gastos judiciales

Desde que Santiago Peña asumió la Presidencia de la República, el Instituto de Previsión Social utilizó 27 millones de dólares del dinero de los aportantes en “gastos judiciales”, 61% más que la suma de todo lo destinado para ese fin durante los gobiernos de Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez juntos. Los pagos se hicieron al margen de la legislación administrativa e ignorando advertencias expresas del Ministerio de Economía. Las resoluciones contaron con la anuencia/complicidad del Consejo de Administración encabezado por Jorge Brítez e integrado por “representantes” supuestamente encargados de velar por el interés de los asegurados, todos nombrados y sostenidos por el Poder Ejecutivo. El flamante “órgano supervisor”, que en teoría entró en funciones el 1 de enero, brilla por su ausencia.