2 de marzo de 2026

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó firme la resolución que confirmó el sobreseimiento definitivo del ganadero Hugo Miguel Zelada, único imputado por los incendios forestales que afectaron al cerro Chovoreca en 2024. El propio ministro Víctor Ríos había calificado como una “negligencia exasperante” el actuar de los fiscales. La presentación del pedido de casación fue realizada en forma extemporánea.


La Cámara de Senadores analiza mañana un peligroso proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Procesal Penal y que podría dejar impunes casos emblemáticos como el del exfiscal Marcelo Pecci así como casos de crimen organizado, corrupción pública, violaciones y feminicidios. La comisión de Legislación dictaminó rechazar por unanimidad la normativa.
La Cámara de Diputados trataría hoy un proyecto de ley del diputado Derlis Rodríguez (ANR, cartista) que favorece la impunidad, sobre todo la de los mafiosos y la de los ladrones de fondos públicos, en la medida en que su versión original reduce de cuatro a tres años la duración máxima de un proceso penal de acción pública y fija un tiempo de treinta días, a lo sumo, para que la Fiscalía impute o desestime una denuncia, mientras la norma vigente no establece plazo alguno. Es llamativo que iniciativas como esta aparezcan en el Paraguay, país que con frecuencia figura en los peores lugares en las encuestas internacionales sobre corrupción, cuando lo que se necesita son más bien medidas firmes que favorezcan la investigación y la condena de los delincuentes.

El que fuera destituido como agente fiscal, Alejandro Nissen, se refirió a la posible remoción del cargo del fiscal Luis Said. Apuntó a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a los que señaló de actuar con impunidad e inmunidad cuando toman sus decisiones. Recordó que ganó una demanda internacional contra el Estado ante este caso y que la compensación económica provino de todos los paraguayos, no de los miembros del JEM que lo enjuiciaron.
El proceso penal por la compra innecesaria de medicamentos para pacientes con cáncer que causó un perjuicio de poco más de G. 4.100 millones al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social quedó impune debido a la prescripción de la causa. Los acusados por el millonario daño patrimonial fueron blanqueados gracias a las numerosas chicanas que plantearon sus defensas, además de la desidia de fiscales y jueces.

Tras la reunión de un grupo de parlamentarios con representantes del Gobierno de Estados Unidos, la senadora Kattya González manifestó que lo más preocupante dentro del marco de la desactivación de la corrupción son el esquema carcelario y el sistema judicial.