24 de mayo de 2025
Con el pedido de nulidad de la acusación inició hoy el juicio oral a la ex fiscala de San Lorenzo Ana Elizabeth Girala López, sus ex funcionarias y tres abogados, sindicados como integrantes de un supuesto esquema de extorsión y coima que funcionaba en la Unidad Fiscal N° 1 de San Lorenzo. Por su parte, el Ministerio Público solicitó incluir como testigos a tres personas procesadas en este caso, por lo que las defensas afirman que no corresponde el pedido.
El Juzgado Penal de Garantías Nº 3 a cargo de Cynthia Lovera, con la venia de la Fiscalía, libraron de otra potencial condena a prisión contra Miguel Ángel Carballo Gómez, mejor conocido como el “Mecánico de oro”, a quien beneficiaron con el “criterio de oportunidad”. El acusado por “cobro indebido de honorarios” evita ir a juicio, pagando la ínfima suma de G. 29 millones, y además, habrían omitido sus antecedentes.
El Ministerio Público estuvo a punto de beneficiar a Miguel Carballo, conocido como el “mecánico de oro”, en la causa que se le sigue por cobro indebido de honorarios en Diputados. La Fiscalía pretendía terminar la causa con el pago de G. 29 millones, mucho menos de lo que habría cobrado y se frenó solo porque la Cámara Baja se opuso.
La Cámara de Senadores cumplió la exigencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y señaló las normas legales que supuestamente infringieron seis fiscales acusados de mal desempeño por no realizar actos investigativos en cuatro causas, entre ellas a Darío Messer, Horacio Cartes, el avión iraní y el informe del Comando Tripartito sobre el homicidio de Schuartzman Parnes.
El fiscal Francisco Cabrera señaló que aguardan la finalización de la ampliación de una pericia contable para la presentación del comiso autónomo de los bienes de Darío Messer. Adelantó que “en las próximas semanas” podría solicitarse dicha diligencia.
El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, puntualizó en el daño causado al Estado por el caso de las supuestas facturas falsas que se están investigando. Resaltó que el perjuicio se centra en las multas y evasión de impuestos que superan los G. 100.000 millones. No dio nombres de las empresas, pero sí admitió que aparecen empresas que trabajan para el Estado paraguayo.