3 de noviembre de 2025

A dos meses de finalizar el año, el gobierno continúa modificando el presupuesto vigente de las diferentes instituciones públicas que componen la administración central y de las entidades descentralizadas. En solo dos días de octubre, el Poder Ejecutivo emitió 22 nuevos decretos.

Entre enero y septiembre de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que las transferencias de recursos financieros del sector público (incluida la Deuda Flotante 2024) totalizaron G. 48,9 billones (alrededor de US$ 6.300 millones al tipo de cambio promedio del periodo de referencia), considerando todas las fuentes de financiamiento (Recursos del Tesoro/10, Recursos del Crédito Público/20 y Recursos Institucionales/30). Este monto refleja la magnitud del gasto público destinado a cubrir compromisos salariales, servicios básicos, transferencias y deuda, con una estructura que evidencia la fuerte rigidez del gasto corriente en el Presupuesto General de la Nación (PGN).

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso decidirá mañana sobre los aumentos que fueron solicitados por las diversas instituciones públicas, que rondan los US$ 200 millones, que los incluyan en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026.

El Gasto Público en Educación mide los recursos que cada gobierno destina a su sistema educativo, incluyendo la administración, instituciones públicas y subsidios a estudiantes o entidades privadas. De acuerdo con Datosmacro (Expansión), Paraguay destinó en 2023 alrededor de US$ 1.571 millones a educación, lo que supone un incremento del 2,7% respecto al año anterior. Dicho monto representa el 21,99% del gasto público total y el 3,41% del producto interno bruto (PIB), situando al país en el puesto 101 del ranking mundial por importe absoluto y en el puesto 122 por proporción del PIB.

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso definirá el próximo lunes 27, los lineamientos finales del dictamen sobre el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026. Los aumentos solicitados por las instituciones públicas rondan los US$ 200 millones.