17 de junio de 2025
El titular de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal brindó detalles de cómo se hace el cálculo para el monto a pagar por habilitaciones de vehículos y explicó cómo la ciudadanía puede consultar el monto que debe pagar según la marca, modelo y año de su rodado.
Un diputado colorado cartista presentó un proyecto de ley que plantea derogar la nueva ley que unifica los costos de habilitaciones vehiculares, que calificó como “un error que estamos a tiempo de corregir”. Con la ley, aprobada apresuradamente en el Congreso y promulgada por el presidente Santiago Peña, “el más pudiente va a pagar menos y el humilde va a pagar más”, admitió el diputado.
La asesora jurídica de la Municipalidad de Villeta, uno de los municipios que anunciaron una acción de inconstitucionalidad contra la ley que “iguala” los precios de habilitaciones de vehículos, reiteró sus cuestionamientos a la norma y afirmó que resultará en que muchas personas paguen “cuatro a cinco veces más”.
El diputado Daniel Centurión (ANR-FR) manifestó que se necesita una urgente revisión de la polémica ley que unifica el costo de la habilitación vehicular debido a la queja generalizada del ciudadano. El parlamentario lamentó que se haya desvirtuado el espíritu de la legislación y ahora es una ley netamente recaudadora.
VILLETA. La municipalidad local emitió un comunicado a los contribuyentes en donde aclara que seguirán vigentes los costos de las habilitaciones de patentes de rodados, conforme a la ordenanza tributaria correspondiente a este año 2025. Las autoridades califican de injusta a ley 7.447, “desmedida y desproporcional”. También el intendente municipal de Villa Elisa cuestiona la referida normativa. Ambos municipios anuncian acciones legales para suspender la aplicación de la ley, que fue aprobada sin consultar a los intendentes, alegan.
Varios municipios del departamento Central anunciaron que accionarán contra la nueva ley que regula los precios de las habilitaciones de rodados, la 7.447, por considerarla anticonstitucional. Los jefes comunales alegan que la normativa es inaplicable, especialmente en un contexto de crisis económica, y esperan una respuesta favorable de parte de la Corte Suprema. Ñemby fue el primer municipio que tomó la decisión de accionar contra la ley.