8 de septiembre de 2025
Según se desprende del sentido común y del informe conclusivo del interventor Carlos Pereira, si Óscar “Nenecho” Rodríguez pudo cometer tantas barbaridades en el ejercicio del cargo fue porque presuntamente estuvo confabulado con la gran mayoría de la Junta Municipal. Entre las ilicitudes referidas en el rotundo documento figura que, bajo las presidencias de los colorados cartistas César “Ceres” Escobar y Luis Bello, dicho órgano colegiado aprobó las rendiciones de cuenta de 2023 y de 2024, a sabiendas de que 512.318 millones de guaraníes previstos para obras de infraestructura fueron desviados, mediante el ardid de la “cuenta única”. Hoy se sabe que por lo menos la mitad se usó para el pago de salarios y otros gastos corrientes, incluida la compra de lomito. El informe final dice que el desvío de fondos públicos “hace responsables de tal infidelidad e ilegalidad a los administradores públicos que la realizaron, consintieron o no impidieron”. Puede entenderse así que también incluye a los concejales que lo avalaron.
La sensación de injusticia en Alto Paraná es palpable y comprensible en medio de las recientes noticias sobre el sobreseimiento definitivo de la exintendenta Sandra McLeod de Zacarías y otros siete procesados, en un caso de desvío de G. 3.700 millones de la Municipalidad de Ciudad del Este. Este evento –como otros similares– diluye la confianza en el sistema judicial y se perpetúa la impunidad.
La garantía de impunidad es la mayor amenaza a la seguridad, a la convivencia pacífica y en libertad de la sociedad. Esa garantía de impunidad envalentona a los bandidos de todos los pelajes. A los matones, a los abusadores, a los corruptos en la función pública, a los piratas que ejercen funciones dentro de los poderes del Estado, en las organizaciones privadas empresariales, educativas, confesionales.