10 de septiembre de 2025
El expresidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Ignacio Luis Ortigoza Samudio afrontará juicio oral en la causa abierta por presunta tentativa de estafa, derivada de la venta frustrada de tierras que corresponden al aeropuerto de Capitán Bado. El ex alto funcionario estuvo prófugo por seis años hasta que fue detenido en julio de este año, en un procedimiento antidrogas en la ciudad de San Lorenzo.
Tras casi 41 años desde la resolución de 1984 del Instituto de Bienestar Rural (IBR), el gobierno realizó la entrega del título a la comunidad indígena Loma, un logro histórico para la comunidad, que ha enfrentado innumerables obstáculos y pese a todo ha perseverado en su lucha por recuperar lo que legítimamente le pertenece.
SAN PEDRO. En la comunidad campesina Kira’y, del distrito de General Francisco Isidoro Resquín, se vive un ambiente tenso debido a un conflicto de tierras, por lo que se requiere urgente intervención del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para evitar situaciones más graves. Un grupo de 47 campesinos denuncian haber sido víctimas de un desalojo ilegal y amenazan con retomar la ocupación. Por otro lado, también existen denuncias en contra de los campesinos por presuntas amenazas. Se ha reportado la existencia de conexión clandestina de energía eléctrica en el lugar.
A raíz de dos bloqueos protagonizados por comunidades indígenas, una vez más las calles de Asunción están colapsadas en el acceso al microcentro capitalino durante la mañana de este lunes. Los manifestantes se movilizan frente al Indi y al Indert
Un grupo de campesinos oriundos de Caazapá se instaló anoche frente a la sede del Indert, en el microcentro de Asunción. Exigen el cumplimiento de la promesa de entrega de terrenos y afirman que el Gobierno evita reunirse con este sector constantemente.
SAN PEDRO. Un inmueble en el distrito de Lima desata un gran conflicto social y jurídico. El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra Indert adjudicó a invasores tierra titulada, y los ocupantes se refugian en el documento oficial. El propietario compró en el 2008, unas 19 hectáreas. En el 2021 el mismo inmueble, fue adjudicado a 5 familias campesinas, según denuncia.