gastos sociales

Cuando el 7 de junio de 1494 las grandes potencias de la época, Castilla y Portugal, llegaron a un acuerdo para repartirse las zonas de navegación y los territorios del “nuevo mundo”, quedó sellado el destino del Paraguay.

Desde 2004, cuando en Itaipú se creó el fondo para Responsabilidad Socio-Ambiental, hasta este año, los diversos gobiernos pasaron de tener una “caja chica” de US$ 6,8 millones a US$ 650,9 millones, según datos de la binacional.

En 22 años, Itaipú entregó US$ 1.674 millones en concepto de Responsabilidad Social, dijo el director general paraguayo de la binacional, Justo Zacarías Irún, en una conferencia que dictó sobre labor y legado de la entidad en la Universidad Católica de Asunción (UCA), sede Alto Paraná.

En un ataque de “sincericidio”, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, dijo que los llamados gastos sociales no estaban previstos en el Tratado de Itaipú y que “en algún momento la tarifa se politizó”, cuando los países sintieron “el gustito, la dulzura” de contar con esos fondos extra, supuestamente para invertir en políticas públicas, aunque él mismo reconoce que “se puede discutir dónde y cómo se utilizó el dinero”. Para decirlo sin eufemismos, los “gastos sociales”, así como los altos salarios y los jugosos contratos y la tolerancia a la corrupción, han sido lisa y llanamente sobornos del Brasil para asegurarse la parte del león del aprovechamiento del potencial energético del río Paraná en detrimento del Paraguay.

La senadora Yolanda Paredes de Cruzada Nacional (CN) presentó un proyecto de ley que incorpora los gastos sociales de la entidad binacional Itaipú al Presupuesto General de la Nación y asigna una partida presupuestaria. La intención sería evitar el uso discrecional de los fondos.