imputados

La jueza de Presidente Franco, Carina María Frutos Recalde, decretó hoy la prisión preventiva de los cinco policías de Investigaciones de Alto Paraná imputados por el secuestro de un empresario a quien le habrían obligado a vender varios vehículos para pagar por su liberación. La abogada de la víctima, que habría sido cómplice de los uniformados, sigue prófug. El jefe y subjefe de esa unidad policial fueron destituidos.

El Instituto de Previsión Social (IPS) aplica de manera selectiva su estatuto cuando hace referencia a los funcionarios imputados por la Justicia. Mientras algunos empleados –especialmente no afines al actual Gobierno– reciben suspensión sin goce de sueldo, otros son premiados con altos cargos. Para ejemplo, está el comparativo entre un excomisionado a Seprelad y un exintendente asunceno, ambos con procesos fiscales.

Dos policías, uno antiguo y otro de la camada exprés, fueron encarcelados en la Agrupación Especializada tras ser imputados por el robo y la venta de una motocicleta que supuestamente “encontraron abandonada” frente a la casa de su dueño en Mariano Roque Alonso. Los agentes intentaron encubrir el hecho falsificando un documento en una escribanía que también está bajo investigación.

El fiscal Alcides Giménez explicó cuáles fueron los roles de los funcionarios recientemente imputados por su presunta complicidad en la fuga de ocho internos del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú. Por su parte, el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, rechazó que dicha fuga se deba a la falta de recursos que denunció el exdirector del penal, Julio Careaga, aunque reconoció que se deben proveer más insumos y contratar más personal en la institución.

La Fiscalía imputó esta noche a cinco guardiacárceles que habrían facilitado el escandaloso escape al dejar abiertas las celdas de los reos y despejado la zona por done finalmente salieron. Se requirió para ellos la medida cautelar de prisión preventiva.