13 de enero de 2026
Según los últimos lineamientos del GAFI, se traza un circuito referencial al momento de conocer aquellas estrategias internacionales que resultan sumamente discutidas, pero, a la vez, reconocidas y admitidas por su nomenclatura jurídica (preventiva/disuasoria), como sucede con la necesaria ponderación del comiso, pues, desde la particularidad de este instituto del derecho penal moderno se puede indicar un debate respecto a aquellos “bienes” que se conectan con algún injusto penal (precedente), y ante dicho efecto, la esencia dogmática establece que dichos “activos” deben pasar al poder del Estado, como una consecuencia jurídica y accesoria.
Como cualquier otro método que se produce dentro del sistema financiero tenemos la precisión del dinero electrónico, que se encuentra vinculado al sentido de un dispositivo móvil, pues en la actualidad el efectivo móvil se ha transformado en el régimen de pago de ciertos servicios, conforme a los comercios que se vinculan a las reconocidas cuentas de prepago.

Resulta loable matizar que el sistema internacional se ha enfocado en los nuevos parámetros financieros, tal como se percibe a partir de lo expresado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) bajo la denominación “Recomendaciones”, y en vista a que en el año (2018) dispuso la “ampliación” de la (Recomendación 15) a los efectos de corresponder a la identificación de los activos virtuales.

El diputado cartista Yamil Esgaib y el abogado -entre otros- del difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, Óscar Tuma, realizaron una “mesa de trabajo” pero totalmente afín (sin críticos) para avanzar con el proyecto de ley “que regula el comiso de bienes en armonía con el artículo 20 de la Constitución Nacional”. Intención es cambiar el paquete de leyes recomendadas por el Grupo de Acción Financiera (Gafi) para no entrar en la lista gris de países fértiles para el lavado de dinero, y que permitió alcanzar el “grado de inversión”.

La Seprelad, a través de su burda respuesta a un pedido de información pública, citó a la DNIT y el BCP como aportantes en su totalidad de dos de los nueve ítems de servicios para el último pleno de Gafilat. Lo llamativo es que en el portal web de Contrataciones Públicas no figuran licitaciones de estas dos entidades públicas, que ahora deberán explicar vínculos con la desprolija organización del ente antilavado.

El secretismo de Seprelad sobre el origen y la trazabilidad de los fondos usados para realizar el quincuagésimo pleno internacional antilavado mancha en forma indirecta a Gafilat, señaló el abogado Ezequiel Santagada. Adelantó que recurrirá a la Justicia para conseguir los datos públicos que Seprelad se empeña en ocultar.