4 de diciembre de 2025
En una de las homilías del novenario de la Virgen de Caacupé, monseñor Miguel Fritz se refirió a la lacerante realidad de miseria, injusticia y discriminación que sufren muchos, probablemente la mayoría, de nuestros compatriotas indígenas. Como obispo del Vicariato Apostólico del Pilcomayo, monseñor Fritz conoce esa realidad de primera mano. No obstante, con todo respeto, hay algo en lo que se equivoca. No es cierto que el Estado paraguayo no disponga de suficiente presupuesto para asistir a quienes más lo necesitan. Lo que ocurre es que existe una gigantesca repartija del dinero de los contribuyentes. El censo nacional de 2022 identificó a un total de 140.206 indígenas en el país. No todos están en situación de pobreza extrema, pero, si así fuera, se necesitarían 86 millones de dólares anuales para sacarlos de esa condición. ¿Parece mucho? Solamente tres programas de subsidios públicos para “combate a la pobreza” (Adultos Mayores, Tekoporã y Hambre Cero) se llevaron 870 millones de dólares en 2025 y se están previendo fuertes aumentos en el Presupuesto 2026. ¿Dónde están los resultados?



Los indígenas paraguayos avá guaraní paranaenses denunciarán en la cumbre climática de la ONU (COP30) en Brasil que son un pueblo despojado, hace medio siglo, de sus tierras a raíz de la construcción de la hidroeléctrica de Itaipú, y exigirán la restitución de sus territorios ancestrales y que se reconozcan los “daños históricos”.
El presidente del Indi, Hugo Samaniego, se reunió esta mañana con líderes indígenas en Pozo Colorado, donde acordaron una mesa de trabajo para avanzar en la reapertura de la sede de la entidad en Asunción, en un antiguo local ubicado sobre la calle Don Bosco. Ante el rechazo de los vecinos, quienes ya se pronunciaron en contra de esta mudanza, pidieron ayuda a los indígenas para el diálogo con los mismos, según indicaron desde una organización.

Representantes de las comunidades El Estribo, Makxawáya y Yámekyaha, acompañados por la Coordinadora de Líderes y Lideresas Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh), presentaron esta mañana en el Congreso, un pedido de asignación de US$ 42 millones para la adquisición de tierras en el 2026, que deben ser entregadas a indígenas del departamento de Presidente Hayes.

CAAGUAZÚ. Varias comunidades nativas de esta ciudad viven en un estado de total abandono por parte del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). Aseguran que desde hace siete meses no reciben víveres ni asistencia de ningún tipo. Las familias sobreviven sin fuentes de trabajo y muchas deben dormir en el suelo o sobre camas improvisadas, sin colchones ni abrigo, en medio de una situación que califican como inhumana.

CAAGUAZÚ. Unas 200 familias pertenecientes a 14 comunidades indígenas de la compañía Mbururú continúan sin acceso a agua potable y deben caminar cerca de dos kilómetros para extraer el líquido vital de un arroyo que cruza la zona. Hace seis meses, el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) había perforado un pozo artesiano, pero nunca instaló los equipos necesarios —tanque, motor bomba y red de cañerías— para su funcionamiento y distribución del agua hasta las viviendas.