1 de octubre de 2025
¿No resulta sorprendente que tradiciones tan distintas como el marxismo clásico, el anarquismo de Bakunin y Proudhon, el anarcosindicalismo obrero e incluso el anarco-capitalismo coincidan en un mismo horizonte? A primera vista parecen corrientes irreconciliables, pero todas comparten una misma aspiración: la posibilidad de un mundo sin Estado. Las une la convicción de que llegaría un día en que las instituciones públicas —sobre todo en su carácter coercitivo— dejarían de ser necesarias y que el conflicto humano encontraría una resolución definitiva.
A treinta años de vigencia de la Constitución de 1992 el sistema político paraguayo experimenta una extraña paradoja. Cuenta con la Constitución más democrática de su historia, pero padece el momento más iliberal. Las instituciones se integran siguiendo ciertos rituales, que no alcanzan estándares constitucionales rigurosos y, desde ellas, se ejerce el poder con criterio político sin mayor sustento jurídico negando en muchas ocasiones derechos ciudadanos. Paraguay, lamentablemente, es una democracia iliberal.
Tras los terribles hechos de violación y asesinato de menores indígenas, el Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia decidió elaborar un plan de acción para proteger los derechos de los menores de distintas comunidades nativas. Para el efecto, convoca a 17 instituciones del Estado, de modo a trazar un plan de acción.
El director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, se refirió a las nuevas disposiciones legales que permitirían ahorrar US$ 600 millones de dólares en compras públicas, mediante un nuevo decreto, el Nº 2992/19 que ya está refrendado y que estará operativo a partir del 1 de enero de 2020.