10 de marzo de 2026

El legislador Rubén Rubin cuestiona la contratación de un ejército de personas con cargos de confianza, mientras los asegurados padecen el desabastecimiento de insumos básicos. Dejó en claro que esta situación se da por decisión del presidente Santiago Peña, quien en su momento dio su bendición a Jorge Brítez, titular de la previsional.
Conveniente para el cartismo, el pedido de interpelación al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Magno Brítez y el gerente de Salud del ente, Derlis León no fue incluido por el cartista Raúl Latorre en el orden del día de la sesión ordinaria de mañana de Diputados. Con esto, buscan enfriar escándalos al menos una semana más.
Desde que Santiago Peña asumió la Presidencia de la República, el Instituto de Previsión Social utilizó 27 millones de dólares del dinero de los aportantes en “gastos judiciales”, 61% más que la suma de todo lo destinado para ese fin durante los gobiernos de Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez juntos. Los pagos se hicieron al margen de la legislación administrativa e ignorando advertencias expresas del Ministerio de Economía. Las resoluciones contaron con la anuencia/complicidad del Consejo de Administración encabezado por Jorge Brítez e integrado por “representantes” supuestamente encargados de velar por el interés de los asegurados, todos nombrados y sostenidos por el Poder Ejecutivo. El flamante “órgano supervisor”, que en teoría entró en funciones el 1 de enero, brilla por su ausencia.

El exprocurador Marco Aurelio González intervino en el litigio del IPS contra el Consorcio Hotelero días antes de un acuerdo extrajudicial que aplicó una millonaria quita a la deuda. Esta falta de oposición permitió que su hermano, José González, cobrara G. 412 millones como abogado de la previsional.

El IPS, bajo la gestión de Jorge Brítez, admitió ayer la grave triangulación que hizo al transferir G. 412.500.000 a su exdirector jurídico José “José’i” González bajo el concepto de “honorarios profesionales”. Si bien justificó el desembolso como una supuesta “restitución de dinero privado”, omitió contar que la resolución del Consejo no establecía como un ingreso “exclusivo” del renunciante alto funcionario, sino de todos los abogados litigantes.

El Instituto de Previsión Social (IPS), tras revelarse una orden de pago “en efectivo” para su exdirector jurídico José “José’i” González, publicó un comunicado. Según el IPS, el millonario monto corresponde a honorarios privados que la empresa deudora depositó por error en la cuenta de la institución.