En el marco de un proceso de fijación judicial de precio de 25.000 hectáreas expropiadas en San Cosme y Damián (Itapúa), el Indert trató de desentenderse del justo pago previsto en la Constitución, alegando que la deuda prescribió. La sentencia salió en contra de esa pretensión e, incluso, uno de los jueces que entendió el caso tuvo que recordarle al ente que si no paga, sería confiscación.

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El Indert se expone a perder US$ 18 millones por no pagar indemnización