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Con la Ley de Emergencia se autorizó al Ejecutivo a que el país tome nuevas deudas por US$ 1.600 millones. Si bien los gremios empresariales apoyan en general la medida, desde varios sectores exigen transparencia en el uso de los recursos y critican que se use una parte importante para el pago de salarios.

El Instituto de Previsión Social (IPS), finalmente, se allanó a una pedido de acceso a información pública y difundió la lista de empresas morosas que no pagan los aportes de sus empleados. A diferencia con la lista anterior, que se filtró de un informe al Congreso, esta nueva nómina no indica los montos adeudados ni el tiempo de mora. En cuanto al total, la cifra de deudores es de casi el doble, totalizando casi 16.000.

En total, más de 8.000 empresas adeudan al Instituto de Previsión Social (IPS) G. 684.341 millones en concepto de pago de aportes por sus empleados. La lista fue difundida tras una orden judicial ante la negativa del IPS de proveer dicha información. En contacto telefónico con Abc Cardinal el director ejecutivo de el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) Ezequiel Santagada responde a nuestras consultas.

El contralor Camilo Benítez estimó que tiene esperanza de que la Cámara de Diputados apruebe al igual que el Senado la derogación del artículo de la Ley N° 6.355 que establecía que las declaraciones juradas (DD.JJ.) de los funcionarios estatales sean de acceso público solo a través de una orden judicial. Sin embargo, fueron los diputados los que el año pasado pusieron más trabas al acceso a la información pública con la mencionada normativa.

Una ONG planteó hoy un amparo para frenar la conformación de la terna de la Corte, en vista a que el Consejo de la Magistratura definió en sesión secreta los puntajes finales para definir a los “mejores calificados” para el cargo de ministro.