28 de enero de 2026

La niña de 3 años que murió de hambre en la comunidad Takuaguyogue de Amambay no solo fue víctima del descuido de sus padres, sino también de la desidia de las instituciones del Estado. La pequeña tuvo cuanto menos tres ingresos en algún servicio de salud pública, pero la cartera sanitaria no fue capaz de elaborar una estrategia de monitoreo para asistirla. La muerte de la infante también evidenció la nula acción de la Gobernación de Amambay a favor de los pueblos originarios.

La Contraloría General de la República (CGR), cuyo titular es Camilo Benítez, comunicó a la Fiscalía General del Estado que detectó indicio de hecho punible en la Gobernación de Ambambay. Según los estudios, se habría causado un posible daño patrimonial de G. 201.221.560.

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Funcionarios de la Gobernación de Amambay denunciaron ante la Policía que al llegar encontraron dos ventanas que fueron violentadas y que al aparecer no había faltante alguno pese a la existencia de varios equipos informáticos y equipos de oficina. Encontraron varios cajones abiertos con documentos esparcidos en las oficinas de la Unidad Operativa de Contrataciones y de Auditoría Interna.
