El Presupuesto de 2025 incluye 334.541 puestos permanentes –uno por cada veinte habitantes– para un total de 106 entidades, es decir, unos 15.219 más que el del año pasado, lo que contribuirá a que el gasto público aumente en un 14,2%. A los 11.978 nuevos cargos proyectados por el Poder Ejecutivo, el Congreso agregó 3.241 en las distintas entidades públicas, de lo que se infiere que también los legisladores, en vez de proteger el bolsillo de sus representados, prefieren afectarlo aún más, solo para mantener a un personal público en gran medida superfluo y clientelístico, que no se distingue por su idoneidad, su honestidad ni su eficacia. Por lo demás, como viene ocurriendo desde 2022, los legisladores excluyeron a su personal y al del Poder Judicial de las exigencias de la Ley de la Función Pública –hoy derogada por una nueva– y de la Ley de Racionalización del Gasto Público, de modo que los presupuestívoros bien podrán ser nombrados, promovidos o contratados sin tener que demostrar su aptitud, y hasta siendo pariente cercano de cualquiera de los integrantes de esos Poderes del Estado.
Mientras saltan nuevos escandalosos casos de nepotismo del entorno del poder, verdaderas cachetadas a la ciudadanía trabajadora, el presidente Santiago Peña tiene en la mesa para su promulgación una ley completamente desnaturalizada “de la carrera civil y de la función pública”, sancionada subrepticiamente y sin debate por el Senado en su última sesión antes del receso parlamentario, que deja las manos libres a políticos y a otros ordeñadores compulsivos de las ubres del Estado para continuar con el indignante festín a costa de la gente. Esta ley debía ser la piedra angular de la reforma del Estado. Una nueva ley que hiciera borrón y cuenta nueva era necesaria porque la vigente, que ya tiene 25 años, ha sido tan sistemáticamente perforada. Pero el adefesio que se terminó aprobando hace peor el remedio que la enfermedad. Para esto, nos quedamos con lo que tenemos.
El Congreso remitió ayer al Poder Ejecutivo el polémico proyecto de ley de la Carrera Civil y la Función Pública que fue sancionado a tambor batiente y sin debate por el Senado en su última sesión del año. La normativa permite que sigan los nepobabies y da la potestad al Ministerio de Economía de anular los contratos colectivos.
Viajes a Colombia, Brasil y Uruguay, vehículos de alta gama y fajos de dinero alardea un funcionario de la Dinac a través de sus redes sociales. Se trata de Marcos Eduardo Valdez Ocampos, de 29 años, quien es jefe del Departamento de liquidación de salarios. El empleado público afirmó que todas sus ostentaciones son el resultado de la “venta de gorras”. En sus DD.JJ consignó que la comercialización de quepis le deja ingresos mensuales de G. 15 millones y G. 120 millones al año.
El Senado sancionó y remitió al Poder Ejecutivo el proyecto de ley de la Carrera Civil y la Función Pública. A tambor batiente y sin debate, se aceptaron las bochornosas modificaciones de último minuto, introducidas ayer en la Cámara de Diputados, con el objetivo de evitar que se le corte el “chorro” a asesores, contratados, directores, auxiliares y choferes, con impunidad.
Ni siquiera en su última sesión ordinaria del año, la mayoría cartista en la Cámara de Diputados renunció a sus malos hábitos, y pese a los reclamos de la oposición, aprobó con modificaciones el proyecto de ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil. Lo más bochornoso es que presentaron las modificaciones minutos antes del tratamiento. Ahora, vuelve al Senado y no se descarta que mañana traten a tambor batiente en la última sesión ordinaria. Con los cambios, entre otras cosas, pretenden que no se les corte el “chorro” con asesores y contratados.