han saltado a la luz mediante el trabajo investigativo de la prensa, como los chats filtrados del celular del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gómes, restando importancia a dichos mensajes que evidenciaban una supuesta conexión entre poderosos políticos de altos cargos y sonados casos de presunto tráfico de influencias, corrupción y narcotráfico.

Un suspiro de alivio llenó el país cuando Sandra Quiñónez dejó la Fiscalía General del Estado. Fue luego de cinco años de poner las leyes patas arriba para favorecer a los dueños del poder. Creíamos que nunca más vendría alguien como ella. Vino y resultó peor.

La falta de respuesta por parte del Ministerio Público ante una denuncia contra la senadora Norma “Yamy Nal” Aquino hizo que los abogados patrocinadores presentaran un urgimiento para que se designe un fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).

Este martes el diputado por capital Mauricio Espínola (ANR-FR) hizo varias declaraciones relacionadas a la causa “revelación de secretos”, en la que están imputados Mario Abdo Benítez y los miembros del anterior gabinete. Recordó que la fiscala Elva Cáceres tiene intervención en el caso del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, y también en el de Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. Según Espínola, estaba planeado desde un principio poner a Elva Cáceres a cargo de la causa de Abdo y su gabinete, ya que ella está “al servicio” de ciertas causas en las que actuó “a medida”.