El abogado Ezequiel Santagada expresó que la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez, intendente de Asunción, no incluyó los contratos de bonos en su respuesta sobre la situación financiera de la Municipalidad. Indicó que esa es información pública y cuestionó las condiciones de endeudamiento que aceptó la comuna.
Con un emotivo discurso, en donde pidió fortalecer la democracia, no perseguir a las organizaciones civiles y alejarse de la oscuridad de la dictadura, Daniel Vargas Tellez recibió la Orden Nacional al Mérito Comuneros, máxima distinción que otorga la Cámara de Diputados. El activista social, quien fue impulsor de la Ley de Acceso a la información pública, pidió a los parlamentarios dejar de ser ideólogos de leyes bárbaras.
Una ciudadanía informada es una condición necesaria para un futuro “sin dejar a nadie atrás”, basado en los principios democráticos y los derechos humanos. Nuestras sociedades no podrán gozar de una verdadera libertad si no cuentan con información adecuada acerca de la “cosa pública” para tomar decisiones -informadas- en todos los ámbitos, sean políticos, económicos, sociales o ambientales. La transparencia y el acceso a la información, en especial la información pública, son, por lo tanto, instrumentos centrales en un Estado de derecho.
El abogado y activista Ezequiel Santagada advirtió al Congreso que la Comisión “Garrote” no puede sesionar en forma secreta y reservada tal como pretenden los cartistas y sus aliados. Indicó que esto viola los artículos N° 28 y 195 de la Constitución Nacional; la ley de acceso a la Información Pública y sentencias de la Corte.
Un juzgado de garantías emitió un amparo que obliga a la Municipalidad de Asunción a proveer los datos solicitados por los vecinos del barrio Las Mercedes locales nocturnos y comerciales que se instalaron en la zona.
El abogado Ezequiel Santagada explicó cómo el oficialismo cartista en la Cámara de Senadores aprovechó tecnicismos en la Constitución Nacional para frenar un proyecto de ley que habría permitido que la ciudadanía tenga una acceso más fácil a información de interés público, incluyendo datos sobre el billetaje electrónico y salarios de funcionarios del Estado, en formatos abiertos y procesables.