27 de marzo de 2026
En el corazón de Luque, donde el sueño de una vivienda propia debería ser el faro de esperanza para miles de familias que sudan por llegar a fin de mes, se levanta hoy, de la mano del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), un edificio que huele a privilegio y a traición: Las Residentas I. Doce departamentos que, en teoría, nacieron para aliviar las desigualdades injustas, pero en la práctica, se convirtieron en el botín de los amigos del poder. El senador Javier “Chaqueñito” Vera (tránsfuga de Cruzada Nacional al oficialismo), con un sueldo que supera los 37 millones de guaraníes, se adjudicó uno de estos inmuebles destinados a familias de ingresos modestos. Junto a él, el secretario privado del ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, Jorge Daniel Coscia, y familiares directos de la senadora Zenaida Delgado, su hermano Venancio y su sobrino Alejandro Guzmán, también recibieron sus respectivas llaves.
La Cámara de Diputados dio media sanción y remitió al Senado el proyecto de ley “que modifica los artículos 6, 136 y 305 de Ley Nº 1286/98, Código Procesal Penal (inviolabilidad de la defensa, la duración máxima del procedimiento y la desestimación)”. Sobre el punto, la diputada patriaqueridista, Rocío Vallejo, exige que la propuesta no se convierta en legislación y recomienda a los fiscales adjuntos a que revisen el avance de las causas de sus agentes, como medida para evitar la mora judicial.

La Cámara de Diputados dio media sanción a un controvertido proyecto de ley que permitiría lograr la “impunidad” de varios procesados con casos muy pesados, según advirtieron varios legisladores. A quienes se mostraban críticos a la iniciativa, los cartistas les patotearon y a los gritos los interrumpieron en sus argumentaciones. El proyecto en cuestión reduce los plazos procesales, facilitando la impunidad mediante “chicanas” o plazos ínfimos. ¿Quiénes podrían ser los favorecidos? Hay nombres y casos conocidos.
La sensación de injusticia en Alto Paraná es palpable y comprensible en medio de las recientes noticias sobre el sobreseimiento definitivo de la exintendenta Sandra McLeod de Zacarías y otros siete procesados, en un caso de desvío de G. 3.700 millones de la Municipalidad de Ciudad del Este. Este evento –como otros similares– diluye la confianza en el sistema judicial y se perpetúa la impunidad.
La garantía de impunidad es la mayor amenaza a la seguridad, a la convivencia pacífica y en libertad de la sociedad. Esa garantía de impunidad envalentona a los bandidos de todos los pelajes. A los matones, a los abusadores, a los corruptos en la función pública, a los piratas que ejercen funciones dentro de los poderes del Estado, en las organizaciones privadas empresariales, educativas, confesionales.