6 de mayo de 2026

SAN ALBERTO. Wilson Orlando López Almirón (35), alias “Jurúlo”, recuperó una vez más su libertad pese a su presunto historial de 15 detenciones por tortoleadas. La medida generó la indignación de una de sus víctimas, quien recurrió a sus redes sociales para cuestionar la decisión judicial y alertar a la ciudadanía a mantenerse en alerta.


Funcionarios de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero y familiares del exintendente asesinado José Carlos Acevedo realizaron una manifestación frente al monolito del extinto político para exigir justicia a tres años de su asesinato. El acto que se realizó en la explanada del Palacete Municipal. El político fue 4 veces jefe comunal de esta ciudad.

La Cámara de Senadores analiza mañana un peligroso proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Procesal Penal y que podría dejar impunes casos emblemáticos como el del exfiscal Marcelo Pecci así como casos de crimen organizado, corrupción pública, violaciones y feminicidios. La comisión de Legislación dictaminó rechazar por unanimidad la normativa.
La Cámara de Diputados trataría hoy un proyecto de ley del diputado Derlis Rodríguez (ANR, cartista) que favorece la impunidad, sobre todo la de los mafiosos y la de los ladrones de fondos públicos, en la medida en que su versión original reduce de cuatro a tres años la duración máxima de un proceso penal de acción pública y fija un tiempo de treinta días, a lo sumo, para que la Fiscalía impute o desestime una denuncia, mientras la norma vigente no establece plazo alguno. Es llamativo que iniciativas como esta aparezcan en el Paraguay, país que con frecuencia figura en los peores lugares en las encuestas internacionales sobre corrupción, cuando lo que se necesita son más bien medidas firmes que favorezcan la investigación y la condena de los delincuentes.

El que fuera destituido como agente fiscal, Alejandro Nissen, se refirió a la posible remoción del cargo del fiscal Luis Said. Apuntó a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a los que señaló de actuar con impunidad e inmunidad cuando toman sus decisiones. Recordó que ganó una demanda internacional contra el Estado ante este caso y que la compensación económica provino de todos los paraguayos, no de los miembros del JEM que lo enjuiciaron.
El proceso penal por la compra innecesaria de medicamentos para pacientes con cáncer que causó un perjuicio de poco más de G. 4.100 millones al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social quedó impune debido a la prescripción de la causa. Los acusados por el millonario daño patrimonial fueron blanqueados gracias a las numerosas chicanas que plantearon sus defensas, además de la desidia de fiscales y jueces.