Desde la Asociación de Municipalidades de Alto Paraná (Amualpa) afirman que la ley que “estandariza” el precio de la habilitación vehicular es inconstitucional. Los intendentes convocarán a asamblea general y no descartan presentar acciones judiciales.
El director de la Agencia Nacional de Tránsito, Félix Jiménez, afirmó que desde la institución solamente “recomiendan” a municipios el cumplimiento de la nueva Ley 7.447, que sube los precios de las habilitaciones vehiculares. No obstante, harán controles y reportarán incumplimientos ante la Contraloría General de la República. Además, recordó que ajustan protocolos para las fotomultas y un “sistema de puntos” que implicará la pérdida de la licencia de conducir para los que cometan reiteradas infracciones.
La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial emitió un comunicado dirigido a todas las municipalidades del país - salvo Asunción- en el que advirtió que la nueva ley Nº 7447/2025 se debe cumplir y los municipios que no la cumplan, serán reportados ante la Contraloría General de la República.
El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), confirmó que su administración planteará la actualización de la ley que rige el cobro de la habilitación vehicular en la capital. El objetivo es, aseguró, lograr la igualdad de condiciones con otros municipios y evitar más fuga de contribuyentes. La propuesta será planteada ante el Senado por su esposa, la senadora Lizarella Valiente (ANR-HC), confirmó.
Tras la entrada en vigencia de la Ley 7447/25, que unifica el precio del impuesto de Patente de Rodados, desde la Municipalidad de Lambaré, el intendente Rosa “Guido” González (ANR-cartista), adelantó que pretenden adecuar su ordenanza tributaria, pero que pedirán ajustes a la norma en algunos puntos que consideran injustos.
Tras la aprobación de la Junta Municipal de Ñemby, el intendente local, Tomás Olmedo, confirmó que iniciará una acción legal en contra de la nueva Ley N° 7.447/25, que regula las tarifas para la expedición de habilitaciones de rodados. Señaló que esa normativa va a ser un perjuicio para su comuna y que cada municipio es autónomo, por lo que debe decidir lo que es mejor para sus pobladores.