14 de julio de 2025
Por presión de organizaciones de jubilados, la Contraloría General de la República iniciaría una auditoría al Instituto de Previsión Social a partir de agosto, habida cuenta del déficit corriente del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, cuyos nuevos ingresos no alcanzan para cubrir el pago de los haberes jubilatorios, por lo que debe recurrir a recursos que tendrían que ir a sus reservas. Dos grandes preguntas que surgen son por qué tardaron tanto, siendo que este es el sexto año consecutivo de saldo rojo, y qué pasó con la Superintendencia de Pensiones que hizo aprobar este Gobierno en 2023 con la promesa de regular y supervisar el sistema previsional, nada de lo cual ha ocurrido.
Pedro Halley, vocero de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJPY), expresó que quieren modificar el método de reajustes de los haberes jubilatorios. Refieren que el parámetro que se toma en cuenta -que es el Índice de Precios al Consumidor (IPC)- no condice con la vida diaria y los gastos que actualmente tienen los jubilados, por lo que buscan una nueva fórmula.
Un duro golpe para el fondo de jubilaciones podría concretarse, si el Instituto de Previsión Social (IPS) no acciona urgentemente para revertir una sentencia de la Corte que favoreció a 126 marinos para el cobro de haberes por encima del tope. La anterior administración presentó un recurso de nulidad, pero el proceso caducó.
El IPS persiste en reflotar un proyecto de ley para que la jubilación sea en base al promedio de ingreso de los 10 últimos años declarados, desde tres años que rige actualmente. Directivos del ente refieren que es urgente avanzar con dicho plan para reforzar las recaudaciones y garantizar la estabilidad, en un momento que el IPS afronta un déficit en el fondo jubilatorio
César Barreto, exministro de Hacienda, afirmó que el proyecto de ley que plantea la equiparación de los haberes jubilatorios con los salarios de los funcionarios activos “está mal planteado, no tiene sentido” y además tendría un impacto catastrófico en las finanzas públicas, lo que llevaría a aumentar el IVA en 1,5 puntos.
Desde el Ministerio de Hacienda advirtieron que el proyecto de ley que pretende la equiparación de haberes jubilatorios de la Administración Central y del Servicio Civil, tendrá impacto negativo en las finanzas del Estado y atenta contra la sustentabilidad de la Caja Fiscal.