Función Pública

El emperador romano Justiniano I (483-527 d.C), conocido como “El Grande”, había acuñado el término latino “digesto”, que significa “distribuido en forma sistemática”, para referirse a una parte esencial del Corpus Iuris Civilis (Cuerpo del Derecho Civil), que sería la base en la que se fundarían las legislaciones de todos los Estados modernos. Integrado por 50 libros escritos por eminentes juristas marcaría un hito trascendental en el derecho romano, del cual deriva nuestro derecho moderno; incluso sirvió como inspiración para el Código de Napoleón en 1804 que sería la base de nuestro actual Código Civil. Sin embargo, cuando el gobernante no tiene como objetivo buscar el bien común, los inquilinos del poder construyen una sistematización normativa a medida, de manera tal a blindarse jurídicamente en sus objetivos premeditados. Cuando el “Digesto” de normas se construye a medida de una casta selecta de privilegiados, es el pueblo quien paga las consecuencias.

Asociaciones y sindicatos de funcionarios públicos anuncian para mañana movilizaciones y cortes de ruta en todo el país en protesta con algunos artículos del proyecto de ley “De la Función Pública y la carrera del servicio civil” que, según denuncian, vulneraría sus derechos. La norma será tratada mañana, como quinto punto del orden de la día de la sesión ordinaria convocada para las 9:00.

Los senadores aprobarían mañana un proyecto de ley sobre la función pública y la carrera del servicio civil, cuya versión modificada fue presentada por el Poder Ejecutivo el último 16 de septiembre. El mismo excluye de sus normas a los Poderes Judicial y Legislativo, entre otros varios órganos, lo que significa que quienes allí presten servicios como funcionarios o contratados no se ceñirían por la nueva norma y se regirían por regulaciones especiales aún no concebidas. La iniciativa en cuestión deroga explícitamente la Ley N° 1626/00, de la Función Pública, de modo que el Congreso y las demás entidades, cuyas respectivas competencias regulatorias en materia de función pública son reconocidas en el proyecto, deberán reglamentar –a gusto y paladar, se podría decir– la ley que llegue a promulgarse. Tal como se ven las cosas, la tan traída y llevada reforma del Estado es una tomadura de pelo. A este paso, lo que se viene es una “legalización” disimulada, una luz verde para el clientelismo.

El senador colorado cartista Mario Varela enfatizó la importancia de aprobar el proyecto de ley “De la función pública y la carrera del servicio civil” que será tratado en la Cámara Alta este miércoles. Señaló que la actual legislación es prácticamente inaplicable y que urge una modernización para mejorar la eficiencia del Estado.

La senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu (FG) cuestionó la exclusión del Congreso Nacional y del Poder Judicial del proyecto de ley de la función pública y la carrera civil, que se gestó desde el propio Congreso y que será tratado el miércoles en sesión ordinaria del Senado, prevista para las 9:00. Refutó el argumento cartista sobre la independencia de los poderes del Estado y la exclusión de las mismas.