infraestructura educativa

En una escuela no muy lejos del río Paraguay, en una de las zonas más pobres de Asunción, una alumna cumplía durante el último intenso frío envuelta en una frazada con el ritual de asistir a clases. Apenas asomaba la nariz y por debajo se la veía tiritar. Tiene frío, y es lógico: el termómetro marcaba menos de 10 °C y  su “aula” no tiene paredes, es solamente un tinglado por donde corre el viento. Lastimosamente, este caso no es una excepción. Imágenes parecidas se suelen ver a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. En esta ocasión es el frío, otro día puede ser la lluvia y muchas veces el sofocante calor. Muy pocas escuelas públicas están en condiciones óptimas para estimular el desarrollo integral de los alumnos.

En 2021, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) contrató a la firma Sendero SA para que mejore y construya aulas en 15 escuelas del interior del país, a un costo de 7.132 millones de guaraníes: el acuerdo vence en junio tras una prórroga, ya fueron abonados 3.159 millones de guaraníes y solo fueron concluidas tres obras, así que los alumnos de cierta etnia chaqueña deben asistir a clases en una sola aula, de material plástico. Ni los procedimientos legales para una correcta selección de la empresa contratista, ni las normas acordadas hicieron que el MEC se esforzara por hacer cumplir a tiempo lo acordado, pese a que un análisis del Banco Mundial, difundido en 2018 por encargo de nuestro Gobierno, ya ubicaba al Paraguay en las peores posiciones latinoamericanas en cuanto a infraestructura escolar: “la mayoría de las instituciones no cumplen con los requisitos mínimos ni de insumos básicos, y eso afecta su capacidad operativa”.

El Ministerio de Educación y Ciencias planteó la estrategia de “Potenciación de la red escolar”, desde una perspectiva educativa, socioeconómica y territorial, pero para ello dice que precisa de más de tres billones de guaraníes.

El informe del Banco Mundial, tras un exhaustivo estudio, revela que existe un elevado déficit en infraestructura escolar en Paraguay. “La mayoría de las instituciones educativas públicas no cumplen con los requerimientos mínimos ni de insumos básicos y eso afecta su capacidad operativa”, refiere el documento.

El Ministerio de Educación se deslinda de los múltiples casos de malversación de recursos de Fonacide que aplican intendentes y gobernadores en detrimento del país.