Humberto Otazu

La intendenta de Quyquyhó Patricia Corvalán y su esposo, el diputado Esteban Samaniego, ambos colorados cartistas.

Intendenta ya tiene fecha de audiencia preliminar, pero diputado sigue eludiendo a la Justicia

El juez Penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, aceptó la acusación contra la intendenta Patricia Corvalán (ANR-HC) y otras 13 personas por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito en el marco de la investigación por la supuesta “tragada” de G. 1.100 millones, entre 2011 y 2017, de los fondos de la Municipalidad de Quyquyhó. Sin embargo, en esta causa el diputado Esteban Samaniego (ANR-HC) sigue eludiendo a la Justicia debido al corporativismo de sus colegas de la Cámara Baja que “ningunea” los cinco pedidos de desafuero.

$El MOPC procedió desde el miércoles a la demolición de las paradas del fracasado metrobús, cuyas obras costaron U$S 30 millones.$

Metrobús: Preliminar para Jiménez Gaona será recién en 2025

Carlos Arregui, miembro del directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Arregui aclaró que apelarán desestimación de la denuncia contra Aldo Cantero y Giovanni Grisetti

Edgardo Darío Kueider (de remera negra), senador argentino procesado por supuesta tentativa de contrabando.

Senador argentino y su secretaria cumplirán arresto en Asunción

El juez Humberto Otazú explica los argumentos de la resolución tomada, consistente en la prisión preventiva.

Juez se opone a que desvío de G. 1.6 billones en IPS quede en el “opareí”

Vista aérea del Hospital Central del IPS.

Fiscalía insiste en “archivar” denuncia por millonario desfalco en IPS

Fachada del Hospital Central del Instituto de Previsión Social.

Juez devuelve a fiscalía pedido para “archivar” denuncia por presunto desfalco en IPS

Ante sospechas de hechos punibles el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú devolvió al Ministerio Público el pedido de desestimación de la denuncia por el supuesto perjuicio patrimonial de G. 1.630.414.082.023 al Instituto de Previsión Social (IPS). Ahora los fiscales del caso tienen 10 días para resolver si ratifican o modifican la petición.

Tres “nepos” consiguen su desestimación

El juez Humberto Otazú aceptó la desestimación de la denuncia por supuesto cobro indebido de honorarios en contra de la “nepobabie” Liliana Raquel Busto Fretes, hijastra del cuestionado diputado Domingo “Mino” Adorno (ANR-HC), también la de Silvia Noemí Vega, esposa del diputado Benjamín Cantero (ANR-HC), más conocido como “nepoloro”, y la de Neyde Amarilla, hermana del senador Líder Amarilla (PLRA).

Con una lapicera como esta, de la marca Mont Blanc, valuada en más de G. 6 millones, el narcotraficante brasileño Sergio de Arruda Quintiliano, alias Minotauro, habría compensado a dos fiscales paraguayos por la ayuda recibida en sus casos.

Caso Minotauro: Por segunda vez, posponen audiencia preliminar para exfiscales

La audiencia preliminar en la que se tenía que resolver si los exfiscales Hugo Volpe y Armando Cantero van o no afrontar juicio oral y público por supuestamente haber recibido regalos del narcotraficante brasileño Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, prevista para hoy, se pospuso por tiempo indefinido. Fue a pedido del fiscal Diego Arzamendia.

Diputada cartista es madrina del hijo de juez que lleva causas contra Prieto

El juez Humberto Otazú, quien lleva los procesos abiertos contra el intendente de Ciudad del Este, el opositor Miguel Prieto, por supuesta lesión de confianza y otros delitos, admitió que una de las principales críticas del jefe comunal, la diputada cartista Rocío Abed, es madrina de su hijo y tiene una larga relación de amistad con su esposa. Sin embargo, afirmó que ya se planteó su recusación y un tribunal de apelaciones lo confirmó en el caso, y negó que su imparcialidad esté comprometida.

PGR pide que caso de contrabando por US$ 52 millones no quede en “opareí”

Argumentando indefensión del Estado, en calidad de víctima, la Procuraduría General de la República (PGR) pidió a la Justicia que revoque la sentencia que condenó a siete personas a 2 años con suspensión de la ejecución, por un caso de contrabando de artículos de electrónica por US$ 52 millones. La leve condena fue otorgada a cambio de una donación de G. 400 millones.