21 de febrero de 2026

YAGUARÓN. El agente fiscal de la Unidad Penal N° 2 de este distrito, José Silguero Denis, imputó a la denominada “Reina del Abigeato” y a sus presuntos cómplices por los supuestos hechos punibles de abigeato, reducción y asociación criminal. Asimismo, solicitó a la jueza de garantías de Paraguarí la aplicación de la medida de prisión preventiva.

María Inés Olmedo, directora de la Codeni, dijo que en 2025 se habían encontrado con Tobías Suárez trabajando de noche en la calle, y que tras dialogar con sus padres, estos supuestamente dijeron que no veían nada malo en que el niño trabajara en la vía pública. Hoy es el cuarto día en que Tobías está desaparecido tras haber sido llevado por el raudal en San Lorenzo.
Referentes de Colorado Añetete criticaron la imputación contra Arnoldo Wiens en el caso Metrobús, calificando al Ministerio Público de estar arrodillado al poder de turno. Aseguraron que la ofensiva judicial busca frenar la ventaja electoral del candidato disidente de cara a las presidenciales de 2028.

La fiscal María Angélica Insaurralde presentó imputación contra seis directivos y una abogada de la la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial (Secta Moon), por supuesta frustración de la ejecución individual y favorecimiento de acreedores. Presuntamente habrían intentado enajenar bienes de la institución que estaban embargados, para pagar honorarios a la letrada ahora imputada.

El Ministerio Público formuló imputación contra el médico Miguel Ángel Cavallo, conocido como Dr. Horror, y también pidió su prisión preventiva. Esta vez, por un caso de lesión grave ocasionada a una mujer, tras practicarle una cirugía estética. El mismo, cabe recordar, ya fue condenado a 16 años por causar la muerte de la bailarina Maylen Romero, en plena intervención.

Tres funcionarios de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco) fueron imputados luego de que el Ministerio Público detectara un presunto esquema de desvío de fondos públicos que habría superado los G. 1.100 millones, mediante maniobras realizadas con accesos indebidos a sistemas informáticos y cuentas bancarias institucionales.