El gasto total obligado constituye el conjunto de compromisos financieros que una entidad pública debe cumplir de manera ineludible dentro de un período determinado. Este concepto es fundamental en la planificación presupuestaria de los gobiernos, ya que refleja el monto total que debe ejecutarse en función de obligaciones previamente adquiridas. En Paraguay y de acuerdo con el informe de Situación Financiera de la Administración Central (SITUFIN), el gasto total obligado está conformado por la remuneración a empleados, uso de bienes y servicios, intereses, donaciones, prestaciones sociales y otros gastos.
A más de G. 64.000 millones (US$ 11,2 millones al cambio vigente) ascienden los pedidos de reprogramación y ampliación presupuestaria para este año que el Ejecutivo puso a consideración del Congreso para su aprobación.
Para el exministro Manuel Ferreira, cualquier intención de plantear una reforma tributaria o suba de impuestos no prosperará, por las condiciones actuales de disconformidad ciudadana y por la falta de consenso político. Dijo que la prioridad debe centrarse en la contención del gasto.
La premisa de que “los recursos del Estado son escasos y las necesidades ilimitadas” ha sido la constante en los últimos años en las finanzas públicas. Para 2019, el nuevo gobierno debe enfrentar esta situación plasmada en el Presupuesto General de la Nación (PGN), proyecto que lo diseñó parcialmente y que debe acompañar durante su tratamiento, principalmente en el Congreso, para luego esperar rechazo o promulgación por parte del Poder Ejecutivo (PE). Lo que se termine decidiendo en los próximos meses en la Ley más importante de Paraguay, definirá el modelo de intervención y administración de las cuentas públicas para 2019.
Los salarios públicos históricamente han sido los de mayor peso dentro del PGN, más aún si el análisis se centra en lo que vienen absorbiendo desde hace años de los ingresos tributarios: entre 70% y más del 80%. El reciente pedido de ajuste salarial y reposición de otros beneficios por parte de distintos gremios que aglutinan a funcionarios de la administración central y descentralizada pone de nuevo en el centro del debate interrogantes como: ¿Es justo? ¿Factible? ¿El Estado aguantaría otro aumento salarial? ¿Qué impacto tendría en las finanzas públicas? ¿Y el respeto a las normas vigentes que buscan la contención?
En la última semana de enero el Ejecutivo nombró a unos 272 funcionarios en diversas instituciones, en medio del debate sobre la necesidad de reformar el Estado, de mejorar la calidad del gasto, de un eventual aumento de impuestos y el destino que se dará a los recursos. También se dieron subas salariales.